La Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (Directemar) abrió un proceso de invalidación de los registros de matrícula de las naves tipo wellboats “Ronia Pacific” y “Ronia Austral” a cuatro meses de haber autorizado sus matrículas actuales otorgadas ahora bajo la clasificación legal de “naves mercantes”, invalidación que en caso de llevarse a cabo dejaría, según la compañía propietaria de ambas embarcaciones, Solvtrans, a 60 empleados sin sustento laboral y afectando a más de 250 personas.

“Estamos en una nube de incertidumbres”, así describió su estado Patricio Saavedra, quien es capitán de Solvtrans Chile. Mientras navega argumenta la razón: “Por presiones externas, la Directemar abrió un proceso de invalidación de las matrículas de los wellboats ‘Ronia Pacific’ y ‘Ronia Austral’, las que habían sido otorgadas recién el 16 de noviembre pasado cumpliendo con toda la legalidad vigente. No sabemos qué va a pasar con nosotros y nuestras familias si esto sucede finalmente”.

Saavedra se refiere a las dos naves de propiedad de Solvtrans, cuyos primeros registros de matrícula fueron cancelados el 11 de octubre del año pasado en ejecución de un dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) enviado a la Directemar. Esto, luego de que el órgano contralor estimara que se contravino la Ley de Navegación por transportar carga para terceros.

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Sin embargo, un mes después de la cancelación de las matrículas, la misma Directemar autorizó sus nuevos registros al corroborar la no existencia de impedimento que afectase a Solvtrans Chile S.A. para volver a matricular. Pero hoy, la Directemar vuelve a plantear la posibilidad de invalidar las matrículas que otorgó, lo que para Saavedra “no son más que intereses comerciales y pugna entre compañías competidoras”.

En esa línea, sostiene que “les molesta que los trabajadores estemos cómodos en Solvtrans, bajo más altos estándares, que hagamos un buen trabajo, que haya llegado una empresa que respete los derechos de los trabajadores, del medio ambiente y haga que la industria acuícola deba modernizarse. Ellos, en vez de mejorar, prefieren sacar a la empresa de la competencia y mandarnos a los que trabajamos acá a la lista negra”.

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Puestos de trabajo

A la denuncia realizada por los trabajadores, se sumó esta semana la Federación Nacional de Sindicatos Oficiales de Naves Mercantes y Especiales de Chile y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de la provincia de Llanquihue (región de Los Lagos), la que en una carta enviada a la Directemar por su presidente, José Pacheco, subrayó: “Tenemos la convicción que esta situación se debe a la falta de reglas claras por parte de la Directemar en la clasificación de dichas naves y que a raíz de estos vacíos se han aprovechado la empresa Naviera Orca Chile S.A. y el gremio ‘amigo’ Armasur (Asociación de Armadores de Transporte Marítimo Sur Austral A.G.), quienes por años han intentado sacar a la naviera Solvtrans Chile del mercado, poniendo en peligro la pérdida de una decena de puestos de trabajo así como el sustento de un número superior de familias”.

De acuerdo con las cifras que calculan los trabajadores, los afectados serían cerca de 60 hombres, todos jefes de hogar a cargo de familias de al menos cuatro integrantes.

El gerente general de Solvtrans Chile, Víctor Vargas, en cambio, se muestra confiado: “Le queremos dar tranquilidad a nuestros trabajadores, porque el proceso de invalidación no se ha resuelto y es improcedente bajo todos los preceptos legales. Estamos seguros que la Directemar no se va a dejar instrumentalizar por los intereses predatorios de los que no quieren un mercado con más competidores”, asegura el ejecutivo.

En julio pasado, Vargas, en representación de Solvtrans Chile S.A., presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) una medida prejudicial a fin de que los dirigentes de la Armasur exhibieren al TDLC las actas de reuniones de su directorio de varios años, así como otros documentos y antecedentes relevantes que pudieren dar cuenta de la existencia de acuerdos o coordinaciones destinadas a excluir el acceso de nuevos competidores a este mercado en particular, medida que fue acogida por el Tribunal.

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Gremio responde

Consultado por AQUA, el gerente de la Armasur, Manuel Bagnara, adujo que el proceso en desarrollo en la Directemar solo busca dar cumplimiento a lo resuelto por la CGR que ordenó a la autoridad marítima cancelar las matrículas de los dos wellboats de Solvtrans que, según el representante gremial, están “abiertamente” infringiendo la Ley de Navegación chilena.

“Si bien la Directemar en un primer momento canceló las matrículas de Solvtrans, de manera inexplicable y en abierto desacato a lo resuelto por Contraloría, procedió a reinscribir las mismas naves menos de un mes después”. Y añadió: “La única incertidumbre que existe en este caso es la falta de cumplimiento de la ley por parte de la empresa de capitales noruegos, quienes a través de un contrato simulado traspasaron la propiedad a su gerente general en Chile para burlar la Ley de Navegación, situación que está siendo investigada por la Fiscalía”.

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