Solo durante la última semana, un total de 2,4 toneladas de huiro negro (Lessonia berteorana / Lessonia spicata; ex Lessonia nigrescens) de origen ilegal han sido incautadas en distintos patrullajes que realiza el Sernapesca Región de Antofagasta en conjunto con la Armada de Chile, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), como parte del plan de fiscalización conjunto para controlar la extracción ilegal de este recurso del mar, que es parte de una de las actividades socioeconómicas importantes en el ámbito de la pesca artesanal.

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El director regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), Carlos Herrera, explicó que durante estos procedimientos se ha detectado presencia de recolectores ilegales y cargas de huiro negro “barreteado” (extracción ayudada de un chuzo o barreta), técnica que está prohibida en las costas de la región por el impacto que esta genera en la conservación de la especie.

La autoridad acuícola-pesquera precisó que en uno de estos controles, específicamente en el sector de El Lenguado, fueron incautados 1.035 kilos del recurso que presentaba evidencia de “barreteo”, quedando citado el infractor a tribunales; mientras que en las últimas horas, durante otro patrullaje entre Punta Sur y Horno de Cal (sector Sur de Taltal), el equipo fiscalizador detectó a dos recolectores ilegales con 1.150 kilos de huiro negro semi seco.

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“Los factores más importantes que son objeto de transgresión es el acceso al recurso, es decir personas que realizan la actividad de forma ilegal, que no están inscritas en el registro (pesquero artesanal), sobre todo las plantas que acrediten este recurso, ya que lo que más se denuncia es el ‘blanqueo’ de esta alga, donde extractores ilegales o comercializadoras transgreden usando personas que sí están autorizadas (inscritas en el registro pesquero) pero no realizan esta actividad, y lo otro es la técnica del ‘barreteo’. En eso se centran nuestras fiscalizaciones”, explicó Herrera.

El valor del alga en playa hoy va desde $350 a $400 por kilo y las variaciones en la oferta laboral en la región, particularmente en la minería, han generado un importante aumento de situaciones de ilegalidad en torno a esta tradicional actividad recolectora de familias costeras de la región.