Cuando el 2007 el virus ISA irrumpió en el país, el gobierno decidió realizar una serie de modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) y la industria salmonicultora debió rediseñar su modelo productivo y sanitario. De hecho, muchos de estos cambios aún se están ejecutando. Uno de ellos es la implementación de las distintas macrozonas que regularán la localización de los centros salmonicultores. Se trata de ocho territorios de mar y costa (cinco ubicados en la Región de Los Lagos y tres en la Región de Aysén) que permitirán aislar a los grupos de barrios de centros de cultivo en caso de que existan brotes de enfermedades en alguno de ellos.

Junto a esto, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) decidió que ya era hora de modificar el actual otorgamiento de concesiones acuícolas –considerando que más del 95% de la acuicultura del país corresponde a salmónidos– y hace más de seis meses que está preparando un proyecto donde la entrega de estas sería vía licitación, con un estudio técnico de por medio, y cuya localización estaría determinada por el Estado.

Si bien la iniciativa aún se encuentra en borrador, ya circulan algunas líneas generales de sus principales contenidos.

El gerente de Proyectos y Desarrollo de Geogama S.A., Reinaldo Vidal, accedió a conversar con AQUA sobre los alcances de esta iniciativa.

Desde hace seis meses, aproximadamente, la Subpesca está preparando un proyecto que tiene que ver con la transformación del sistema de entrega de concesiones acuícolas en el país, el cual sería vía licitación de licencias, con un estudio técnico de por medio, y cuya localización estaría determinada por el Estado. ¿Qué opina acerca de esta modificación? 

Antes de entrar en materia, necesario es señalar que el actual procedimiento de tramitación nace con la dictación de la Ley General de Pesca y Acuicultura y su Reglamento, esto es 1991 y 1993, respectivamente, por lo que posee 21 años de vigencia, procedimiento al cual se han incorporado una serie de cambios en el tiempo, como son la incorporación de sometimiento al SEIA, hoy SEA, exigencias relativas a la confección de planos, cambios relativos a nuevos regímenes como lo son hoy los establecidos en el artículo 80 bis y ter de la Ley General de Pesca y Acuicultura, transferencias, entrega, publicaciones en el diario oficial, entre otros.

Hasta hoy, dentro del actual procedimiento y/o tramitación, se pueden distinguir claramente tres dimensiones, Ambiental, Productiva y Territorial, en donde cada una de ellas involucra un acto de trámite. Para la dimensión ambiental, será la Resolución de Calificación Ambiental, para la Productiva la Resolución que aprueba el Proyecto Técnico y Cronograma de Actividades y, finalmente, para la Territorial, que está abordada en la Resolución que otorga la concesión de acuicultura, dictada por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, esto conforme a las atribuciones que la Ley ha puesto en la esfera de las atribuciones de cada uno de los organismos que intervienen en referido procedimiento.

En la práctica es sabido que el actual procedimiento es lato, conforme al número de organismos que participan en cada etapa y habilitaciones que deben ser evaluadas en el procedimiento, como bien se ha señalado anteriormente. Por lo que se estima que desde el ingreso del debido expediente ante el Servicio Nacional de Pesca hasta llegar a la concesión otorgada y notificada, el lapso de tiempo que media entre estos hitos puede variar entre los dos años, en el mejor de los casos, hasta tres o cuatro.

Este hecho hace que las expectativas productivas o de ocupación en la inversión se vean en algunos casos bastante dilatadas conforme a los tiempos que este procedimiento requiere para que nazca una concesión de acuicultura.

Frente a esto, y según la propuesta de modificación, pareciera, en principio, que la propuesta de modificación resulta importante, toda vez que, vendría a disminuir los tiempos que hoy son extensos. Pero creemos que la normativa aún en modalidad de propuesta o minuta, en el fondo es algo más compleja, ya que, viene en limitar ciertos y determinados aspectos que hoy existen en la actual normativa, como son el “libre acceso”, entendiendo por tal, la posibilidad de acceder libremente a un determinado punto geográfico del territorio nacional que involucre porción de agua y fondo de mar, para ser solicitado en concesión, en la medida que reúna los requisitos establecidos en la Ley y los reglamentos que rigen en este ámbito. Por otra parte, también se ve limitada la posibilidad de fijar la producción, entre otros aspectos, esto por quedar estas atribuciones en manos de la autoridad.

