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Wellboat salmonicultor (Foto de contexto)
Wellboat salmonicultor (Foto de contexto)

Manuel Bagnara, Armasur: “Somos partidarios que existan reglas que todos cumplan”

Bagnara aseveró que la participación de Armasur se relaciona con que “está en nuestros estatutos el respaldar toda acción que persiga revelar si existen o no situaciones irregulares y si éstas vulneran la legalidad vigente”.

Recientemente, la presidenta nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, entró de lleno a la disputa que mantienen seis armadores nacionales pertenecientes al gremio Armasur, con la empresa Solvstrans.

Es más, la dirigente laboral consideró como una “avaricia” las acciones realizadas por Armasur para “impedir que otras navieras participen del mercado salmonicultor”, manifestando que “todos tenemos derecho a ser parte de los beneficios de nuestros recursos, y para eso tenemos que llegar al diálogo y no sobreponer los intereses mezquinos corporativos, como los de Armasur, sobre los intereses del país, ya que conductas como estas destinan a Chile al subdesarrollo y afectan directamente la imagen de nuestro país en el extranjero”.

Se puede destacar que las declaraciones emitidas por Figueroa las efectuó en una reunión sostenida entre dirigentes regionales y nacionales de la CUT y los trabajadores de dicha naviera, quienes denunciaron prácticas desleales e intereses de conformar un monopolio en el mercado del transporte de salmónidos vivos, tratando de eliminar del rubro a la empresa por los, según lo manifestado por la dirigente laboral, “altos estándares con los que trabaja, tanto con el personal como con su proceso y tecnología de punta utilizada en sus embarcaciones”.

En respuesta a la presidenta de la CUT salió el gerente general de Armasur, Manuel Bagnara, quién negó que la participación del gremio se relacione con la defensa de prácticas monopólicas. Por el contrario, aseveró que “está en nuestros estatutos el respaldar toda acción que persiga revelar si existen o no situaciones irregulares y si éstas vulneran la legalidad vigente”.

En una reciente visita a Puerto Montt, y a propósito del conflicto de las empresas de wellboat con la operación de Solvtrans en Chile, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, llamó la atención sobre lo que calificó como “prácticas monopólicas de Armasur”, ¿Qué responde Armasur a esa acusación?

No podemos dejar de manifestar nuestra absoluta sorpresa por esa afirmación. Armasur es una entidad gremial y no está a nuestro alcance propiciar ningún tipo de acción monopólica. Hay desconocimiento sobre lo que es un rol gremial al mencionarnos como si fuéramos una empresa. En Armasur no ejercemos actividad económica alguna. Las que sí están insertas en un mercado altamente competitivo, y por cierto compiten entre ellas mismas como corresponde en una economía sana, son las empresas que conviven al interior del gremio.

¿Qué motiva a Armasur a realizar la declaración que se publicó en la prensa manifestando su preocupación por la operación de naves extranjeras en aguas nacionales?

Lo primero que hay que dejar en claro es que la inserción del diario está impulsada por las empresas afectadas: Transportes Patagonia Travelling Services Ltda., La Península S.A., Naviera Orca Chile S.A., CPT Empresas Marítimas S.A., Detroit Chile S.A. y Río Dulce S.A. Ciertamente Armasur está de acuerdo con lo que se expone en dicho comunicado.

Para entender el problema hay que partir aclarando que la Ley Chilena de Navegación establece restricciones de propiedad y de dotaciones al igual como la hacen la gran mayoría de los países desarrollados y líderes en la navegación. Es por eso que el cabotaje queda reservado a naves nacionales y, la propiedad, si se trata de sociedades, debe tener más del 50% de capital accionario nacional, sus directores y gerente deben ser chilenos y el 100% de los trabajadores embarcados deben también ser chilenos. Hay una explicación geopolítica y estratégica del país para adoptar este ordenamiento, lo cual ha sido ratificado en todos los tratados de libre comercio que ha suscrito Chile. Así como no es posible que una naviera de capitales chilenos pueda operar comercialmente en otro país -como por ejemplo Dinamarca, Noruega o Canadá- es ilegal que este tipo de compañías de capitales extranjeros opere en Chile transportando mercancías y realizando cabotaje.

Es a raíz de la violación de esta situación que las seis empresas operadoras de wellboats asociadas a nuestro gremio han realizado acciones administrativas y legales para que se revise por parte de la autoridad la situación de compañías noruegas que llegaron a Chile a prestar servicios de transporte de peces vivos.

Son estas empresas de wellboats, que prestan servicios a la salmonicultura y que a su vez son socias de Armasur, las que hicieron un llamado a la opinión pública frente a la irregularidad que realizan dos empresas navieras noruegas que operan en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, sin respetar los requisitos de nacionalidad chilena que la Ley de Navegación impone para efectos del transporte de carga de cabotaje, así como las restricciones impuestas en sus registros de naves.

La evidencia objetiva que como gremio hemos tenido a la vista es que la autoridad marítima detectó irregularidades y sancionó. Por su parte, la Contraloría General de la República se pronunció indicando que la sanción pecuniaria impuesta no correspondía y lo que si correspondía conforme con la ley vigente era la caducidad del registro nacional. Este no es un tema de opiniones o de acusaciones de persecución. Es un tema de legalidad. Cualquier argumento a favor o en contra debe presentarse ante la autoridad correspondiente, tal como lo están haciendo nuestros asociados.

Entonces, ¿cuál es el rol de Armasur en este conflicto?

Armasur está haciendo lo que le compete como asociación gremial: apoyar a sus asociados, quienes han expuesto el tema públicamente, porque se requiere que todas las empresas estén cumpliendo la legalidad vigente. Es evidente que somos partidarios que existan reglas que todos cumplan y que exista un marco regulatorio claro. Está en nuestros estatutos el respaldar toda acción que persiga revelar si existen o no situaciones irregulares y si éstas vulneran la legalidad vigente. Serán los organismos del Estado los que tendrán que ratificar su pronunciamiento inicial, ya que ellos sí han detectado irregularidades y producto de ello han sancionado. A la fecha existe una sanción de la autoridad marítima y un pronunciamiento de la Contraloría General de la República y puntualmente en el tema legal, cada empresa de asociados está realizando sus acciones y los tribunales ya han acogido una querella presentada. Esta es evidencia objetiva y es ella la que guía nuestro rol.

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