Se sabe que el cargo de subsecretario de Pesca y Acuicultura es uno de los más complejos del país. Por un lado se debe trabajar con actividades muy disímiles, como la pesca de subsistencia o la producción de salmónidos. Por otro, se encuentra la supervisión de más de una centena de recursos distribuidos a los largo del país, todos con necesidades diferentes. Finalmente, y pesar de ser una nación costera, se debe considerar el bajo conocimiento que existe respecto de los ecosistemas marinos y de los mismos recursos; así como los escasos recursos que le asigna el Estado a una de las principales actividades económicas del país y que posee un promisorio futuro.

En resumen, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) es un fierro caliente que pocos se atreven o desean tomar porque las posibilidades de salir “quemado” son muy altas. Con todo, el último de los “valientes” que se atrevió a liderar el quehacer de este organismo es el abogado Eduardo Riquelme, quien llegó en marzo pasado al cargo y que, desde esa fecha en adelante, ha debido lidiar con la formulación de las normativas pesqueras, acuícolas y de pueblos originarios, entre otros temas.

A pesar de lo demandante del cargo, Riquelme dice que “ha sido una experiencia gratificante. Cuando asumí esta función, la pesca y la acuicultura eran para mí dos áreas completamente nuevas. Como subsecretario, he implementado una política de puertas abiertas, que me ha permitido conocer realidades disímiles. En decenas de reuniones y salidas a terreno,  he comprobado que, más allá de lo obvio, la acuicultura es muy distinta de la actividad pesquera. Y, a su vez,  que la pesca presenta una enorme  diversidad a lo largo del país”.

En general, ¿cuál es su visión personal respecto del sector y en términos de su aporte a la economía nacional y local, a la sociedad y/o de sus impactos al medio ambiente?

La pesca y la acuicultura constituyen dos actividades que revisten una importancia económica mayor. Así, por ejemplo, la primera genera unos 250.000 puestos de trabajo, mientras que la segunda se erige en uno de los principales rubros exportadores, por detrás del cobre. Distintas zonas del país, además, viven en mayor o menor medida en función de uno u otro sector. En paralelo, ambos rubros implican un aporte desde un punto de vista social. Un ejemplo elocuente de lo anterior está dado por la pesca artesanal: valiosa forma de vida, arraigada en nuestra idiosincrasia, que es necesario cautelar, pero también proyectar hacia el futuro, de la mano de la creatividad y la innovación.

Ahora bien, como cualquier actividad humana, la pesca y la acuicultura tienen un impacto sobre el medio ambiente. Nuestra tarea, entonces, es buscar y aplicar fórmulas que propicien su desarrollo, sin perder de vista la necesaria sustentabilidad de los recursos  y la salvaguarda del entorno. Hay en ello no solo una cuestión de elemental sobrevivencia, sino también un imperativo moral ineludible.

Respecto de los cambios normativos para la actividad extractiva, usted dijo que avanzarían en dos velocidades. Con una Ley Corta y una Ley Larga. ¿Cuáles son los principales avances en ambos sentidos?

El proyecto “corto” se hizo cargo de una demanda urgente, originada en la ciudadanía y en el mundo político. En lo medular, esta propuesta contempla licitar el ciento por ciento de las licencias industriales de pesca, al término del actual período de 20 años. De ese modo, se abrirá la puerta para la entrada de nuevos actores al sistema, a través de un mecanismo transparente y competitivo. Ello debiese ayudar a borrar el estigma originado en el lobby que rodeó la tramitación de la actual ley, que, en todo caso, es una buena ley, como ha señalado la propia FAO.

La ley “corta” entró al Congreso en abril y ya fue aprobada en la Comisión de Pesca del Senado. En paralelo, el gobierno está trabajando en la preparación del proyecto “largo”, que abordará esencialmente materias relacionadas con la pesca artesanal. En ese marco, entre junio y julio, realizamos a lo largo del país, 111 encuentros con 1.889 pescadores artesanales, principalmente dirigentes de sindicatos. En esas citas, ellos formularon diversas propuestas que nos ayudarán a dotar de contenido a la iniciativa. La necesidad de dar forma a una «plataforma social» y la regionalización de los registros pesqueros, se cuentan entre las ideas que más consenso generaron al interior del sector.

