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Wellboat salmonicultor (foto de contexto)
Wellboat salmonicultor (foto de contexto)

Mercantes advierten que la industria acuícola podría dejar de recibir insumos y provisiones

La autoridad marítima emitió una resolución con nuevos requisitos para oficiales de puente y de máquinas.

Luego que la Federación de Oficiales de la Marina Mercante (Fesitrasur, Sitranav y el Sindicato de Naviera Ulloa), que representa a más de 200 oficiales en la región de Los Lagos, se declarara en “estado de alerta” ante las nuevas exigencias de capacitación que está imponiendo la autoridad marítima, amparadas en dictámenes de la Organización Marítima Internacional (OMI) y las normas del Tratado de Manila, y que los obliga a capacitarse antes del 30 de junio de este año en cinco cursos de formación, ahora fue el Consejo Sur Austral de Trabajadores Embarcados de la Marina Mercante (Cosatram) la que salió a manifestar su posición.

A través de una declaración pública, la entidad sostuvo que le “merecen dudas la discriminación al instante de exigir normas al personal embarcado y no así al estándar de los buques, como avituallamiento, calidad de los equipos a bordo, hotelería, o simplemente el cumplimiento de las normas laborales”.

A continuación reproducimos íntegramente los argumentos emitidos por la Cosatram:

“Nos manifestamos con motivo de las nuevas exigencias que la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (Directemar) ha impuesto a los oficiales de puente y de máquinas sobre cursos en suma carísimos, además de un largo tiempo sin trabajar embarcados, por tanto sin remuneraciones, para asistir a los Organismos Técnico Profesionales (OTEC) en Valparaíso (región de Valparaíso) principalmente, y cuya improvisación para implementarlos y la falta de información a los trabajadores afectados vulnera gravemente la estabilidad laboral de estos como del comercio marítimo de cabotaje, asimismo de la actividad acuícola que dejaría de recibir los insumos y las provisiones para su normal desarrollo por falta de tripulación suficiente para atender los buques.

En este contexto, la autoridad marítima, una vez más, de forma arbitraria y sin soporte legal, impone una interpretación de las normas OMI, y la enmienda de Manila año 2010, convenios que Chile tardíamente sancionó y sus alcances no deberían afectar, aún, a los oficiales y marineros mientras no se promulgue la ley madre “Código de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar” que regula la carrera en la marina mercante y que duerme por años en el escritorio del ministro y subsecretarios de Defensa Nacional para hacerlo concordante a las exigencias de la Organización Marítima Internacional (OMI) de las Naciones Unidas.

Por otro lado, nos merecen dudas la discriminación al instante de exigir normas al personal embarcado y no así al estándar de los buques, como avituallamiento, calidad de los equipos a bordo, hotelería, o simplemente el cumplimiento de las normas laborales.

Estamos conscientes que el ser humano actual debe incorporarse a una educación permanente, que solo termina con su muerte, para dar viabilidad a las complejas relaciones comerciales, sociales y dominio de las nuevas técnicas, pero exigibles, por igual, a todos los actores del proceso; en este caso, personal embarcado, buques y navieros.

Muchas de las normas que exigirá la autoridad son solo recomendaciones de la OMI, o aplicables en caso que la legislación nacional sea de inferior estándar, y siempre con acuerdo de las partes: navieros, trabajadores, Estado. Por tal motivo, los primeros días de enero de este año nos reunimos con las autoridades de la Directemar tratando estos temas, y finalmente aplicaron un criterio muy ad hoc para los intereses y manejo de poder a los que nos tiene acostumbrados la autoridad marítima.

Tenemos la peregrina esperanza que las autoridades civiles, como congresistas, ministros y Presidenta de la República, tomen cartas en este asunto y se enmiende el mal rumbo a los que nos está conduciendo la autoridad marítima para desgracia de la marina mercante y de Chile”.

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