En el marco del estudio del proyecto, en primer trámite, que busca traspasar competencias a los gobiernos regionales y que será analizado por la Comisión de Gobierno hoy martes 6 de marzo, entre las 12:00 hrs. y las 13:30 hrs., el integrante de la instancia Andrés Zaldívar anticipó que la problemática de Aysén se incorporará en dicha discusión.

El parlamentario coincidió con el presidente de la Comisión de Zonas Extremas, Jaime Orpis, en que Chile debe darle prioridad a las políticas que apunten a fortalecer las áreas más apartadas del país.

Cabe recordar que la instancia sobre Gobierno Interior visitó la Región de Magallanes a fines del pasado enero para estudiar, junto con autoridades locales y nacionales, la iniciativa del Ejecutivo sobre fortalecimiento de la regionalización del país.

Al respecto, el senador Zaldívar comentó que "seguramente el tema de Aysén saldrá en la discusión del proyecto sobre fortalecimiento de la regionalización de Chile y creo que sensibilizará aún más la necesidad de legislar, sobre todo, que exista una política de apoyo a las zonas extremas, que permita, entre otros, más conectividad y comunicación entre sus habitantes".

Añadió que "el Senado debe preocuparse en vista que analizará este proyecto de plantear incluso un fuerte apoyo a las zonas extremas y que no solo sea una política de parche o de beneficios mínimos".

El parlamentario recordó que "en Argentina existe una política clarísima respecto de la Patagonia e incluso hay territorios que no pagan impuestos durante 15 o 20 años. Es decir, hay que estudiar en Chile una política de fondo y no solo abordar el tema de la regionalización o la descentralización del país, sino dentro de estas, debe haber una política especial para las zonas extremas que se encuentran hoy muy vulnerables y necesitan todo el apoyo".

En tanto, el senador Jaime Orpis, quien integrará la Comisión de Gobierno a partir de este mes de marzo, dijo que la instancia "deberá analizar el trato que debe tener el Estado hacia las zonas extremas, que no necesariamente es similar a lo que ocurre en el resto de las regiones del país. Lo clave en este esquema es que no solo haya una descentralización política, sino también administrativa, especialmente, traspasar las competencias hacia las regiones más apartadas".

Enfatizó que "ellas deben tener mayores niveles de autonomía debido a que sufren de un gran aislamiento y la idea que es puedan gestionar sus propios recursos y resolver sus problemas locales".

Sostuvo que "este país es tremendamente centralista, y cuando eso pasa, el grueso de las decisiones están radicadas en el poder central  y todo se vuelve más burocrático. Por lo tanto, se hace más urgente operar con el traspaso de competencias hacia las zonas extremas".

El legislador anticipó que "es probable que cite a la Comisión de Zonas Extremas para este miércoles 7 de marzo, porque estudiaremos el proyecto que viene desde la Cámara de Diputados y que apunta a establecer incentivos especiales a dichas áreas del país y en que el Ejecutivo se ha comprometido colocarle suma urgencia".

Gobiernos regionales

El proyecto que modifica la ley orgánica constitucional sobre Gobierno y administración regional, busca fortalecer la regionalización del país. Asimismo, faculta a los gobiernos regionales para desarrollar sus competencias, funciones y atribuciones, tanto de forma directa como con otros órganos de la administración del Estado.

También, la iniciativa del Ejecutivo establece nuevas funciones de los gobiernos regionales, en asuntos relacionados con el diseño e implementación de políticas públicas, fomento productivo, desarrollo social y cultura y de ordenamiento territorial, entre otros.

Acerca de las Secretarías Regionales Ministeriales, estas tendrán un nuevo perfil debido a que dejan de ser organismos que ejecutan las políticas y proyectos regionales. De igual manera, los seremis deberán serán los encargados de supervisar la correcta aplicación de las políticas nacionales en las regiones respectivas.

A su vez, los Consejos Regionales incorporarán nuevas atribuciones, especialmente, en materias fiscalizadoras. Así, este podrá requerir del Ejecutivo regional información para desempeñar dichas tareas, y el intendente deberá responder dentro de un plazo de veinte días.

Fuente: PESCA al día