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El marco regulatorio

El conjunto de leyes y reglamentos que se definen para un sector es lo que ordena su operación y determina sus posibilidades de acción. En la actividad acuícola, este marco ha ido evolucionando permanentemente desde sus inicios y principalmente con la dictación de la Ley General de Pesca y Acuicultura, en 1989. Es así como en el comienzo de la actividad, el marco era bastante simple dado que la industria era incipiente y donde unos pocos proyectaban un crecimiento tan rápido como lo tuvo.

No obstante, hoy existe una opinión instalada en el sector salmonicultor, principal exponente de la actividad, acerca de que es absolutamente necesaria una regulación que ponga límites y ordene las operaciones pero, por otra parte, se asevera que este marco ha terminado generando limitaciones y mayores costos en las operaciones. De hecho, recientemente se calculó que solo la actual normativa gravaba con US$1,3 cada kilo de salmón producido en Chile. Es importante señalar que la gran mayoría de las regulaciones actuales han sido solicitadas por el sector y que están siendo abordadas para lograr ordenar y racionalizar el marco regulatorio.

Entonces, tenemos un marco regulatorio en el que conviven normas que provienen desde sus inicios, como es el concepto de las Áreas Aptas para la Acuicultura (AAA); y aquellas más recientes, como el Plan de Reducción de Siembras (PRS). Además, en esta ecuación se debe considerar que las tecnologías de producción han cambiado significativamente en los últimos 15 años y normas que fueron dictadas para reservar espacios cercanos a la costa y protegidos para el desarrollo de la actividad, como las AAA, ahora no son tan significativas.

En la misma línea, la relocalización de centros de producción de salmón alejados de la costa, en lugares más expuestos, se considera como algo primordial para consolidar una industria con una mayor bioseguridad. Por lo tanto, es necesario ordenar lo antes posible todo este marco, modernizándolo y derogando aquellas normas que no son requeridas actualmente.

En este ámbito, existen necesidades urgentes, como la determinación de las capacidades de carga para las diversas áreas productivas. Una vez determinado este límite natural  productivo, debe ser distribuido –a través de algún mecanismo– entre los actores que operan en dicha área. Esto evitaría que se generen problemas sanitarios en amplias áreas productivas y terminaría con las dinámicas fluctuaciones que presenta la oferta nacional de producto derivada de condiciones favorables de mercado. Normas simples, pero muy potentes en sus efectos, son preferibles en un escenario de rápidos cambios tecnológicos como se ha evidenciado en la actividad acuícola.

Como país no podemos esperar mucho más para recuperar nuestra competitividad, hoy sustentada por un escenario de buenos precios y positivos resultados productivos, pero debemos cautelar que esta condición se mantenga en el tiempo y donde el marco regulatorio para el sector acuícola sea una herramienta idónea para lograr este objetivo.