La Federación de Trabajadores Pesqueros (Fetrapes), encabezada por Juan Montenegro, interpuso denuncias ante la Inspección del Trabajo y la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud del Biobío por -en palabras de Montenegro- “psicoterrorismo laboral”, debido a los anticipados anuncios de despido de las pesqueras Landes, PacificBlu y Alimar por la entrada en vigencia –en agosto de este año- de la ley que regula la captura de la jibia sin arrastre.

La medida, a ojos de la gremial, vulnera derechos fundamentales de los trabajadores, generando una “psicosis colectiva” y poniendo en riesgo la salud mental de los mismos, con el consiguiente aumento de riesgos de accidentes laborales.

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“Una vez más la industria pesquera, al puro estilo del caso Don Hugo -evidenciado por 24Horas de TVN-, vulnera derechos de los trabajadores. No les basta con sacarlos a la calle para defender sus intereses económicos, lo que también hemos denunciado ante la Inspección del Trabajo, sino que ahora generan tortura psicológica anunciando con cinco meses de anticipación posibles despidos, afectando la salud mental de los trabajadores y sus familias”, sostuvo Montenegro.

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En las denuncias, la Fetrapes argumenta que “el Código del Trabajo en su artículo 184, inciso primero, entrega toda la responsabilidad al empleador de tomar las medidas de resguardo para sus empleados de forma efectiva, en pos del resguardo de la integridad física y psíquica de sus trabajadores”. Agrega que el Art. 19, número 1, de la Constitución Política, “asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica”, lo que queda estipulado también en el artículo 20 de la carta fundamental.

En la misma denuncia, Fetrapes solicita instruir a las mutualidades para “programar evaluaciones y terapias de apoyo a todos y cada uno de los trabajadores” de las empresas involucradas en estos anuncios de despidos.

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Por último, formuló un llamado al gobierno y al Congreso a acelerar la nulidad de la Ley de Pesca y la generación de una nueva legislación que “de protección a los trabajadores pesqueros de manera autónoma a los intereses particulares de la industria pesquera, así como la entrada de más actores al sector para que lo revitalicen y mejoren las actuales condiciones laborales”.

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