Comisión de Pesca de la Cámara debatiendo el proyecto
Comisión de Pesca de la Cámara debatiendo el proyecto

Proyecto que combate la pesca ilegal contempla cárcel para gerentes o administradores

Iniciativa de ley incluye la tipificación de delitos, donde gerentes y administradores de empresas que procesen pesca sin acreditar su origen arriesgan hasta tres años de presidio.

Tras poco más de ocho meses de discusión, la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados despachó el proyecto de ley que “Moderniza y Fortalece el Ejercicio de la Función Pública del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca)” (boletín 10482-21) y que dentro de sus objetivos principales está combatir la pesca ilegal en nuestro país.

Vea >> Comisión de Pesca de la Cámara aprobó proyecto que fortalece al Sernapesca

La pesca ilegal pasó a constituir una de las más cuestionables infracciones al ordenamiento nacional, pues no solo pone en riesgo el futuro de los recursos pesqueros sino que provoca además un gran impacto en aquellas personas que viven y trabajan en torno a la pesca, el procesamiento y la comercialización de los productos del mar al generar un mercado paralelo y que, según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), se ha convertido en el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo tras el tráfico de drogas y armas.

En esa línea, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Raúl Súnico, subrayó que “este es un proyecto muy importante para controlar la pesca ilegal y colocar a Chile a la vanguardia de la lucha contra la pesca ilegal a nivel internacional. Este es un proyecto de ley que permite disminuir las multas a los que extraen los productos, pero aumentar drásticamente las sanciones en aquellos que desarrollan las actividades de procesamiento, distribución y comercialización de la pesca ilegal en donde realmente está el negocio”.

Según antecedentes proporcionados por el Sernapesca, el proyecto tipifica el procesamiento, elaboración, comercialización y almacenamiento que no acrediten origen legal y en el caso de pesquerías sobreexplotadas o colapsadas, como la merluza común, será delito. Teniendo en cuenta esto último, el gerente o administrador de una empresa que procese pesca ilegal arriesga una pena de presidio de 541 días a 3 años más una multa mínima de $13.772.100 y una multa máxima de $22.953.500.

Por el contrario, a pescadores artesanales que sean sorprendidos en tenencia, por ejemplo, de 10 kilos de recurso almeja, actualmente arriesga una multa mínima de $1.377.210 y una máxima de $13.772.100. Con la modificación propuesta, su multa mínima es de $10.145 y la máxima de $202.908.

“Los pescadores que desarrollan la pesca legal pueden estar muy tranquilos. El combate a la pesca ilegal solo favorece a aquellos que desarrollan la actividad de manera normal y reglamentada, pues eso tiende a mejorar los precios y tiende a mejorar la competitividad de los productos pesqueros y además a avanzar más rápido en la recuperación de los recursos en la medida que se inhibe, se prohíbe, se castiga con más fuerza a quienes desarrollan este negocio de transportar, procesar y distribuir pesca ilegal”, aseguró Súnico.

De igual manera, dijo que “hoy (miércoles 10 de agosto) es un día importante para la legislación pesquera nacional. Estamos cambiando el foco. Hasta ahora las sanciones se aplicaban para aquel que pesca y muy pocas sanciones para el que transporta, distribuye, procesa y comercializa el producto de manera ilegal, que es donde está el verdadero negocio”. A lo que detalló: “Cuando uno saca una reineta a $500 pesos en el puerto, lo compra en $8.000 o $9.000 pesos en el mercado y el que se gana el dinero, es quien no ha metido nunca el pie en el agua. En definitiva, lo que estamos haciendo con este proyecto de ley es aumentar drásticamente las sanciones a aquellos actores”.

De acuerdo con la iniciativa que lleva adelante la Subsecretaría de Pesca Acuicultura y Acuicultura (Subpesca) y el Sernapesca, “se entiende por pesca ilegal la actividad pesquera extractiva efectuada por embarcaciones nacionales o extranjeras en aguas bajo la jurisdicción nacional o en alta mar, en contravención a la normativa pesquera nacional vigente o aquella establecida por organismos regionales o internacionales, de las que Chile es parte”.

El proyecto también define como pesca ilegal “el uso de recursos hidrobiológicos contraviniendo la normativa nacional vigente, en las actividades de transformación, elaboración, transporte, almacenamiento y comercialización de recursos hidrobiológicos o productos derivados de estos”.

También contempla el aumento de la dotación de los funcionarios del Sernapesca, establece un incentivo económico para el sector y un incremento de sus facultades de fiscalización.

Legisladores

Tras la aprobación del proyecto en la Comisión de Pesca de la Cámara, el diputado Daniel Núñez (PC) manifestó que lo más significativo “es que se establece claramente la pesca ilegal como un delito y se dota de herramientas para castigar y perseguir a las mafias que están detrás del robo y lucran con el robo en las áreas de manejo”.

Agregó que este es un tema que “hemos tenido muy común, muy recurrente, con muchas denuncias de pescadores artesanales, porque ha ocurrido en los bancos de machas que tiene la caleta de Peñuelas y San Pedro. Nosotros queremos que quienes están detrás de este delito, que quienes se enriquecen con la pesca ilegal, estas verdaderas mafias, reciban el castigo que corresponde y que los pescadores puedan trabajar tranquilos y progresar cuidando sus bancos de macha y sus áreas de manejo”, recalcó el legislador por la Región de Coquimbo.

Machas (Foto Subpesca)

A su vez, la diputada Marcela Hernando (PRSD) destacó que además de establecer nuevas obligaciones para los agentes pesqueros, “el proyecto incorpore figuras infraccionales y delictuales para sancionar conductas relacionadas con el mal procesamiento, elaboración, almacenamiento y comercialización de los recursos pesqueros”.

El proyecto de ley continúa en las próximas semanas su tramitación en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

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