En el marco del estudio sobre una posible modificación a los límites del Parque Nacional Bernardo O´Higgins, ubicado entre las regiones de Aysén y Magallanes, con el propósito de viabilizar el sector de la salmonicultura, la Comisión de Medio Ambiente del Senado acordó oficiar al ministro de Economía, Pablo Longueira, para que explique la postura del Ejecutivo respecto del uso de aguas correspondientes a zonas protegidas para el sector acuícola-pesquero.
Así lo informaron la presidente e integrante de la instancia, senadores Soledad Alvear y Antonio Horvath, respectivamente, quienes manifestaron su conformidad con lo expresado por la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, sobre la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) y la Convención de Washington, en torno a que "no pueden hacer uso de las aguas de parques nacionales para fines de pesca o salmonicultura".
Al respecto, la senadora Alvear sostuvo que "sin embargo, me preocupa la posición del subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, quien afirmó públicamente que se llamará a concesión para dicho fin. A su vez, la ministra de Bienes Nacionales ha dicho que la opinión del Presidente de la República es respetar lo que expresa tanto la LGPA como la Convención de Washignton, que son claros en sostener que no se pueden hacer uso de esas aguas".
Añadió que "como existe un criterio distinto con la Subsecretaría de Pesca (Subpesca), la Comisión de Medio Ambiente acordó oficiar al ministro de Economía, Pablo Longueira, con el objeto de aclarar esta situación y exigir el cumplimiento de nuestra normativa actual que establece que en caso de producirse alguna modificación por alguna razón, esto debe hacerse por vía legislativa, es decir, tiene que pasar por el Congreso".
Áreas silvestres protegidas
En tanto, el integrante de la instancia, senador Antonio Horvath, recordó que "el tema se produce porque en nuestra zona austral, en la Patagonia chilena, la mitad del territorio está bajo el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado. O sea, los parques, reservas o los monumentos nacionales, entre otros".
El congresista informó que "cuando esos decretos se hicieron, principalmente en los años ´80, no se tomaron en cuenta algunas comunidades o actividades pesqueras artesanales que se desarrollaron con mucha antelación".
Enfatizó que "tenemos súper claro que ante pretensiones de entregar en otras partes del país, incluso derechos de aguas o concesiones de aguas dulces o fluviales dentro de las zonas protegidas, esto no es posible por la aplicación de la Convención de Washington de 1967, de la cual Chile es parte y además así lo ha sancionado tanto la Contraloría como la Corte Suprema de nuestro país".
El legislador puntualizó que "lo que haremos en las comisiones de Medio Ambiente y también en la de Pesca, será revisar dónde se han realizado actividades previas a estos nombramientos y qué planos se utilizaron en su minuto para hacer los ajustes necesarios. Eso no significará que vamos a modificar o intervenir las áreas protegidas por el Estado, sin hacer un proceso legislativo previo, como lo exigen estos acuerdos internacionales, como la Convención de Washington de 1967, del cual Chile es parte", concluyó el senador por la Región de Aysén.
Fuente: AQUA y PESCA al día
