(La Tercera) De acuerdo con los datos entregados por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), entre 2010 y 2013 se rechazaron 114 iniciativas por deficiencias en su presentación. La mayoría de ellas pertenece a los sectores de minería, energía, saneamiento ambiental, pesca y acuicultura, por un monto de US$3.162 millones.

En el mismo período, además, fueron aprobados 3.504 proyectos, cuya inversión asciende a un total de US$107.637 millones.

El rechazo de las iniciativas se realiza en línea con la Ley 20.417, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, que incorpora como mecanismo de control de la información la facultad de poner término anticipado a un procedimiento administrativo.

Dicha decisión puede ser tomada de acuerdo a dos causales: la falta de información relevante o esencial (IRE), que puede aplicarse a las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), y a los Estudios de Impacto Ambiental (EIA); o por la necesidad de someter el proyecto a evaluación mediante un EIA, cuando fue presentado como DIA.

Por ejemplo, podría entenderse que falta información relevante si la descripción de una central hidroeléctrica no expresa de manera adecuada cómo será la represa o si una iniciativa minera no detalla la forma de extracción del mineral.

Menor confiabilidad

El director del SEA, Ricardo Irarrázabal, explica que antes de realizarse el procedimiento de término anticipado, los impactos significativos de los proyectos surgían durante el proceso de evaluación ambiental, lo que remataba en que se judicializaran o aumentara su período de tramitación, ya que los titulares debían realizar numerosas adendas. “Cuando aumenta el plazo de la evaluación ambiental, la conflictividad con la ciudadanía crece. No se genera una relación de confianza”, comentó.

“Si no se resolvía eso en etapa temprana, al final era una especie de muerto que se cargaba por toda la evaluación ambiental hasta el final, y se obligaba al aparato del Estado a hacerse cargo con todas las complejidades, porque no se señalaron los impactos significativos al principio”, agregó.

Irarrázabal sostiene que pese a que predominan los buenos proyectos, se han registrado casos con deficiencias. “Muchas veces, por estrategia, se guardaba información para ir soltándola de a poco durante la evaluación ambiental. No queremos estrategias de ese tipo, queremos que desde el primer día se presenten todos los impactos que puedan ser evaluados correctamente por los servicios con competencia ambiental”, concluye.

“Hay algunos temas que pueden ser mejorados por las propias industrias, entre ellos, la calidad de los estudios de impacto ambiental. Muchos proyectos no están a la altura ni de los requerimientos de un país como Chile, ni de las capacidades de las empresas que los presentan”. Con esas palabras, el Presidente Sebastián Piñera realizó –en el marco de la cena anual del Consejo Minero– un llamado al sector privado para perfeccionar la tramitación ambiental de sus iniciativas.

Ello, en un contexto de creciente judicialización, en que iniciativas como las eléctricas Hidroaysén y Punta Alcalde, y las mineras Pascua Lama y El Morro, han entrado en conflicto con comunidades y grupos ambientalistas, que en algunos casos concluyeron en su paralización tras el dictamen de un tribunal.