El subsecretario de Medio Ambiente, Ricardo Irarrázabal, adelantó al Diario Financiero que el nuevo reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que está próximo a ser ingresado a la Contraloría General de la República para su toma de razón y posterior publicación, incluye tres importantes cambios entre los que se considera la participación de las comunidades indígenas, cumpliendo así con el Convenio 169 de la OIT.
Irarrázabal explicó que "sacar adelante este reglamento ha sido un macroejercicio de coordinación en el Estado con todos los ministerios y servicios que participan, pero también en el proceso han podido participar las ONGs y los gremios. Ha sido un proceso complejo y transparente hacia la comunidad; incluyendo los procesos de consulta pública".
Asimismo, indicó que los plazos se han ido cumpliendo según lo establecido por la autoridad "esperamos poder ingresar en el primer semestre de este año a la Contraloría el reglamento del SEIA".
Ahora corresponde que se reúna el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad que deben pronunciarse sobre el reglamento. Luego debe ser firmado por el presidente de la República, enviado a la Contraloría para la toma de razón para posteriormente ser publicado en el Diario Oficial y entrar a regir.
Los cambios
Irarrázabal destacó que "acá se vienen modificaciones importantes en cuanto a temas de participación ciudadana en caso de declaración de impacto ambiental en lo que respecta a las addendas, cuando hay modificaciones sustanciales en los proyectos y la participación ciudadana en el caso de que haya comunidades indígenas involucradas, se mejoran los estándares de su participación según indica el Banco Mundial y otros organismos".
En cuanto a la mejora en los niveles de gestión precisó que "en vez de que existan múltiples addendas, como en la actualidad, ahora se limitan a tres. Y respecto a las exigencias, cuando una Evaluación de Impacto Ambiental no cumple con algunos requisitos esenciales, se permitirá rechazarlo en forma temprana".
Lo anterior se produce justo en momentos en que luego de que el pasado 27 de abril la Corte Suprema ratificara la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que acogió el recurso de protección interpuesto por la Comunidad Agrícola Diaguita de los Huascoaltinos, que paralizó el proyecto minero El Morro, mientras no se realicen las consultas a las comunidades indígenas. Son tres más los proyectos que podrían verse frenados bajo el mismo principio en la zona cercana a Huasco.
De un lado, tanto el sector minero como el energético piden mayor claridad respecto de cómo aplicar el Convenio 169 de la OIT y, del otro, se anuncian nuevas acciones tendientes a frenar proyectos. De ahí que se espere que el nuevo SEIA genere luces en esta materia.
