La presión de la industria pesquera para «derribar» el proyecto de ley que pone fin a la pesca de arrastre en la captura de la jibia, es nociva para el país. No solo porque se falta a la verdad sobre el desempleo que acarrearía para el sector, sino también porque se ocultan las cifras.
La realidad es que el 2018, la cuota industrial de jibia fue en 39.400 toneladas. Es decir, menos del 4% del total de la cuota de recursos pesqueros que el sector recibió este año, que fue poco más de 1.000.000 de toneladas.
Por tanto, si los ministros José Ramón Valente (Economía, Fomento y Turismo) y Andrés Chadwick (del Interior), y el subsecretario (de Pesca y Acuicultura) Eduardo Riquelme, hubieran verificado las cifras, se darían cuenta que bajo ninguna circunstancia habrá cesantía de los trabajadores industriales. Es más, si cuestionaran las cifras, también se percatarían que la pesca con línea de mano generará más empleo que el arrastre.
Es válido preguntarse cómo el gobierno –a través de dos ministros- se alinea tan fácilmente con la industria pesquera, y asegura que una iniciativa legal que apunta a mejorar la sustentabilidad del sector y a apoyar a los artesanales, se da por desechada antes que termine su tramitación en el Congreso.