Y la industria salmonicultora retomó la senda. Obvio. No pudo ser otro el resultado del esfuerzo público-privado que se inició con la denominada “Mesa del Salmón”, en plena crisis del virus ISA, y que siguió buscando e instalando nuevas herramientas de diversa naturaleza para mantener la amenaza, siempre viva y latente, bajo control. Así ha sido y los datos lo confirman. Las cosechas superaron al periodo pre ISA, pasando de las 600.000 toneladas en 2008 a cerca de 800.000 en 2012, mientras que los brotes no pasaron de cinco en 2013. Por otra parte, el empleo directo se empina sobre las 35.000 personas y ubica a las regiones de Los Lagos y Aysén bajo la media de desempleo nacional.
En síntesis, como ha ocurrido con otras actividades asociadas a la producción animal, pasar por una crisis significa sufrir, siempre con costos socioeconómicos de por medio pero, finalmente, se supera gracias a una buena conversación entre productores, ciencia y Estado.
Entonces, ¿cómo se sigue? ¿Asumimos que todo está resuelto? ¿Lo que viene será más tranquilo? No, no es verdad ni lo será nunca. Todo sigue igual porque todo sigue cambiando.
Ahora, más que antes, se hace necesario establecer con claridad los bienes colectivos creados, protegerlos o mejorarlos, especializar los análisis de la actividad, avanzar y hacer seguimiento de indicadores de desempeño. Es imprescindible asegurar financiamiento estable para aumentar la investigación en sus diversos ámbitos de interés, mucho más allá de las enfermedades o alimentos para los peces, promoviendo la creación de equipos en universidades e instituciones privadas. Es crucial mantener un sistema público de control y fiscalización activo, de alto estándar profesional, moderno y en permanente preparación ante nuevas realidades que seguirán surgiendo. También, sin pretender abarcar todo por cierto, es necesario contar con autoridades empoderadas y a la altura de la circunstancia, en este caso, el tercer grupo exportador y el responsable de gran parte del empleo en las regiones australes del país.
El sector privado también tiene su rol en esto y debe preocuparse de cumplir las normas y ser cada vez más responsable en la forma en que utiliza los recursos que el país le presta para generar riqueza social. El Gobierno, por su parte, tiene que enfocarse no solo en reglamentar, que lo ha hecho y los resultados están a la vista, sino que también debe crear una institucionalidad pública que sea competente y tenga las capacidades para dar estabilidad y soporte a esta industria y las personas que la componen.
Sin duda “clusterizar” el sector sería un buen avance, una gran ayuda a la competitividad con visión estratégica, pero ¿no será el momento de resolver de una vez la instalación de una Subsecretaría de Acuicultura?