Hoy se lo puede escuchar frecuentemente en el programa “Mesa Central”, de Tele13 Radio; o leer en sus agudas columnas de los domingos en La Tercera. Jorge Navarrete Poblete, más conocido como “Pirincho”, se ha ganado un merecido prestigio como analista del mundo político, especialista en análisis de escenarios, diseño estratégico y relaciones con el sector público.

Es que el abogado, Máster en Derechos Fundamentales y Diploma de Estudios Avanzados en Filosofía Política de la Universidad Carlos III de Madrid (España), ha logrado reconocimiento al no tener problemas en criticar en sus columnas al partido (o sus miembros) al que perteneció por más de 20 años, la Democracia Cristiana, y al que renunció en 2013. También por el rol que tuvo en diferentes cargos públicos que ejerció durante las presidencias de Eduardo Frei Ruiz-Tagle o Ricardo Lagos, entre 1998-2006; o por la impronta que le ha entregado a sus directorios en organizaciones de corte social como Educación 2020, Espacio Público y Prohumana.

Actualmente, Jorge Navarrete también ejerce como socio del estudio Del Río Izquierdo Abogados SpA, donde su misión es “diseñar e implementar estrategias para empresas y personas, en el ámbito corporativo, comunicacional y social”. En la página corporativa se destaca que “más que abogados, somos asesores integrales de nuestros clientes, a los que acompañamos en todas las dimensiones y ámbitos de su negocio”.

Informado como pocos, y con una amplia visión respecto del mundo privado, “Pirincho” Navarrete analiza a la industria del salmón y su relación con las comunidades.

En general, ¿qué visión tiene respecto de la industria acuícola y, específicamente, la del salmón?

Creo que la industria ha jugado un rol importante en el desarrollo de una actividad muy significativa para el país y que, particularmente, ha sido una contribución a la marca de Chile en el mundo. Con todo, creo que podría reprochársele el no poner la misma atención en el “frente interno” y a la necesidad de entender que los temas vinculados a la legitimidad hoy son un factor decisivo para cualquier actividad empresarial.

En el caso particular de la industria del salmón, esta dimensión adquiere vital importancia, pues no solo es importante el valor privado –generar riqueza, trabajo, utilidades y pago de impuestos- sino lo que se reclama por la ciudadanía es que exista mayor generación de valor público, es decir, el cómo específicas industrias son reconocidas por un aporte integral al desarrollo del país, especialmente en lo que se refiere a sustentabilidad, buenas prácticas, atención del entorno y reconocimiento –quizás incluso orgullo- por el resto de las personas; incluso por aquellas que no están vinculadas de ninguna manera con la industria.

Desde un punto de vista político, ¿cómo advierte que ha sido el accionar de la industria salmonicultora en los últimos años y, especialmente, en los momentos de crisis? ¿Por qué?

Más que el accionar de la industria con motivo de diferentes crisis, creo que el aspecto relevante debe estar puesto en los procesos previos. Y por aquello, no me refiero solamente a la prevención para evitar la ocurrencia de estos episodios, sino a un trabajo mancomunado con el sector público y la sociedad civil donde se generen mayores confianzas a partir de un trabajo conjunto que incorpora las preocupaciones de todas las partes.

La industria es, a ratos, percibida como disociada de su entorno, algo ajena a este tipo de preocupaciones, lo que evidentemente no es un problema cuando la actividad se desarrolla de manera exitosa y sin sobresaltos; pero cuando se enfrentan crisis –y quizás por lo anterior– no siempre encuentran la comprensión y paciencia de los otros actores. “¿Por qué vienen a mi ahora, si antes nunca lo hicieron?”

¿Por qué la industria debería estrechar sus relaciones con el mundo político si, a la fecha, ha podido crecer y funcionar relativamente bien?

Justamente por lo que decía antes. El prejuicio que se ha instalado en muchos actores en relación a la industria del salmón, es que suele “capitalizar las ganancias y socializar las pérdidas”. Es decir, mientras las cosas andan bien parece desatenderse de las preocupaciones e intereses de otros actores sobre el funcionamiento de su actividad, reclamando autonomía para el mejor cumplimiento de sus objetivos; pero al momento de las crisis, rápidamente reclama el apoyo del regulador y el Estado, como también la comprensión de la opinión pública. Sea o no cierta esta cuestión, creo que este punto ha sido central en la distancia que no solo la política, sino también otros stakeholders e influenciadores calificados, han tenido para con la industria.