Creo que para un mejor manejo de tiempos y procedimientos, no pasa por un cambio en la modalidad, sino que en una nueva institucionalidad, como es crear la Subsecretaría de Acuicultura, en donde sí se podrá abordar los problemas de fondo y forma de esta actividad, permitiendo así agilizar los trámites, entre otros.

Finalmente, y sobre la base de estudios levantados por nuestra empresa, estamos convencidos de que el problema de la industria hoy no pasa por el acceso a concesiones, sino que en la real operación y que los espacios concesionados sean los más aptos y sustentables para el desarrollo de esta actividad, toda vez que, el número total de concesiones no guarda real relación con una capacidad productiva. Esto, dado por la aptitud acuícola que posee cada una de las concesiones, concepto no aplicado hoy a esta actividad.

Uno de los grandes cambios del nuevo proyecto es que elimina las llamadas "triple A" y crea los sectores "concesibles". En este sentido, cuando un privado gane una licitación sabrá cuál es la densidad y la capacidad de producción de su concesión. ¿Qué le parece esta medida?

En primer lugar, ambos conceptos distan de ser similares, las AAA son espacios que se encuentran comprendidos por áreas de playas de mar, terrenos de playa fiscales, porciones de agua y fondo, y rocas, dentro y fuera de las bahías, y en los ríos que sean navegables por buques de más de cien toneladas de registro grueso, en donde existirán concesiones de acuicultura. En cambio, sector o sectores concesibles, a grades rasgos, es el polígono delimitado por líneas rectas que unen coordenadas geográficas, determinado por la Subsecretaría de Pesca y que es susceptible de ser otorgado en concesión de acuicultura a través de un procedimiento de licitación pública o de postulación según corresponda.

En este sentido, las AAA es el lugar en donde se pueden solicitar concesiones, en cambio el sector concesible es la concesión propiamente tal.

Esta medida igualmente parece en principio ser la más apropiada, respecto a definir un espacio para ser concesionado, considerando que se ha perdido por parte de las personas el “libre acceso”, teniendo presente que las actuales AAA no responden necesariamente a una aptitud acuícola, hecho que de alguna forma es abordado en el nuevo procedimiento, toda vez que, para llegar a determinar el sector concesible deberán existir estudios que permitan definir claramente dicho espacio. Pero al ser definido por la autoridad, podría no ser necesariamente el más adecuado frente a la inexperiencia que posee esta respecto al ejercicio de la acuicultura, es decir, conocer in situ los pro y contras de cada área en el desarrollo de la actividad, condiciones que están dadas de acuerdo a la experiencia en terreno.

Ahora bien, y frente a la diversa normativa dictada dentro de los dos últimos años, se estima que el hecho de fijar densidad y capacidad de producción por cada sector concesible, teniendo presente que es un aspecto de limitación como bien se ha señalado anteriormente, resultaría positivo aún más si solo si se atendieran otros aspectos más que los físicos a analizar. Estos son profundidad, corriente, banco natural y corrientes, los que sí inciden directamente en obtener la mejor aptitud acuícola del sector, pero no vendrían a atender un real problema en el desarrollo de esta actividad y como se indicó precedentemente, estamos trabajando en un gran estudio por región, agrupación y centro de cultivo, el cual, entre otros aspectos evaluados, el poblamiento u ocupación de un sector que individualmente posee mejores o peores condiciones en relación a su aptitud no resuelve problemas de fondo que hoy presenta la industria, ya que existen ACS con una alta ocupación, que respecto a su operación en número de concesiones es menor al 25%, y que han presentado graves problemas sanitarios como ambientales. Por lo que aquí no importa en número de nuevos emplazamientos o espacios concesibles, sino que atender los efectos generales que genera cada concesión sobre cada ACS, hechos que están abordados en este estudio elaborado por nuestra empresa.

Hay quienes ven un problema en lo anterior, ya que al eliminar las “triple A” se podrían abrir nuevos espacios, con lo cual el problema de "congestión productiva" que hay en las regiones de Los Lagos y Aysén podría ser mucho peor. ¿Qué opina al respecto?

Para poder abordar la consulta debemos tener claro qué se entiende por congestión productiva. ¿Será esta la demanda productiva que existe por cada centro de cultivo en un espacio determinado o sus implicancias en densidades, consecuencias sanitarias y ambientales?

