A continuación reproducimos una columna de opinión escrita por Paula Hurtado Edwards y publicada por El Mercurio.

(El Mercurio) «El programa del nuevo Gobierno se hace cargo de tres demandas de los pescadores artesanales: eliminación de la pesca de arrastre; creación de un instituto de desarrollo para la pesca artesanal (símil del Indap agrícola), y extensión de las cinco millas exclusivas para los artesanales hasta el extremo sur del país.

En relación con lo primero, cabe señalar que con la modificación de la ley en 2013, se avanzó bastante en la protección del fondo marino (que es lo que se busca con la eliminación de artes de pesca de mayor impacto medioambiental), particularmente en ecosistemas marinos vulnerables. El programa promete seguir avanzando, pero acertadamente habla de progresividad y de una transición que genere los mínimos impactos en la industria nacional, condiciones mínimas para que la medida sea razonable.

La extensión de las cinco millas, por su parte, es un asunto puramente distributivo (entre artesanales e industriales). En la última modificación de la ley, los artesanales mejoraron su posición relativa, no solo porque las cinco millas se extendieron hasta Chiloé, sino también porque se hicieron otros ajustes, como el nuevo fraccionamiento, que también los favorecieron. Cuesta entender que convenga revisar ahora aisladamente la extensión de las cinco millas, cuando su límite fue establecido por el Congreso hace menos de dos años y en el contexto de una revisión integral del marco normativo del sector.

El Indap pesquero, por último, es una antigua aspiración del sector. Sus méritos como vehículo de desarrollo económico y social, sin embargo, son muy discutibles (generan dependencia, impiden reasignación eficiente de recursos), y la institucionalidad actual ya cuenta con otros instrumentos para ir en su apoyo, no solo de los pescadores artesanales, sino que también de los trabajadores del sector, igualmente afectados por los muy necesarios recortes de cuota.

Recién instalado el gobierno, algunos le están exigiendo que cumpla con sus compromisos con un tono intransigente que preocupa y con pretensiones que van más allá de lo que dice el programa, como que la eliminación de la pesca de arrastre sea en cuatro años, o que se derogue la ley promulgada bajo la administración anterior, cuando el programa solo dice que se realizará una evaluación de la misma. Convendría que el gobierno enfrentase estas demandas con firmeza, aclarando el alcance de sus compromisos y moderando las expectativas de quienes, aquí como en otros sectores, exigen cambios radicales sin miramientos.

La situación de las principales pesquerías es crítica y la prioridad debería seguir siendo -como en el anterior gobierno- su recuperación. Lo confirma el recientemente publicado «Estado de Situación de las Principales Pesquerías 2013″, que presenta un panorama aún más sombrío que el del año anterior. Fortalecer la investigación y la fiscalización, entre otras cosas resguardando la independencia de dichas labores de la función política que le cabe a la Subsecretaría, es tarea ineludible si de propender a la recuperación de los recursos se trata.

Es cierto que el programa habla de fortalecer la pesca artesanal, pero también de resguardar la sustentabilidad de la biomasa y de velar por el desarrollo productivo de los pequeños emprendedores y la industria nacional. Es de esperar que el gobierno lleve a cabo su programa balanceadamente, pues, al final del día, la mejor manera de apoyar a los pescadores, incluyendo a los artesanales, es sentando las bases para que la actividad pueda primero recuperarse y luego desarrollarse sustentable y competitivamente».