Con sorpresa nos hemos informado por la prensa de la decisión de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) de restringir las operaciones de pesca de arrastre de fondo a un mínimo porcentaje (2%), en relación a nuestra Zona Económica Exclusiva (ZEE).
Esta iniciativa incide sobre las pesquerías de crustáceos como el camarón nailon, langostino amarillo y langostino colorado, las cuales, curiosamente, representan las escasas excepciones de pesquerías chilenas que gozan de «buena salud» y sus poblaciones se encuentran alejadas de zonas críticas o de riesgo para la especie.
Existe una historia verificable, de al menos 40 años, donde la flota ha operado en las mismas zonas de pesca (caladeros) y se siguen capturando las especies objetivos y su reducida fauna acompañante. Vale destacar que los crustáceos se capturan en profundidades comprendidas entre los 200 y 500 metros, donde el 97% del sustrato es sedimentos y piedras, y la biodiversidad muy reducida.
Los actores de las pesquerías –industriales y artesanales– de la región de Coquimbo desde hace décadas redujeron el esfuerzo de pesca, suscribieron Acuerdos de Producción Limpia (APL), modernizaron sus artes de pesca, fueron las primeras pesquerías industriales en Chile que certificaron su sustentabilidad, de acuerdo con el estándar internacional más exigente y prestigioso de la Marine Stewardship Council (MSC).
Pero, pese a ello, ¿cuál fue la respuesta del Estado? Como los actores fueron responsables y las pesquerías de crustáceos han sido bien manejadas, se licita el 15% de la biomasa disponible al mejor postor. ¿Brillante o patético?
Por otra parte, un dudoso compromiso del Gobierno saliente indica que se debe castigar o reducir la pesca de arrastre. Ninguna potencia pesquera, ni país integrante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ha reducido ni eliminado la pesca de arrastre, dado que es la única forma eficiente de capturar determinadas especies como los crustáceos bento demersales.
Creemos que estas medidas (licitaciones y limitaciones operacionales) no concurren incentivos o criterios técnicos que favorezcan el manejo adecuado de las pesquerías, por el contrario, las desvalorizan.
Nos interesa que el Estado reconozca a quienes han desarrollado bien su labor productiva con sustentabilidad, generando alimentos, empleo y divisas.