(El Mercurio) “Necesito hablar contigo”, le dijo el pasado martes 13 de marzo el senador Manuel José Ossandón (RN) al ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Gonzalo Blumel, en la sala del Congreso. Al ver que el secretario de Estado no lo escuchó, Ossandón insistió: “Necesito hablar contigo para que no me reten mañana (miércoles)”.

El congresista intentaba prevenir a Blumel de lo que haría hoy: ingresar al Senado un proyecto de ley para modificar la polémica ley de pesca.

El año pasado, cuando Ossandón decidió sumarse a la campaña de segunda vuelta del Presidente Sebastián Piñera, aseguró que el entonces candidato le había prometido que perfeccionaría la denominado “Ley Longueira” -cuya legitimidad el senador cuestionó insistentemente durante su campaña presidencial para las primarias de Chile Vamos- y que avanzaría en gratuidad.

De hecho, el mes pasado su estrecho asesor Samuel Valenzuela gestionó reuniones con el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme (RN), para avanzar en cambios a la ley. “Primera reunión con el futuro subsecretario de Pesca. Fue una promesa mía la modificación de la ley de pesca y en eso ya estamos trabajando”, escribió el senador el 28 de febrero en su cuenta de Twitter. El martes, ambos se reunieron en el Congreso con ese objetivo.

Sin embargo, Ossandón optó por adelantarse y presentar tres cambios a la ley mediante una iniciativa en el Senado.

“La ley de pesca ha sido objeto de serios y generalizados cuestionamientos -comienza Ossandón en el proyecto- por varios motivos que en definitiva hacen dudar de su legitimidad y sostenibilidad”.

En esa línea, plantea que las autorizaciones de pesca industrial fueron asignadas sin licitación “ni competencia alguna”, sino que “únicamente por el orden de ingreso de las solicitudes”.

“Las autorizaciones de pesca industrial que contiene nuestra ley no solo se otorgaron sin licitación ni procedimientos competitivos, sino que además se asignaron plazos renovables indefinidamente en el tiempo, vulnerando la sana y necesaria competencia que debe darse permanentemente en los mercados regulados”, cuestiona.

De esa forma, el legislador apunta a uno de los principales focos de crítica a la ley: la duración de las cuotas de captura y la manera en que fueron otorgadas.

La principal acción del proyecto del senador es la reforma a dos artículos para que se incorpore el mecanismo de licitación en la entrega de permisos de explotación.

De esta forma, estas no serían renovables “eterna e indefinidamente”, sino que se exigiría que al término de sus periodos actuales de vigencia se haga un llamado público para asignar los nuevos derechos de pesca.

A juicio de Ossandón, ello generaría “una sana convivencia”.

Fin a los 20 años

Una segunda modificación del proyecto incluye acelerar los plazos de renovación de las licencias de explotación.

De acuerdo con la ley actual, estas duran 20 años -“plazo que resulta excesivo”, según Ossandón-. Por lo mismo, plantea reducir ese tiempo a un año.

Finalmente, el senador incluye un artículo transitorio que establece que las licencias que se encuentren vigentes al momento de la promulgación del proyecto de ley, se mantendrán vigentes hasta la fecha en que hayan sido originalmente otorgadas o hasta la fecha de renovación establecida.

Una vez que ello concluya, y en caso de que el dueño de la licencia opte por renovarla, tendrá que competir en un proceso abierto. “A su vencimiento deberá convocarse a una licitación abierta, competitiva y transparente”, subraya el texto del proyecto.

“Estoy seguro que con estos cambios podremos corregir inmediatamente los enormes defectos que tiene actualmente la ley”, sostiene Ossandón.

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