Chile tiene una activa participación en la ORP. El próximo año, esta instancia comenzará a administrar la jibia. ¿Qué pasaría si no se alcanza la cuota proyectada para la especie?

Actualmente, la cuota pesquera de jibia en Chile es de 200.000 toneladas. Por ley, el sector industrial puede capturar el 20% de esa cantidad (40.000 toneladas), mientras que la porción del rubro artesanal llega al 80% (160.000 toneladas). Hoy, los pescadores artesanales no alcanzan a capturar toda su cuota. Y si llega a aprobarse en el Congreso el proyecto que establece la potera como método único de captura, tendrán aún menos posibilidades de lograrlo, pues estarán fuera aquellos pescadores que usan cerco y los  industriales. Especialistas de Subpesca estiman que en dicho escenario, Chile podría pescar solo unas 130.000 toneladas. Lo que inevitablemente redundaría en una disminución de la cuota global de jibia para nuestro país, al ser abordado el tema por la ORP. Porque ese organismo fija cuotas en relación con los desembarques efectivos que exhiben los Estados.

En otras palabras, si Chile es incapaz de “probar” una pesca anual de 200.000 toneladas, su cupo se reducirá drásticamente. Y a contramano del discurso de los impulsores del proyecto de la jibia, el volumen del recurso disponible para el sector artesanal caerá en decenas de miles de toneladas.

Acuicultura

De alguna forma, la acuicultura chilena está frenada por temas normativos. Ya sea para especies no salmón, como en la larga tramitación para concesiones, o los mismos salmónidos, que están limitados por las AAA. ¿Qué visión tiene la Subpesca al respecto?

No compartimos esa visión. Podemos decir que contamos con una industria consolidada como es la salmonicultura y lo que hemos hecho en materia de regulación y control de la actividad ha permitido avanzar enormemente en la sustentabilidad de la actividad y con resultados verificables y para garantizar que ello siga sucediendo, es que estamos efectuado permanentemente un seguimiento cercano de su gestión ambiental, sanitaria y productiva a fin de detectar oportunamente las señales que nos indiquen que nos estamos desviando de los objetivos propuestos.

Sabemos que existe otro tipo de acuicultura en Chile, que se desarrolla en distintos lugares y con distintas especies y que tiene particularidades que deben ser recogidas por el marco normativo. Es por ello que decidimos avanzar en la ejecución de un proyecto denominado “Adecuación de la normativa ambiental y sanitaria a proyectos de acuicultura de pequeña escala”, que esperamos nos entregue el sustento técnico necesario para realizar los ajustes que se requieran para potenciar el desarrollo de la acuicultura y su diversificación.

De igual forma, el sector salmonicultor no ha podido avanzar por temas relacionados con la Ley Lafquenche, relocalizaciones, relación con la comunidad. ¿Qué rol puede tener o tendrá la Subpesca al respecto para avanzar en estos temas?

Nuestra visión también es distinta en este plano. Lo que hemos hecho en materia de regulación y control de la actividad ha permitido avanzar enormemente en la sustentabilidad de la actividad y con resultados verificables, prueba de ello es la bonanza que está viviendo el sector salmonicultor en estos momentos.

En efecto, en materia ambiental actualmente nos encontramos en proceso de implementación de la reciente modificación al Reglamento Ambiental para la Acuicultura (RAMA), que incorporó una serie de medidas que nos permitirán enfrentar de mejor manera futuros fenómenos naturales que pueden afectar a la acuicultura y las comunidades locales. Una de las grandes lecciones aprendidas tras el fenómeno de marea roja ocurrido en 2016, es que si bien las contingencias climáticas no pueden ser evitadas por ser propias de la naturaleza, ya que dependen de las condiciones climáticas y oceanográficas imperantes en la zona de cultivo, sí es posible estar mejor preparados para enfrentarlos de manera más oportuna. En razón de ello, es que hemos realizado los ajustes normativos necesarios para incrementar las exigencias que deberán cumplir las empresas de cultivo y dotar de más y mejores facultades al Sernapesca, de tal forma que sea posible enfrentar situaciones de emergencia mediante la activación de alertas previas.

