Con 92 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley, presentado por el Ejecutivo, que moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca).

La propuesta legal (boletín 10482), enviada al Senado a segundo trámite, establece el pago de una asignación mensual al personal de planta y contrata de este organismo, para retribuir y fortalecer el cumplimiento adecuado de sus nuevas responsabilidades. Además, se efectúan adecuaciones de personal para mejorar el Sernapesca en materia de inocuidad alimentaria que facilite el comercio exterior y para potenciar el análisis de las prioridades de fiscalización.

También se modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) para fortalecer las facultades del Servicio y, de esta manera, combatir la pesca ilegal; se establecen nuevas obligaciones para los agentes pesqueros que completen la información requerida para realizar el seguimiento de las capturas en los procesos posteriores a la captura (trazabilidad); y se incorporan figuras infraccionales y delictuales específicas que sancionan conductas particularmente graves cometidas principalmente en las etapas de procesamiento, elaboración, almacenamiento y comercialización.

A través de su sitio electrónico, la Cámara de Diputados detalló que la “asignación de fortalecimiento de la función pública por el desempeño de labores de monitoreo, control y vigilancia de la actividad pesquera y de acuicultura estará destinada al personal de planta y a contrata del Sernapesca, y contendrá un componente fijo ($100.000 para el personal de monitoreo, control y vigilancia de la actividad pesquera y de acuicultura y de $50.0000 para el personal de apoyo al monitoreo, control y vigilancia) y otro proporcional, de 10% y 5% respectivamente, en base al sueldo fijo y otras asignaciones”.

De igual manera, se incrementa la dotación máxima de personal de este Servicio en 20 cupos, y se reemplaza el nombre del subdirector de Comercio Exterior por el “de Inocuidad y Certificación”.

Pesca ilegal

Respecto a las modificaciones a la LGPA, se define la pesca ilegal como la “actividad pesquera extractiva efectuada en aguas bajo la jurisdicción nacional o en alta mar, sea utilizando o no embarcaciones nacionales o extranjeras, en contravención a la normativa pesquera nacional vigente o aquella establecida por organismos regionales o internacionales de los cuales Chile es parte. También se considera como pesca ilegal el uso de recursos hidrobiológicos contraviniendo la normativa nacional vigente en las actividades de transformación, elaboración, transporte, almacenamiento y comercialización de recursos hidrobiológicos o productos derivados de estos”.

Asimismo, el texto legal busca mejorar el control de las actividades de pesca y otras relacionadas; establece un sistema de seguimiento (trazabilidad) de los productos pesqueros; obliga a las lanchas transportadoras a llevar bitácora electrónica y a los pontones de descarga a llevar registro de imágenes.

También se plantea la obligación de elaboradores y comercializadores de inscribirse en un registro que llevará el propio Sernapesca. Eso sí, se podrá eximir a algunos por sus bajos niveles de producción o venta, quedando igualmente sujetos a la fiscalización y a la obligación de acreditar origen legal.

Nuevas facultades

La iniciativa amplía la facultad de inspección y registro a muelles y zonas primarias aduaneras. Además, se incorpora la obligación del encargado de los recintos a someterse en estas inspecciones a los protocolos de bioseguridad establecidos por el Sernapesca; se incorpora la facultad para que el Servicio fije un plazo de respuesta ante los requerimientos de información a actores; y se incorpora la facultad de establecer por resolución el rendimiento de los recursos hidrobiológicos para efectos de calcular las multas.

A la vez, se elimina el carácter reservado de la información del posicionador satelital; se establece la facultad de fijar procedimientos y exigir etiquetas y otros elementos para asegurar el seguimiento de las capturas en las etapas posteriores (trazabilidad); y se faculta para delegar labores de control en otros órganos públicos en los casos de no contar con personal en ciertos puntos del territorio.

Nuevas infracciones

Respecto a las nuevas infracciones, el texto incorpora en la definición de pesca ilegal las conductas de post captura; se crea una infracción para elaboradores y comercializadores por no registrarse en el Servicio; se crean infracciones para el procesamiento, elaboración, comercialización y almacenamiento que no acrediten origen legal distinguiendo dos situaciones: pesquería sin cuota y pesquería con cuota. En el caso de la pesquería sobreexplotada o colapsada, esto será un delito (penas corporales además de las multas).

Reacciones

Tras la aprobación de la iniciativa, el diputado Juan Morano (DC) explicó que “logramos establecer que esto era una verdadera asociación ilícita y establecimos que quienes participen en ella tienen la misma responsabilidad legal, y por lo tanto, junto con establecer multas para todos ellos, las aumentamos considerablemente, ya que hoy llegan a un máximo de $30 o $40 millones”.

Detalló que “si hay una pesca ilegal y hay una asociación ilícita que genera un producto con un valor comercial de $1.000 millones, entonces las multas podrán llegar hasta el triple, o sea $3.000 millones”.

En tanto, el diputado Iván Fuentes (Ind) comentó que “estos montos son muy bajos y fáciles de pagar, ya que cuando se está procesando un producto, que fue pescado ilegalmente y que genera 40.000 toneladas de harina de pescado, pagar $40 millones de multa es casi como una pestaña”.

Por su parte, el diputado Iván Flores (DC) dijo creer que como Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos han realizado un “gran trabajo con este proyecto, que lo aprobamos por unanimidad, luego de una gran labor conjunta de legisladores de Gobierno, oposición e independientes, con asesores transversales y de los tribunales”.

Finalmente, el diputado Bernardo Berger (RN) sostuvo que este proyecto es “altamente positivo”, ya que mejora las condiciones de desempeño de los funcionarios del Sernapesca y lo sancionatorio. “Me parece que las disposiciones contenidas velan por el correcto desempeño de la industria de la exportación, y por otro lado logra también intervenir en la pesca ilegal”, concluyó Berger.