¿Podría comentar algún caso de una industria que haya mejorado su desenvolvimiento a partir de un cambio de actitud hacia el mundo político y/o sus autoridades?

Más que por un cambio solo de actitud con el mundo político, sino por un mejor entendimiento de las complejidades de la sociedad actual, creo que hay dos casos que valen la pena citar. El primero se refiere a la industria energética, una actividad regulada, en la cual tanto en generación –incorporación de energías renovables, abandono paulatino del carbón o un mejor acuerdo social para el desarrollo de proyectos– como también en distribución –mejores tecnologías, inversión en infraestructura, atención a clientes o trabajo conjunto en prevención– han mostrado una mejor desempeño a partir de esta flexibilidad y trabajo conjunto con la autoridad. El segundo puede ser la industria forestal, la que no solo en su desarrollo y manejo, sino también por su colaboración en temas críticos –pienso en el conflicto en La Araucanía- le han permitido una mayor valoración y legitimidad social de la que contaba hace algunos años atrás.

La industria acuícola argumenta desinformación por parte de quienes la critican o, incluso, de quienes son los encargados de legislar sobre ella. ¿Estimada que esto sea efectivo? ¿Cuáles son las mejores vías para revertir la situación?

Eso es efectivo y real, pero es similar a lo que ocurre en la industria de pensiones, isapres o pesquera, en general. Efectivamente, asistimos a un momento político complejo, donde la calidad de nuestros reguladores, tanto en el gobierno como en el Congreso, ha decaído muchísimo. Si sumamos a eso un clima social que desconfía de las instituciones y mira con desdén a las empresas, no es extraño que a ratos seamos presa del populismo, ignorancia o frivolidad. Con todo, ese es el escenario que hay y creo las empresas tienen un deber, como también tenemos los ciudadanos, de intentar revertir ese proceso. Y en dicho propósito debemos doblegar nuestros esfuerzos por entendernos, acercarnos y comprender la preocupación de los otros, aunque no necesariamente las compartamos.

Más que el resultado, es el proceso mismo lo que importa, ya que no solo se nos exigen que tomemos decisiones correctas, sino que también lo hagamos correctamente, que no es necesariamente lo mismo.

¿Cuáles cree que son las mejores estrategias para que la industria acuícola se acerque al mundo político?

A diferencia de antaño, creo que debemos invertir en mayor audacia y coraje, pero también en más transparencia y verdad. Me gustaría ver a los principales líderes de la industria acuícola debatiendo públicamente, haciendo ver su posición sin miedos o vergüenzas, reclamando por acciones que no sea percibidas como excepciones, salvavidas o privilegios; poniendo los puntos importantes en la discusión, pero también receptivos a escuchar y entender las preocupaciones de otros hacia esta actividad.

Se acabó el momento de esconder la cabeza, suponer que la tormenta pasará y esperar a que las cosas mejoren. Hoy es la época en que debemos exponernos, dar razón de nuestros dichos y generar una interlocución abierta que contribuya a una mayor confianza, aunque esto signifique inicialmente malos ratos o incomprensiones.

La industria acuícola destaca como rasgos positivos de su accionar la alta empleabilidad y/o los aportes realizados a municipios a través del pago de patentes. ¿Cree que esto es suficiente para mantener buenas relaciones con las comunidades y/o autoridades?¿Qué más se podría realizar?

Definitivamente no, y algo de esto ya lo comenté en una respuesta anterior a propósito del valor público y privado que deben generar las empresas. La empleabilidad o el pago de impuestos es un “desde”, el que no resulta suficiente para sortear la relación con la comunidad, ni tampoco alcanza para recuperar la confianza perdida durante estas décadas.

Lo que está en juego no es la legalidad sino la legitimidad para operar. Y en ese esfuerzo, el trabajo con las comunidades no solo debe ser más permanente, sino también más orientado a comprender los beneficios mutuos de una alianza que pone el foco en el rol de las empresas en el desarrollo del país y sus habitantes.