Paralelamente, nos encontramos trabajando en la elaboración de dos nuevos reglamentos: tratamiento de desechos de la acuicultura y monitoreo en línea de las agrupaciones de concesiones de salmones. El primero de ellos regulará la disposición y tratamiento final de los desechos generados en etapas posteriores al cultivo porque aquellos generados por los centros de cultivo ya se encuentran regulados en la normativa ambiental y sanitaria vigente, y el segundo reglamento, establecerá los requisitos y condiciones que deberán cumplir las empresas de cultivo para instalar equipos que permitan efectuar un monitoreo de variables ambientales presentes en las agrupaciones de concesiones.

En materia sanitaria en tanto, estamos realizando ajustes a la normativa de densidad de cultivo pues vemos con preocupación que las empresas productoras de salmón estén proyectando un crecimiento de un 16% en la producción para los próximos dos años, particularmente en la región de Aysén, donde se presentó el reciente caso de ISA, con la especie salmón Atlántico, que es la más susceptible a las enfermedades que cuentan con un programa de control por parte de Sernapesca.

En otro orden de cosas, hemos dado una señal fuerte y clara de que este gobierno está decidido en avanzar en la consolidación del ordenamiento territorial de la acuicultura y para ello, ya hemos retomado el trabajo de las relocalizaciones que nos permitirán avanzar hacia un modelo donde existan menos concesiones, más grandes y más distanciadas.

Existen además otras materias de especial interés en el sector como es el crecimiento progresivo de la demanda por productos del mar. Esto nos hará competir por nuevos consumidores y por mercados. Dado que estos consumidores tienen acceso a mayor información que en el pasado y están conectados al mundo, tienden a ser más exigentes con la industria de producción de alimento animal y en razón de ello, otros desafíos importantes están relacionados con el reemplazo de las fuentes de proteína que se utilizan en la elaboración del alimento para salmones y la reducción del uso de antibióticos. La salmonicultura chilena, a diferencia de la noruega, convive con un agente bacteriano altamente insidioso, muy difícil de prevenir y controlar y que explica el actual nivel de uso de antibióticos. Si bien este es un desafío multicausal, el rol que le compete al gobierno en esto es claro y clave y por ello estamos revisando cómo la normativa puede establecer los incentivos correctos para propiciar que la industria reduzca cada vez más el uso de antibióticos y se desarrollen nuevas alternativas de prevención y control de esta enfermedad. Para todo lo anterior, el rol que tiene la industria de contribuir en la investigación, desarrollo e innovación es fundamental.

Finalmente, respecto de la Ley Lafquenche, nuestro gobierno se ha comprometido a velar porque exista una adecuada conciliación entre los legítimos intereses de los distintos usuarios del borde costero y para ello, las instituciones involucradas están trabajando desde sus respectivas áreas.

Se sabe que la acuicultura chilena está concentrada en unos pocos recursos. ¿Qué gestiones está realizando la Subpesca para potenciar otros cultivos de peces, moluscos o algas?

Sin duda una tarea pendiente es la de promover la acuicultura en aquellos otros segmentos donde estamos ciertos puede proporcionar importantes beneficios. Como gobierno estamos decididos a abrir paso a la diversificación productiva, especialmente de los pescadores artesanales complementando su actividad histórica como es la pesca, con la actividad de acuicultura de pequeña escala.

Para ello tenemos una intensa agenda en materia normativa y de fomento productivo. En efecto, nos encontramos en etapa de puesta en marcha del Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala con el fin de fomentar y promover el desarrollo de sus beneficiarios y de la Ley de Caletas, que permitirá que las caletas de los pescadores se conviertan en verdaderas unidades productivas y de negocio. Asimismo, estamos implementando por segundo año la ley de bonificación al cultivo y repoblamiento de algas, incrementando sustancialmente año a año la acuicultura en áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos y participamos activamente en los programas tecnológicos de Corfo que pretenden desarrollar el cultivo de nuevas especies, tales como corvina, dorado, congrio, bacalao y erizo.