En el marco del informe de la FAO sobre la Ley de Pesca, es positivo que la entidad haya destacado que los derechos de pesca deben tener «aceptabilidad política». Sin embargo, el Gobierno no puede olvidar que esta aceptabilidad es de cara a la gente, no entre cuatro paredes ni letra chica.
Respecto a los plazos que el subsecretario de Pesca (y Acuicultura, Raúl Súnico) ha dado para enfrentar estos temas de fondo, como es el regalo en la asignación de cuotas que recibió la gran industria, consideramos que es una barbaridad pensar en cambios en 16 años más o el 2032 como lo ha planteado. Los cambios deben hacerse ahora por el bien del país.
En tanto, sobre los avances en sustentabilidad que destaca la FAO, es importante señalar que la norma solo contiene un «saludo a la bandera». En la práctica no hay nada que proteja los recursos; los comités científicos solo dan recomendaciones y no son autónomos. Por esto tenemos 18 especies sobreexplotadas y agotadas.
No debemos olvidar que la Ley de Pesca tiene un origen ilegítimo. Así lo dan cuenta las investigaciones judiciales a congresistas, y ahora contra el ex ministro de Economía Pablo Longueira y su subsecretario de Pesca Pablo Galilea, por permisos a «barcos de papel» que pertenecen a las 7 familias.