(El Mercurio) Coincidencia en la necesidad de revisar la denominada “Ley Lafkenche” existe entre legisladores y autoridades a raíz de los problemas que genera su aplicación para otros sectores productivos, considerando que el solo ingreso a tramitación de las solicitudes invocando esa normativa anula la posibilidad de que se pueda tramitar otro tipo de concesiones o desarrollar proyectos en dicho espacio.

A ello se agrega la enorme extensión de algunas de esas peticiones de espacios marinos costeros para pueblos originarios, que ya suman unas 70 solicitudes de comunidades indígenas que reclaman derechos ancestrales sobre una superficie de unos 3,3 millones de hectáreas de zonas costeras entre las regiones del Biobío y la de Magallanes y la Antártica Chilena.

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Una ley promulgada en 2008 en la que “tuvimos que compatibilizar nuestra legislación con el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Y para respetar ese tratado tuvimos que adecuar nuestra legislación”, explica el senador Iván Moreira (UDI), quien admite que “con el tiempo se ha transformado en un abuso”. Asegura que “no se trata de tocar los derechos adquiridos, pero hay que regular un poco más esta entrega, que hoy resulta muy fácil”.

El diputado Alejandro Santana (RN) repara en un “fin especulativo”. Y advierte que la aplicación de esta ley amenaza una actividad estratégica, como la acuícola, y “atenta contra la certidumbre, que congela la actividad presente y futura”.

“Cada requerimiento tiene que ir acompañado de un proyecto, de una propuesta fundamentada, con plazos para que se cumpla el objetivo de la concesión. Definir espacios, tamaños y condicionarlos”, añade Santana.

Mientras no se modifique la ley, el senador Rabindranath Quinteros (PS) plantea que se cite a una mesa técnica, donde estén representados todos los sectores “y se aclare que no es llegar y pedir todo el océano Pacífico. El espíritu es otro”. A lo que precisa: “Tienen que probar el uso consuetudinario”.

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El intendente de Los Lagos, Leonardo de la Prida, apunta que parte del problema radica en un desconocimiento de las comunidades, “que creen que el solo inicio de la tramitación constituye un derecho de propiedad, lo que no es así (…) Debiera haber una modificación legislativa. Por ahora se está llegando a buenos acuerdos, pero la gente se inquieta”, sostiene el jefe regional.

En su visita a la zona, la semana pasada, el abanderado de Chile Vamos, Sebastián Piñera, afirmó por su parte que “hay que revisar y perfeccionar esa ley para compatibilizar la protección de sitios ancestrales sin frenar la actividad económica”. A su juicio, “se ha abusado de la ‘Ley Lafkenche’, y esto se evidencia cuando una persona pide una concesión por un millón de hectáreas sin precisar dónde están los sitios ancestrales, con el solo propósito de congelar las demás actividades”.

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