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Fotografía de archivo.(Fuente: Editec)
Fotografía de archivo.(Fuente: Editec)

Empresarios piden cambios a norma que favorece a pueblos originarios en borde costero

Sector salmonicultor, eléctrico y sanitario, entre otros, han manifestado su preocupación por los negativos efectos de la ley. Los cuestionamientos han escalado al Ministerio del Interior, pero no se ha tenido respuesta.

(DIARIO FINANCIERO) Los privados están en alerta. Si bien han planteado sus reparos a la Ley N° 20.249 que creó el Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (Ecmpo), más conocida como Ley Lafkenche, hoy llaman al gobierno a implementar cambios, pues entre los gremios coinciden en que la norma solo ha servido para frenar proyectos.

Hay tanta inquietud, que la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) han elevado sus cuestionamientos al gobierno central.

“Ya hicimos ver la situación. Todo esto está afectando la inversión porque provoca varios problemas”, afirma el gerente general de la CPC, Fernando Alvear.

Para el nuevo titular de la Sofofa, Bernardo Larraín, este ha sido uno de sus temas prioritarios. En un seminario realizado en Magallanes, el directivo planteó algunos ejemplos de mejoras regulatorias para industrias relevantes para la región como son la acuicultura y la pesca. “¿Cómo mejoramos la aplicación de la Ley Lafkenche?”, lanzó.

La respuesta no es fácil. La ley fue aprobada por el Congreso en 2008, y, con ello, se trasladó el conflicto indígena de la tierra al mar. La norma reconoce espacios reservados de costa para las comunidades indígenas que así lo reclamen y, con ello, cualquier otro proyecto productivo que se pretenda realizar en la misma zona -desde pesca artesanal hasta la construcción de un embarcadero- queda sujeto a procesos de revisión que se pueden prolongar por varios años.

Diversos gremios han presentado sus inquietudes al ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes. Pero incluso han solicitado audiencia con el ministro del Interior, Mario Fernández, pero aún no han tenido respuesta, afirma el presidente de SalmonChile, Felipe Sandoval.

“El problema es crítico, pero no todos se han dado cuenta del problema real. Se necesita una decisión”, señala el directivo que representa a las principales empresas salmonicultoras del país.

Los cambios que se proponen

A juicio del abogado Rodrigo Benítez, del estudio Jara Del Favero, la ley es compleja en su implementación, porque la sola solicitud de los pueblos originarios suspende cualquier tramitación sobre el mismo espacio, sin importar el estado en que se encuentre.

“Como la solicitud no tiene requisitos de admisibilidad ni un límite de superficie, puede prestarse para fines especulativos porque se piden superficies de gran tamaño sin que necesariamente haya antecedentes de usos consuetudinarios”, afirma el jurista.

Más crítico es Mario Galindo, socio de Vergara Galindo Correa Abogados.

“En muy pocos casos esta ley ha sido utilizada para obtener un resultado de afectación para los fines que fue dictada. En general, esta ley ha sido utilizada como un bloqueo a los proyectos”, sostuvo.

“La autoridad nunca ha establecido criterios claros respecto a la implementación de esta ley. Hay más bien una responsabilidad estatal por como está formulada la ley; no es solo responsabilidad de la Conadi”, añadió.

Según Rodrigo Benítez, las modificaciones legales o reglamentarias son difíciles de implementar.

“Acá lo que se requiere es gestión de las autoridades para resolver en breve plazo este tipo de solicitudes y coordinarse mejor. No puede ser que se suspendan a veces por 2 años o más procedimientos administrativos (concesiones marítimas o renovaciones de las mismas) que muchas veces están por concluir. Ello va contra el principio de eficiencia que rige a la administración”, señaló.

Los dardos apuntan a la Conadi. “Acá el problema es que la autoridad (Conadi) no puede demorarse tanto en decir si hay usos consuetudinarios. No tiene sentido que una comunidad pida este uso por una bahía completa o lo que está pasando en Aysén donde piden grandes superficies”, señala un abogado que pide reserva de su nombre.

Pese a todo, desde el sector privado valoran la ley. “Todos tenemos que convivir, pero se debe perfeccionar la normativa”, dijo Felipe Sandoval. “Se debe apurar el proceso”, añadió.

Para los salmonicultores, el problema radica en que se han congelado la entrega de nuevas concesiones para la relocalización. En el caso de las sanitarias y eléctricas, explican conocedores, la norma ha dilatado la construcción de ductos que desembocan en el mar y que cuentan con permisos ambientales.

En paralelo, las empresas deben convivir con la aplicación del Convenio 169 sobre pueblos originarios, que también ha frenado proyectos.

La OIT emitió un informe regional donde planteó las dificultades de implementar el convenio y sus propuestas a ser implementadas por el Estado.

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  • Paolo Giovani Matissine Cabero

    Ustedes creen que somos weones? Que en las comunidades hay personas que no saben de leyes?, las 4 comunidades de puerto aguirre con sus respectivos cabecillas nos oponemos, seguimos sumando en otras localidades y regiones así que no se pasen!

  • Juana Quinan

    que se creen cochino de mierda que van seguir contaminando nuestros mares y nuestra tierra vasta de atropellos no mas tenemos una ley y menos mal que no lo hicieron corruptos vendidos viva nuestro originarios por siempre yo no lo harán mas leso ya sabemos leer y escribir no somos ignorantes y yo vivo en el borde costero por años