Las últimas crisis ambientales que han afectado al sur de Chile deja en evidencia la falta de institucionalidad en pesca y acuicultura. Los problemas ambientales generados por el cambio climático no se pueden resolver eternamente con bonos. Es importante abordar el tema en forma global, hacer un análisis retrospectivo con sustento científico, con la finalidad de explicar las causas que generaron y generan estas anomalías ambientales que han provocado estos desequilibrios, con los efectos económicos y sociales observados.
Para todos ha quedado en evidencia que una de las actividades económicas que se ven severamente afectadas frente al cambio climático son las pesquerías y la acuicultura. Esto debido a que se producen incrementos en la temperatura del agua, con efectos sobre la salinidad y química de ella, lo que genera un desbalance de los ecosistemas marinos, con las consecuencias observadas a lo largo de Chile en este último tiempo. Sin embargo, también ha quedado en evidencia la pobre institucionalidad que rige la pesca y acuicultura en nuestro país.
Estas actividades económicas dependen del Ministerio de Economía, son normadas por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), y controladas por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), estas dos últimas instituciones en la misma línea de mando, y dirigidas por entes políticos y no técnicos en las materias.
Lo anterior no se condice con la relevancia que tienen estas actividades económicas para Chile, líder en producción pesquera a nivel mundial; segundo productor de salmones y de mitílidos en el mundo; y que en el año 2011 ocupaba el puesto número 11 entre los 20 principales países que lideran la producción acuícola mundial.
Por años se planteó la necesidad de un Ministerio de Pesca y Acuicultura para Chile, que tenga las mismas atribuciones y recursos que tiene el Ministerio de Agricultura, del cual dependa jerárquicamente la Subpesca y bajo esta el Sernapesca. Está claro que los últimos acontecimientos que han afectado a la actividad pesquera y acuicultora en el país ameritan hacer un análisis de la institucionalidad que rigen estas actividades, la cual requiere de profesionales técnicos en la materia, que cuenten con las competencias para enfrentar crisis como las ocurridas en el último tiempo, y para normar ambas actividades económicas de forma efectiva y con una mirada país.
Al parecer, este es el momento de volver a plantear los requerimientos de un Ministerio de Pesca y Acuicultura, principalmente ahora cuando se está en medio de la revisión de la Ley General de Pesca y Acuicultura por parte de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), misión encargada por la Subpesca.
Es deseable que, con una institucionalidad fortalecida y con suficientes recursos asignados, se puedan implementar programas de seguimientos y control tanto en pesca y acuicultura que permitan ejercer una explotación sustentable en el tiempo, con base científica, pero para esto la investigación desarrollada en el país y financiada por fondos estatales debe estar disponible para todos.
Sin dudas las necesidades que enfrenta la pesca y acuicultura van más allá de los temas normativos, y es tiempo de abordarlos con foco en la sustentabilidad ambiental, económica y social. No basta solo con celebrar el Mes del Mar para ser una potencia pesquera.