En la historia del desarrollo de la acuicultura, hemos podido apreciar que la ocupación dependió de la factibilidad de encontrar un espacio que permitiese ser ocupado o solicitado en concesión, que frente a la normativa vigente solo atendía a distancia entre concesiones con y sin accidente geográfico, en algún momento de la evolución normativa,  hoy a una distancia de 1,5 millas náuticas, atendiendo a la condición de banco natural y cálculo de densidad. Por lo que podrían existir tantas concesiones como espacios existiesen bajo las exigencias establecidas por la norma, hecho que conllevó a una sobrepoblación y, por ende, a una congestión productiva, sobre todo por los efectos que produce este tipo de ocupación.

El hecho de eliminar las AAA quizás no resuelve el problema de fondo como tampoco el abrir nuevos espacios, ya que para efectos prácticos sería lo mismo que abrir nuevas AAA, solo cambian los conceptos. La idea es atender el problema de fondo, que es determinar los efectos que genera esta ocupación en la suma de unidades concesionadas.

De esto nace una gran pregunta: ¿es necesario tener u optar a más concesiones o la idea es mejorar las condiciones productivas de cada unidad concesionada? Sobre la base de distintos análisis efectuados, creemos que la respuesta es mejorar las actuales condiciones, como obtener sobre la base práctica y material del desarrollo de esta actividad en el tiempo las respuestas que permitan obtener los mejores resultados. El deseo compulsivo de tener y generar nuevos espacios no vienen a resolver con opciones el fondo del problema, sino que el “saber” es la respuesta, la que después de un gran proceso de recopilación de información, análisis y reflexiones nos han permitido ir evaluando estas condiciones para llegar a respuestas que permitan ir resolviendo los grandes paradigmas de la acuicultura.

Limitación de la concentración

¿Qué opina de que el proyecto establezca que ninguna persona natural o jurídica ni personas vinculadas a ella puedan adjudicarse operaciones por sobre el 20% del total de la superficie concesible de una región? 

La limitación del 20% a que se alude, dice relación con la imposibilidad de adjudicación de personas naturales o jurídicas ni personas vinculadas a ellas, de concesiones por sobre el 20% del total de la superficie concesible de una región, entendiendo por tal, la superficie total de los sectores concesibles que haya sido determinada por la Subsecretaría de Pesca para la región, no considerando para estos efectos dentro de la superficie concesible de una región, las concesiones de acuicultura que no hayan sido licitadas.

En el fondo, lo que busca la norma es brindar una mayor oportunidad y de pluralidad de acceso, con la restricción del 20% del total de la superficie concesible de una región, logrando de esta forma que la propiedad acuícola no se concentre en una persona natural o jurídica o vinculadas a ellas, en una región. Aun cuando esta norma no es nueva, ya que hoy existe y se encuentra establecida en el artículo 75 bis de la LGPA, lo que hace el legislador es adecuar su sentido bajo la nueva modalidad.

Paralela a esta iniciativa, se encuentra el proceso de relocalización de concesiones. ¿Cree que la implementación de ambas medidas podría afectar el patrimonio sanitario de la industria? 

El patrimonio sanitario y ambiental de la industria hoy se encuentra afectado, sin necesidad de que existan estas nuevas instituciones como son la relocalización y nazca un nuevo procedimiento para el otorgamiento de concesiones de acuicultura. Creemos que la relocalización es un método que permite descongestionar y mejorar las condiciones sanitarias de un sector, medida que por lo demás debiera continuar en el tiempo, no como se pretende por la autoridad, ponerle término como se desprende del proyecto de ley en análisis.

Creemos que la relocalización es un buen mecanismo para mejorar las condiciones sanitarias, ambientales y productivas de una concesión de acuicultura, sobre la base de las actuales condiciones o aptitudes que ella posea en el área geográfica donde se ubique, permitiendo de esta manera a la autoridad como al titular mejorar sus actuales condiciones por otra que permita dar mayor sustentabilidad. Lo lamentable de esto es que el proyecto de ley en análisis deroga esta modalidad.

Por último, estimamos que el modelo productivo, las condiciones sanitarias y ambientales, hoy se han tratado en forma afortunada por parte de la autoridad a través de los nuevos instrumentos sanitarios fijados al efecto como el hecho de crear ACS, pero creemos que falta incorporar nuevos conceptos, mejorar los existentes y mediante estudios abordar problemas de fondo que hasta hoy no se han observado. La suma de elementos y condiciones permitirían a la industria un mejor desarrollo, elementos y condiciones que son evaluadas en una mesa de trabajo de nuestra empresa que junto a diferentes especialistas con que contamos en nuestro staff nos han permitido, literalmente, ver por debajo del agua.