(La Prensa Austral) Una reunión propicia para oxigenar y aquietar las aguas tras el episodio «Nova Austral» -investigada por alterar informes de mortalidad de salmones, entre otras anomalías administrativas y ambientales- es la que sostuvieron en Punta Arenas gerentes de las empresas Cermaq, AquaChile, Australis Seafoods, Bluriver -filial de Blumar- y Multiexport Foods, integrantes todas de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes.

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Se trató de la primera sesión mensual del directorio en que participa como presidente del conglomerado Óscar Garay -tras la salida de Drago Covacich, exgerente regional además de Nova Austral-, quien en conversación con La Prensa Austral calificó el hito como una señal de confianza por parte de las planas gerenciales en las inversiones destinadas a la región y el potencial de esta para el desarrollo de la salmonicultura.

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«Amenaza latente»

No obstante, en dicha dinámica se abordó también una «amenaza latente» para el sector y que se viene gestando desde el Poder Legislativo. Se trata de la moción impulsada por los senadores Guido Girardi, Ximena Órdenes, Isabel Allende y Carolina Goic, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), entre cuyas líneas centrales se establece que no se podrá solicitar el otorgamiento ni la renovación de concesiones o autorizaciones de acuicultura intensiva o extensiva exótica en el territorio marino de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena. “Esto es algo que nos tiene sumamente inquietos. Si esa iniciativa prospera, sería un retroceso para nuestra actividad en la región, con la consiguiente pérdida de puestos laborales y un impacto negativo en la economía regional”, advirtió el directivo.

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Actualmente, la normativa contempla la renovación automática de las concesiones cada cuarto de siglo, por lo que el cambio propuesto desde el nivel congresista es visto por los salmonicultores como un contrapunto totalmente perjudicial. “Aquí lo grave es que además de que se busca la no renovación de concesiones, está cerrada la opción para solicitud de nuevas. Es decir, al perderse las vigentes, no se recuperarán más. Este proyecto quiere terminar con nuestra industria en Magallanes y es de hecho el mensaje implícito”.

Freno a las inversiones

En tanto, el gerente general de Multiexport, Andrés Lyon, refrendó lo expuesto por Garay, sosteniendo que: “Si prospera ese proyecto, se detiene absolutamente todo, no habrá inversiones. De hecho, si las concesiones tuvieran una vigencia como la que se está planteando, nosotros no pondríamos ‘fichas’ para producir. Las concesiones originalmente se otorgaron indefinidas y hoy son renovables cada 25 años, con la condición de que ambientalmente tengan un buen comportamiento y las empresas también. Ahora bien, los ciclos son cada tres años, entonces estamos hablando de la viabilidad de concretar unos ocho en ese período, lo que complejiza la fácil recuperación de la inversión. De este modo, si acortan los plazos o se cierra la continuidad, no es viable iniciar operaciones. Hay que ver el estatus del proyecto de ley, de los avances a nivel de comisión y hacer los comentarios técnicos”, enfatizó.

Por lo mismo, la gerenta de Recursos Humanos y Asuntos Corporativos de Australis, Josefina Moreno, complementó diciendo que este tipo de encuentros son claves para analizar los impactos del aspecto normativo. “Son temas a tratar porque lo que se haga a nivel legislativo, de uno u otro modo puede impactar en el desarrollo de la industria más adelante. En nuestro caso, estamos atentos porque llevamos varios años en la región y apuntamos a la sustentabilidad, acercándonos cada vez más a la comunidad y grupos sociales donde desarrollamos nuestras operaciones”, aseguró.

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*Fuente de la foto destacada: Archivo Asociación de Salmonicultores de Magallanes.