Bastó que el diputado Gabriel Boric publicara que padecía de Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) para que los medios se enfocaran en saber qué es esa enfermedad. Lo importante a partir de su revelación es constatar cuán tabú es la discapacidad mental: poquísimos están dispuestos a admitirla y muchos la padecen.
Según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2017, casi 391.000 personas declaran tener alguna dificultad psiquiátrica, mental o intelectual, un 33% más que las 294.000 que había en 2015. Más de 86.000 viven en pobreza multidimensional, un 39% más que en 2015.
Ser pobre y tener discapacidad mental se traduce en una doble exclusión. Son los más marginados; sus familias no tienen cómo darles condiciones mínimas en salud, educación, vivienda, trabajo, seguridad social, lo que es un factor adicional de vulnerabilidad. Y la continua estigmatización socava los esfuerzos estatales y de la sociedad civil, para activar políticas inclusivas que garanticen el respeto de sus derechos.
Hoy celebramos el Mes de la Salud Mental, ocasión para hacer notar que Chile está al debe, no solo porque el presupuesto para salud mental es el 2,3% del total del presupuesto destinado a salud, lo que nos deja bajo la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es de al menos un 5%. También está en deuda con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (ONU), ratificada en 2008, porque hay leyes en abierta contradicción con los estándares asumidos. La 18.600 permite privar de capacidad jurídica a las personas con discapacidad mental sin debido proceso. Y la 20.584 autoriza esterilizarlas.
Que Boric haya transparentado su TOC es positivo: reconoce una realidad que puede tocarle a cualquiera y contribuye a generar un cambio de mirada menos estigmatizadora y excluyente frente a la discapacidad mental y quienes la padecen.