“Ley de la Jibia”: La fragilidad del derecho de protección del medio ambiente en la Constitución de Pinochet y que tensionó al extremo el Presidente Piñera

El Presidente Sebastián Piñera al amenazar primero, a través de su vocera de gobierno (Cecilia Pérez), que recurriría al Tribunal Constitucional (TC) para declararla inconstitucional y que luego su ministro de Economía (José Ramón Valente) amenazara con recurrir al veto presidencial, el Presidente puso en cuestión la atribución constitucional que depositó la Constitución del 80 sobre el Legislativo en materia de protección medioambiental y dejó en claro ante el país que desde su concepción política económica el medio ambiente debe quedar relegado a un segundo plano si ello coloca en riesgo el modo de hacer negocios de los grandes grupos económicos, en este caso los que giran en torno a las empresas pesqueras de propiedad de las “7 Familias”.

No debe perderse de vista que en esta ocasión la exigencia de especificidad establecida en la regla constitucional -el artículo 19 N°8 inciso 2- fue cumplida a cabalidad por el Congreso, de allí que pese a la frágil protección del medio ambiente que posee Chile la amenaza de inconstitucionalidad se volvió un imposible para el gobierno y debió renunciar a insistir en ello.

El segundo cerrojo al que recurrió el gobierno fue al veto presidencial, pero en un escenario cuesta arriba, ya que la ley de la jibia se aprobó de la mano de una mayoría abrumadora del Congreso, lo que obligó al Presidente a intentar romper la mayoría de más de dos tercios -es lo que exige el veto presidencial- que habían apoyado a los pescadores artesanales, sin embargo al pasar las horas, la opción fue abortada ya que no encontró voluntad política entre diputados y senadores de Chile Vamos para que estos deshicieran el voto que habían entregado en el Congreso a favor de esos. Esta derrota del gobierno en medio de amenazas que no prosperaron dejó al desnudo que en su afán de defender a las “7 Familias” estaba disponible a pasar por alto el daño medioambiental que afectaba al país completo.

Los pescadores artesanales de jibia, el alcance de su triunfo y las nuevas amenazas

Después de este traspié el gobierno pretende imponer comunicacionalmente que la “Ley de la Jibia” es un problema artificial creado por el Congreso, y que de ello se preocupará en marzo con el despacho de un nuevo proyecto de ley. Los pescadores artesanales deberán redoblar su estado de alerta ya que han sido los propios dueños y gerentes de las empresas de propiedad de las “7 Familias” quienes han salido a desmentir al gobierno y revelar sus intereses de fondo puestos en juego en este negocio, acompañado por supuesto de una tergiversación de la verdad sobre el daño medioambiental y sobreexplotación de las pesquerías del país (https://www.latercera.com/opinion/noticia/elegir-la-ignorancia/492542/http://www.aqua.cl/2019/01/23/industriales-ley-la-jibia-una-burla-testimonio-feroz-del-populismo/).

Los pescadores artesanales movilizados tras la defensa de la jibia no deben olvidar que sin la especificidad de la ley conseguida con el Congreso con respecto al arte de pesca -potera-, la sustentabilidad de la misma estaba en peligro de pasar a formar parte de la larga lista de pesquerías sobreexplotadas y agotadas. La jibia es el único recurso pesquero que le va quedando a Chile que no ha necesitado tergiversar su condición de explotación por los comités científicos ni por la Subpesca (Subsecretaría de Pesca y Acuicultura) para incidir en el aumento de su cuota de pesca. Los pescadores artesanales tienen el 80% de su cuota de pesca que alcanza las 200.000 toneladas por año, una cuota abundante que unida a la captura con potera ha convertido a la jibia en la excepción en el panorama desolador de la sobreexplotación que tiene a todas las pesquerías y ecosistemas marinos colapsados-agotados.

Lo mejor que pueden hacer los trabajadores de la gran industria es presionar a las “7 Familias” para que el 20% de la cuota de la jibia en manos de ellas, se realice vía inversión en modernas embarcaciones con arte de pesca de potera. Presionen para que los anteriores modernicen la flota de pesca como lo está haciendo Perú, quienes han reinvertido sus utilidades en naves de última generación para la pesca pelágica -anchovetas, sardinas, entre otros- para destinarla al consumo humano acompañados de una alta calidad de compuestos bioactivos: proteínas y Omega 3, con lo que están logrando mejor calidad de empleos y que el país optimice la rentabilidad de su riqueza pesquera y cuide la sustentabilidad de la misma.

Mientras los pescadores artesanales deberán cuidar que en el proyecto de ley que enviará el gobierno al Congreso, los diputados incorporen que las cuotas de la jibia se encuentren repartidas de manera justa entre los que la capturan, que quede rigurosamente precisada en la ley la fauna acompañante para que ella no quede al arbitrio de Subpesca, que se incorpore la venta transparente de la jibia en mercados de subasta diarios -libre competencia- al que tengan acceso igualitario las dueñas de casa, comerciantes, restaurantes, pymes y la gran empresa. La especificidad de la ley debe impedir que las cuotas de pesca de la jibia sean transferibles o parte de contratos a años plazo, con ello se evitará terminen monopolizadas en manos de las “7 Familias” como ocurre en el caso de sardinas y anchovetas, como lo han reconocido los gerentes de las grandes empresas.

De allí que la especificidad que consigan los pescadores de parte del Congreso en la ley que despachara el gobierno en marzo como complemento a la “Ley de la Jibia” será fundamental para ir más allá de la sustentabilidad conseguida con el arte de pesca, esto es, una fuente de empleo a largo plazo para la pesca artesanal, precios competitivos para la jibia, que se traducirá en beneficios crecientes para Chile, que a la par beneficie a las familias y niños de nuestro país que hasta ahora no tienen acceso al consumo de productos del mar ni a una alimentación saludable.

Hasta ahora a nadie le cabía duda que la Constitución -Jaime Guzmán-Pinochet- tenía contemplado todos los cerrojos para defender que la minoría pueda imponer sus decisiones a la mayoría, y que el derecho económico está por sobre el derecho medioambiental, pero desde la tramitación de la “Ley Longueira” no teníamos recuerdo de tal despliegue y descaro de las elites que se llenó de amenazas y de advertencias por la prensa sobre la vigencia del estado de derecho. Reclamando que estamos ad portas del caos  si a las mayorías se les permite ejercer su rol político (http://www.cpc.cl/por-que-pescar-la-ley-de-pesca/https://www.elmostrador.cl/destacado/2019/01/24/por-que-pescar-al-presidente-de-la-cpc-que-pontifica-sobre-la-ley-de-pesca/).