Con el voto en contra del senador Carlos Ominami, la Comisión de Hacienda aprobó ayer martes 1 de diciembre la norma que permitirá que las concesiones acuícolas puedan ser entregadas bajo garantía a los bancos. De este modo, la instancia que preside la senadora Evelyn Matthei, retomó el estudio del proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) que cumple su segundo trámite.

Es necesario hacer presente que debido a la tramitación de la Ley de Presupuesto y de varios otros proyectos que venían con urgencia, la comisión no había podido abordar la iniciativa que establece un marco regulatorio para la acuicultura. Por ello, ayer se retomó el estudio del proyecto con la intención de poder despacharlo durante este mes.

En esa  línea, y con el voto de mayoría de la comisión se despacharon una serie de normas en los mismos términos que lo hizo con anterioridad la comisión de pesca.

La senadora Evelyn Matthei dijo que entre otras materias "se aprobó el plazo de 25 años que tendrán las concesiones acuícolas con la posibilidad de renovarlas por otros 25 años y la norma que establece el carácter hipotecable de las mismas".

Respecto a la disposición que contempla las causales de caducidad de la concesión, entre ellas, las prácticas antisindicales, la parlamentaria aclaró que este tema quedó pendiente para hoy miércoles.

Este es el punto más polémico de la iniciativa ya que se amplían las sanciones de caducidad de las concesiones acuícolas a las empresas subcontratistas, de modo que si ellos incurren en prácticas antisindicales y son sancionados tres veces en tres años por los tribunales laborales también será causal de pérdida de la concesión.

En tanto, el senador Carlos Ominami, justificó su voto en contra respecto al carácter hipotecable de las concesiones porque "creo que se abre paso a la privatización y es un tratamiento específico y discriminatorio contra un sector que, por lo demás, ha tenido serios problemas en su comportamiento ambiental, laboral y productivo".

Agregó que esta norma que permite la entrega de las concesiones en garantías a los bancos "no tiene justificación y significa una suerte de privatización de un bien de uso público, porque las entidades financieras podrán rematarlas en un plazo de tres años si los titulares no pueden explotarlas directamente".

Puntualizó que "eso significa que finalmente será una entidad bancaria la que comenzará a administrar las concesiones acuícolas".

En lo fundamental, la iniciativa que modifica la ley de pesca en materia de acuicultura establece la zonificación del borde costero y dispone que las áreas apropiadas para la acuicultura deberán ser compatibilizadas y se suspenderá el otorgamiento de concesiones en las áreas que la zonificación declare incompatibles con la acuicultura.

Asimismo se indica que la relocalización deberá cumplir con los demás requisitos de una solicitud, y someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, respectivo.

Además, con el sólo mérito del informe de la Autoridad Marítima se modificarán las áreas apropiadas para la acuicultura excluyendo los sectores que correspondan al acceso a caletas de pesca artesanal, atracaderos o áreas de seguridad de embarcaciones menores.

De este modo, ya no existirán áreas de manejo sanitario sino agrupaciones de concesiones y se establece que ellas no limitarán otras actividades como la pesca, las áreas de manejo de recursos bentónicos, la libre navegación, el turismo ni los derechos de los pueblos originarios.

El proyecto establece que en ningún caso las concesiones de acuicultura otorgan dominio sobre las aguas ni el fondo marino y la actividad deberá desarrollarse en forma armónica y sustentable con otras actividades en el borde costero.

Por otra parte, se dispone una limitación del 20% para acceder al otorgamiento de concesiones por una misma persona a fin de evitar la concentración.

Cambio a norma laboral

En tanto, y según informa Estrategia, conscientes en el Ejecutivo de que genera rechazos en la mayoría de la comisión, ayer incluyó esta materia en las indicaciones que presentó para modificar el proyecto. En lo específico, mantuvo la idea aprobada por la comisión de Pesca, de vincular lo laboral a la caducidad, pero especificó que ocurrirá cuando haya tres sentencias, en tres ciclos productivos continuos. El cambio más importante es que agregó que se podrá recuperar la concesión, en el caso de que exista un informe de la Dirección del Trabajo que acredite que posteriormente hubo una conducta irreprochable.