Posterior a la crisis generada por el virus de la Anemia Infecciosa del Salmón (ISAv) en el año 2007 en Chile, la industria del salmón le solicitó al Estado regulaciones sanitarias estrictas de forma tal de evitar una nueva crisis sanitaria, considerando el severo efecto económico y social generado, lo que causó una pérdida de alrededor de 25.000 puestos de trabajo.
A partir de esa fecha, se implementaron una serie de regulaciones cuyo objetivo fue mitigar los riesgos de introducción de patógenos y la diseminación de estos, destacándose el Programa Sanitario Específico de Vigilancia y Control de la Anemia Infecciosa del Salmón (PSEVC-ISA), implementado en noviembre de 2009, en el que se establecen los procedimientos y programas de muestreo en las diferentes etapas de cultivo de los salmónidos cultivados en Chile. A su vez, se realizó una actualización del Reglamento Sanitario (RESA) con el fin de implementar los programas sanitarios listados en este. Se puso énfasis en las medidas de bioseguridad, como una forma de contener a la enfermedad y evitar su diseminación.
Sin discusión, las medidas de bioseguridad altamente efectivas implementadas para el control de los brotes del virus ISA fueron la desinfección de los efluentes y del agua sangre, previo a su eliminación al mar, generados por los centros de matanza y plantas de proceso; el manejo y disposición de la mortalidad, la cual hoy es ensilada para desnaturalizar a los patógenos; la prohibición del transporte de peces enfermos sin las medidas de bioseguridad adecuadas; y la implementación de períodos de descanso para cortar los ciclos de vida de los patógenos. Esta última medida es altamente eficaz si se incorpora a los centros vecinos que comparten una misma masa de agua. Lamentablemente a la fecha aún se sigue con la zonificación por «barrios» (Agrupación de Concesiones de Salmonídeos, ACS) implementados en 2011 para los centros de cultivo emplazados en el mar (D.S. Nº56), los que concentran un gran número de centros y una alta carga de peces, lo que ha impedido que los períodos de descanso logren la efectividad esperada en términos sanitarios.
Todos estas medidas instauradas, junto con los procesos de desinfección de equipamiento, redes, balsas jaulas, embarcaciones y personal para evitar la diseminación de patógenos, sumado a las certificaciones sanitarias de movimiento de peces desde pisciculturas a los centros de cultivo en lagos y mar, certificados de cosecha, certificados de mortalidad, entre otros, han contribuido a incrementar los costos de producción de las empresas productoras. Así, a ocho años de la crisis, los productores le piden nuevamente al Estado un cambio en las regulaciones, atribuyendo los altos costos de producción a los costos generados por las regulaciones post-ISA impuestas por el Estado, aduciendo pérdida de la competitividad frente a Noruega, su principal competidor, cuyos costos de producción por kilo de salmón cosechado son un dólar más bajo y país que además promueve la venta del salmón argumentando el no uso de antibióticos en el proceso productivo, lo que tiene un efecto importante sobre los consumidores, quienes están dispuestos a pagar más por un producto «biosustentable».
La verdad es que con las regulaciones implementadas en Chile solo se logró mantener bajo control al virus ISA, reportándose después del año 2009 escasos brotes del virus en algunos centros de cultivo puntuales, en los que probablemente la situación ambiental y productiva no favorecía el bienestar de los peces, lo que desencadenó su presencia. No ha ocurrido lo mismo con la Piscirickettsia salmonis y con el parásito Caligus rogercresseyi, ambos patógenos considerados los de mayor impacto económico para la industria salmonicultora nacional, presentes durante todo el ciclo de producción en el mar y responsables de los volúmenes de medicamentos usados para su control, lo que ha contribuido a elevar los costos de producción en una fracción importante, principalmente después de la implementación de los programas sanitarios específicos de vigilancia y control implementados por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) para las dos enfermedades (PSEVC-Caligidosis y PSEVC-Piscirickettsiosis), en los cuales se señala que los centros identificados como CAD (centros de alta diseminación) deben presentar en un plazo máximo de 48 horas un plan de acción que incorpore las medidas a implementar por el centro para reducir la diseminación del patógeno en cuestión (Res Ex. Nº13/2015; Res. Ex. 3174/2012); normas que por lo general están basadas en la aplicación de tratamientos.
Las «estrictas» medidas y protocolos de bioseguridad implementadas en los centros de cultivos se han basado principalmente en la permanente desinfección de todo lo que entra en contacto con el agua y con los peces, además de la exigencia del uso de cubiertas plásticas y vestimenta proporcionada por cada centro de cultivo, lo que también ha contribuido a incrementar los costos de producción. Pero, esto no detiene al cáligos y tampoco a los virus y bacterias que se dispersan en el agua de mar y no a través de las personas. El excesivo uso de desinfectantes, el cual no ha sido cuantificado hasta ahora, inevitablemente va al mar y entra en contacto con los peces enjaulados, y aun cuando se reconoce que no tiene un efecto significativo en el control de los patógenos se siguen estrictamente los protocolos instaurados como una medida efectiva para evitar la presencia del virus ISA.
Lo cierto es que hoy existe una alta preocupación por parte de todos los actores ante esta crisis silenciosa que está hoy afectando a la industria del salmón, principalmente porque se sabe que una nueva caída en la producción afectará negativamente al empleo y a las empresas que forman parte de su encadenamiento productivo (servicios y proveedores).
Frente a ese escenario, parece sensato hacer una revisión de las medidas de bioseguridad y programas sanitarios implementados por el Sernapesca, así como también de las medidas adicionales instauradas voluntariamente por la industria, de tal forma de eliminar las que no aportan a mantener a los patógenos bajo control. Sin embargo, es también altamente relevante redefinir la actual política de producción por parte de las propias compañías productoras, poniendo foco en las buenas prácticas de producción, sustentabilidad ambiental y bienestar animal.