Como un «hecho histórico» catalogó Greenpeace la solicitud del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) de caducar las concesiones acuícolas de Nova Austral, compañía que pretendía instalar balsas-jaula destinadas a la producción de salmones en aguas del canal Beagle, región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

El caso, definido como «emblemático» por parte de la organización no gubernamental (ONG) debido a la señal que marcará en cuanto a la expansión de la salmonicultura en los mares más australes del país, ahora se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (SS.FF.AA.), organismo facultado para confirmar la prescripción de los permisos otorgados a la empresa.

Al respecto, Estefanía González, coordinadora del área de océanos de Greenpeace, adujo que la solicitud de frenar estos permisos «es un hecho sin precedentes en la lucha contra los abusos de esta industria en el sur de Chile y una clara victoria para todos los que participaron en denunciar las irregularidades de esta empresa que lograron detener su expansión en la zona».

El conflicto con Nova Austral se remonta a los años 2004 y 2005 cuando la compañía -en ese entonces bajo el nombre de Pesquera Cabo Pilar- obtuvo cuatro concesiones, disponiendo de un año plazo para iniciar la planificación técnica del proyecto, hecho que no se cumplió. Esta situación derivó en un juicio arbitral en 2008, que finalmente determinó la suspensión completa de las operaciones, el ingreso de peces y la instalación de estructuras flotantes.

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Greenpeace dijo que sin embargo y pese a tener estos permisos vencidos y una medida cautelar que les impedía cualquier tipo de operación, entre enero y febrero de 2019, Nova Austral -que adquirió las licencias de Pesquera Cabo Pilar- comenzó con el traslado de materiales para adelantar el inicio de sus operaciones, lo que ha sido calificado por la ONG como una «toma ilegal de un pedazo de mar».

Como respuesta, representantes de la comunidad local y organizaciones presentaron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones, que se pronunció con una orden de no innovar.

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Por su parte, Nova Austral argumentó no haber iniciado actividades en la zona antes del 7 de abril de este año, hecho que fue desmentido por imágenes satelitales, fotografías y registros directos en terreno que evidenciaron el inicio de las faenas en enero de 2019, aseguró Greenpeace.

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Para cerrar, desde la ONG ambientalista advirtieron que seguirán con las instancias legales que sean necesarias y que incluso acudirán a la Corte Suprema «con tal de impedir la expansión de la salmonicultura no solo en las aguas que son la puerta de entrada a la Antártica, sino que se evalúe la presencia de la industria en diferentes zonas del país».