Los pescadores pelágicos de la región del Biobío iniciaron las acciones para resolver problemáticas pendientes de manera previa al inicio de la temporada de captura, con una reunión sostenida este martes 30 de enero con la intendenta (s), Andrea Muñoz. En la instancia, organizada por el Comité de Manejo de Sardina y Anchoveta en la zona, también participaron el secretario regional ministerial (seremi) de Economía, Iván Valenzuela; la directora regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), Lilian Troncoso; el diputado Marcelo Chavez, y el congresista electo Gastón Saavedra.

La situación, a juicio de la Federación de Pescadores Artesanales de la Región del Biobío (Fedepes Biobío), es grave, ya que la veda se termina el próximo 1 de marzo, y hay dos problemas sin resolver, que hasta ahora estarían haciendo inviable la extracción del recurso y la subsistencia de los pescadores.

El primero de esos problemas se relaciona con la operación conjunta, es decir, la captura de sardinas y anchovetas en un mismo momento. Una dinámica pesquera habitual ya que las especies comparten hábitat, pero que hoy día cuenta con imputación y con limitantes en el porcentaje, propiciando un alto descarte de alguna de las especies una vez alcanzada la cuota permitida, y por consiguiente, “matando el recurso”, afirma la Fedepes.

La segunda problemática a resolver en la región del Biobío, añadió la Fedepes, se relaciona con la operación de embarcaciones dentro la primera milla, lo que estaba permitido a través de un artículo transitorio en la ley de pesca que terminó recientemente. En este punto, los pescadores han presentado propuestas a nivel regional para garantizar la sustentabilidad del recurso, entendiendo que se trata de embarcaciones mayores a 12 metros.

Junto con decir que ello restringe la labor de los pelágicos, ya que la sardina habita en aquella zona, y que por esta razón muchos pescadores se encuentran con multas, el presidente de la Fedepes, Rosendo Arroyo, manifestó que la Subpesca “está imponiendo restricciones a los pescadores artesanales, y no lo hace de manera democrática, pues no considera las propuestas del sector. Esta imposición no sirve para cuidar el recurso pesquero”. A lo que añadió: “Una vez que los pescadores notaron que no había solución a estas problemáticas, lo que ocurrió el 25 de enero cuando se llevó a cabo un encuentro a puerta cerrada con los comités de manejo de Sardina y Anchoveta de la macrozona centro y de la zona sur, comprobando allí que la Subpesca mantenía las medidas, a pesar de las propuestas entregadas por los comités de manejo para hacer frente a la temporada. A raíz de esto la molestia fue profunda en el sector artesanal, y hoy son las gestiones que realizará el Gobierno Regional la última esperanza para los pelágicos”, enfatizó Arroyo.

De hecho, la intendenta (s) del Biobío, Andrea Muñoz, se comprometió en el encuentro realizado el martes a comunicarse directamente con el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Pablo Berazaluce Maturana, con el fin de dar solución rápida al problema pesquero. Para ello, los pescadores quedaron en enviar al seremi de Economía los antecedentes respecto a sus necesidades y problemáticas ad portas de la temporada de captura.

“En la reunión con las autoridades no se llegó a ningún acuerdo, y lo cierto es que está en manos de la Subpesca aquella solución, con el tiempo en contra”.

Así lo planteó Pedro Irigoyen, presidente del Sindicado Sarpar Biobío de Talcahuano, asegurando que la autoridad pesquera tiene plena facultad en la resolución: “Lo de la primera milla es fácil. La idea de una cuota entre los pescadores artesanales pelágicos es un acuerdo que existió y se presentó a la Subsecretaría. Sin embargo, no se está presentando de igual forma. En la pesca conjunta, la sardina y anchoveta andan juntas en el mar, por lo que tiras la red y no sabes lo que saldrá. La autoridad trata de adivinar fijando porcentajes, que nunca han sido certeros. Por eso queremos que la pesca conjunta sea suficientemente amplia para que, no pasándonos de la cuota, podamos operar de forma tranquila, y no descartar que es el peor daño que le podemos hacer al recurso”.

“Eso se puede resolver en el programa de descarte en donde se determinaron las medidas de cómo operar y lo único que faltaría es que la autoridad defina un porcentaje mayor de pesca conjunta, de modo de entregar libertad y que las sorpresas que nos encontremos en el mar al tirar la red, queden cubiertas por ese porcentaje”, agregó Irigoyen.

Lo mismo sostuvo Juan Carlos Garrido, dirigente del Sindicato de Pescadores de Coliumo: “La sensación es que es más de lo mismo. La preocupación es que estamos ad portas de iniciar la temporada, incluso Valdivia inicia el 8 de febrero su temporada, y al no haber acuerdo, nos sumaremos a la protesta en la calle. Los tiempos están acotados, el Gobierno termina su periodo, pero deberían ser sinceros respecto a su visión en este tema, sobre todo la imputación conjunta, que generará una gran crisis, ya que nos obligan a hacer un descarte del recurso”, sentenció el dirigente de Coliumo.