Entregaron un documento que esperan desarrollar en reuniones durante el segundo semestre del año.

En la región de O’Higgins se conformó la sexta de estas comisiones en el país, que tendrá la labor de revisar los planes propuestos por las organizaciones de pesca al momento de postular al uso por 30 años de estos asentamientos costeros para impulsar nuevos ingresos en beneficios del sector y la economía local.

«Estamos dispuestos a que la regulación de la industria sea cada vez mayor», aseguró el nuevo timonel del gremio.

La destinación de la caleta por 30 años contrasta con las concesiones a un plazo de diez años que podían obtener los pescadores bajo el actual régimen.

La empresa puso foco en el consumo humano y la pesca de arrastre.

La acción se sustenta fundamentalmente luego de la denuncia presentada por Sernapesca, organismo sectorial que confirmó que la empresa adulteró el suelo marino en uno de sus centros de cultivo.

El dirigente del personal embarcado y consejero nacional de pesca llamó al Ejecutivo a que respalde el proyecto de un grupo de diputados de distintas bancadas que aplaza en 24 meses la entrada en vigencia de la ley que elimina a la pesca industrial de la captura de la jibia.

Esta legislación permite a las pescadoras y pescadores ampliar las vías de generación de ingresos y diversificar el «giro comercial» de sus actividades.

El foco está puesto en la alimentación saludable.