Ayer miércoles 12 de septiembre se conoció que la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado aprobó la Ley Corta de Pesca que presentó el gobierno de Sebastián Piñera y que busca modificar la Ley General de Pesca y Acuicultura en el sentido de terminar con la renovación automática y la perpetuidad de las licencias de captura del sector industrial, así como restringir las capturas de jibia solo a la línea de mano.

Como era de esperar, los gremios pesqueros, tanto industriales como artesanales, no tardaron en expresar sus opiniones respecto del nuevo cuerpo normativo. El primero en expresarse fue la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) y que, a través de una misiva firmada por su presidente, Osciel Velásquez, y referida a la restricción de las capturas de jibia, lamentaron “que esta instancia desestimara evidencia internacional sobre la pesca de arrastre, entre ella, que a nivel mundial el 80% de la pesca para consumo humano proviene del arrastre, arte de pesca que se utiliza en los 26 países pesqueros que son miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”.

Además, expresó que “nos preocupa que se intente restringir esta actividad económica de larga tradición en el país limitando el uso de un arte de pesca, como el arrastre, argumentando razones ambientales. Es nuestro deber precisar que en Chile la pesca de arrastre no se realiza en ecosistemas marinos vulnerables y el 97,5% de nuestras áreas de operación tienen fondos marinos de arena y fango”.

De igual forma, la Sonapesca aseveró que ”la sustentabilidad se asegura poniendo una cuota global bien determinada y garantizando que ella no se sobrepase. La pesquería de la jibia no tiene problemas de sustentabilidad, por lo que no se entiende que se quiera privar solo a un sector pesquero del desarrollo de esta actividad económica. La pesca industrial, única afectada con este proyecto, solo participa en la extracción del 20% del total de la cuota nacional de jibia, mientras que el 80% restante es asignado al sector artesanal, que históricamente no logra extraer la totalidad de su cuota establecida por el Comité Científico. Por lo mismo, esta restricción parece ineficiente”.

Asimismo, el gremio industrial expuso que “a nuestro entender, esta iniciativa compromete el interés nacional, pues si el legislador reduce la extracción de jibia -que es lo que pasará en la práctica-, se afectará la cuota de captura internacional para Chile. Ello, porque la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur (OROP-PS) tiene interés en fijar cuotas de captura de jibia por países, considerando el nivel histórico de capturas. Si se ponen trabas a la extracción industrial, Chile bajará su captura total y su participación en las capturas mundiales de esta pesquería”.

Finalmente, Sonapesca manifestó que “esperamos que este proyecto sea analizado en profundidad por la sala del Senado, así como por otras comisiones, tal como lo solicitó uno de los miembros de la Comisión de Pesca”.

Asipes
La Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), no quedó atrás y entregó su posición respecto de los proyectos de ley que fueron aprobados hoy en la Comisión de Pesca del Senado y que avanzarán en su tramitación en el Congreso Nacional.

Es así como la Asipes expuso que “la pesca industrial de la zona centro sur de Chile manifiesta estar impactada y sorprendida por lo ocurrido hoy en el Parlamento. Tanto la fusión del proyecto de Ley Corta del Gobierno con la moción parlamentaria impulsada por tres senadores, así como el proyecto de jibia con línea de mano, son iniciativas que no van por el camino del crecimiento, fomento a la inversión ni estabilidad laboral. Muy por el contrario, eliminan las certezas jurídicas y los cimientos de una actividad económica tradicional para nuestro país”.

“Las empresas socias de ASIPES tienen la convicción que las iniciativas legales son abiertamente inconstitucionales y no se sustentan en un mínimo de formalidad respecto de los procesos legislativos. Se ha abierto la ruta para que iniciativas parlamentarias reemplacen las potestades y atribuciones del Poder Ejecutivo en materias que son de su exclusiva responsabilidad”, expuso el gremio, agregando que “el fin de los permisos de pesca del sector industrial, las licitaciones de las cuotas de pesca que sustentan la operación de nuestros barcos y de miles de empleos en nuestras plantas de proceso, así como obligar a los pescadores industriales a capturar la Jibia con línea de mano, significan el cierre de nuestra actividad productiva. No se trata de una advertencia sin fondo, sino de la comprobación que las certezas jurídicas desde donde opera la pesca industrial han desaparecido”.

Finalmente, la Asipes expresó que “nosotros hemos sido insistentes en señalar que estamos a favor de perfeccionamientos a la actual Ley de Pesca, pero que esas mejoras resuelvan los problemas reales del país pesquero. Hoy son urgentes reformas que apunten al camino de la sustentabilidad, el crecimiento y la competitividad de todo el sector pesquero, tanto industrial como artesanal”.

Pesca artesanal
En tanto, el presidente de la Condepp, Jorge Bustos, celebró la decisión adoptada por la comisión del Senado, “indicando que con esto se pone fin a la influencia de la industria en el Congreso”.

El dirigente pesquero expuso que “el Congreso está dando señales claras que la relación de dinero y política son dañinos para el país, ya no es solo un discurso, los senadores de la Comisión de Pesca del Senado han dado muestras de transparencia y de rechazar cualquier intento de enlodar su labor”.

Finalmente, Busto hizo un llamado al Gobierno, para que “tal cual los han hecho los senadores Quinteros, Rincón, Aravena, Muñoz y Pugh, además de otros como Ossandón, escuche la voz de los pescadores artesanales y no de los industriales, que solo se han dedicado en el último tiempo a amenazar al Estado de Chile y a los chilenos, con sendas querellas para evitar que se eliminen privilegios que les entregó la ley de pesca y que nos perjudican a todos”.