Para el viernes 16 de marzo, en dependencias del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), en Santiago (región Metropolitana), se encuentran citados los dirigentes de la Asociación Pesquera de Palangreros de Chile A.G. (Pespal) para exponer su petición de derogar el Parque Marino Nazca-Desventuradas, y de este modo -dicen- salvar las fuentes laborales de unas 100 familias coquimbanas que viven de la captura, procesamiento y comercialización del pez espada (conocido como albacora).

De acuerdo con el gremio, esta actividad productiva se encuentra en peligro de desaparecer debido a la repentina eliminación de sus mejores áreas de pesca, luego que el gobierno actual decidiera crear dicho parque marino en 2016, “sin tomar en cuenta los perjuicios para los pescadores de Coquimbo y otros puertos del país, en su mayoría artesanales. Para peor, próximamente las pérdidas originadas por esta medida legal se verán agravadas con la inminente activación de un segundo parque marino, alrededor del archipiélago de Juan Fernández, el cual fue aprobado por el Comité de Ministros en enero recién pasado. En conjunto, ambos parques marinos representan alrededor del 60% de los caladeros de pesca de la pequeña flota coquimbana dedicada al pez espada, compuesta solamente por tres barcos, los que al verse impedidos de trabajar en esas aguas dejarán de ser económicamente viables. De no cambiar este escenario, los barcos deberán ser dados de baja y las plantas de proceso, cerradas”.

Así comenzó argumentando el presidente de la Pespal, Carlos Espinoza, quien precisó que la solicitud fue ingresada el 18 de enero. En esta se pide la invalidación del Decreto Supremo Nº5, del 14 de marzo de 2016, mediante el cual fue creado el Parque Marino Nazca-Desventuradas, abarcando unos 300 mil kilómetros cuadrados de superficie alrededor de las islas San Félix y San Ambrosio. Este parque fue establecido por iniciativa de organizaciones ambientalistas, pero según los pescadores, sin que se les informara debidamente a ellos y sin contemplar los efectos económicos y sociales para quienes trabajaban ahí.

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“Con el 40% que el Parque Marino Nazca-Desventuradas nos reduce, más un 20% que nos disminuirá el Parque Marino Juan Fernández, estamos llegando a más de un 60% de nuestras zonas de pesca anuales. A todas luces se vuelve inviable nuestra actividad. ¿Qué es lo que nos hace pensar que va a ser acogido el recurso de invalidación? Nuestra propia Constitución Política, que nos asegura el trabajo y la actividad productiva. Es inconstitucional que nos dejen sin poder hacer lo que hemos hecho durante 30 años de la noche a la mañana”, afirmó Espinoza.

Agregó que la política de crear parques marinos de “enormes dimensiones tiene dudosa efectividad” para la protección de especies endémicas. En cambio, al impedir a los pescadores chilenos la captura del pez espada, terminará beneficiando a las flotas extranjeras que pescan a estos peces migratorios más allá de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) nacional. “La más beneficiada es la flota española, que opera en aguas adyacentes a la ZEE”, subrayó.

Por su parte, el director de la Pespal, Jorge Rivera, sostiene que antes de que se estableciera el Parque Marino Nazca-Desventuradas cada uno de los tres barcos basados en Coquimbo pescaba entre 100 y 120 toneladas anuales de pez espada. Actualmente, en cambio, se están capturando entre 50 y 60 toneladas anuales, sin contar con la pérdida adicional que ocasionará el nuevo parque de Juan Fernández. Todo esto -aduce el dirigente- en circunstancias que el pez espada no es una especie amenazada, según certifica el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP).

“Nosotros trabajamos con IFOP, que es una entidad estatal. Ellos dan cuenta que la pesquería está sana, no hay indicio de colapso ni otro tipo de problemática. Esta pesquería es migratoria, pasa por un tiempo en que nosotros podemos capturarla, en los bordes de estos parques. Después sigue su camino y la pescan otras embarcaciones en aguas internacionales”, indica.

Según el dirigente, esta petición es apoyada por organizaciones de pescadores de Lebu (región del Biobío), San Antonio y Valparaíso (en la región de Valparaíso), quienes también se verían afectados.