La Asociación Regional de Armadores de Servicios Marítimos A.G. (Arasemar) envió una declaración a AQUA sobre las protestas de los pescadores de Islas Huichas, en la región de Aysén, relacionadas con la situación que ha generado la marea roja. A continuación la reproducimos íntegramente:

«El presidente de Arasemar, Rodrigo Mandiola, lamenta informar la profunda preocupación de los armadores que damos apoyo a la acuicultura por la situación vivida esta semana en las Islas Huichas. Supuestamente, pescadores de Puerto Aguirre provocaron destrozos en dicha localidad, atacando las dependencias de Carabineros y la Capitanía de Puerto, hiriendo a personal uniformado. Cerraron los accesos por aire y mar. Pero en esta ocasión, además tomaron de rehenes a naves prestadoras de servicios a la acuicultura, varias de socios de Arasemar. Es decir, actuaron con total prescindencia del Estado de Derecho, coartando las libertades esenciales de ciudadanos chilenos, y las autoridades responsables no aplicaron la ley como corresponde, infringiendo la Constitución y su mandato esencial.

El secuestro de las naves comenzó el martes 6 y el paro se depuso el jueves 8, por lo que no alcanzamos a presentar un recurso de protección. Sin embargo, la escalada violentista de grupos organizados no parece tener límites ante la impunidad que los ampara. En ese escenario, con la alta probabilidad que se repitan situaciones de esta naturaleza, usaremos todas las herramientas que nos da la Constitución y las opciones legales futuras exigirán que funcione el imperio de la ley, en el evento que se repitan tales actos constitutivos de delito. La ley requiere de la fuerza para que ella funcione. El país requiere tranquilidad.

La situación fue compleja porque, además de interrumpir la actividad de personas y negocios, hay elementos de responsabilidad política, daños económicos y delitos penales, como son:

A) Responsabilidad política de la intendenta y su gabinete, de no tomar las medidas inmediatas para restituir el orden, poniendo en peligro a ciudadanos que nada tienen que ver con el problema; falta de manejo político para circunscribir el problema a tiempo. Y lo peor, negociar con los barcos de rehenes cuando lo mínimo a exigir es deponer la violencia para empezar a negociar.

B) Responsabilidad de la función de la autoridad marítima de mantener el orden y seguridad a bordo, ante el secuestro del que fueron objeto las naves.

C) Delito de secuestro por parte de grupos asociados ilícitamente para delinquir.

D) ¿Quién paga los daños a la actividad económica de los armadores cuyas naves fueron retenidas, impidiéndoles cumplir sus contratos con los clientes?».