Nueva Ley de Investigación y Desarrollo (I+D) triplica las inversiones de las empresas chilenas
(El Mercurio) 2013 fue un año de consolidación para la nueva Ley de Investigación y Desarrollo (I+D): entre enero y diciembre, 75 proyectos fueron certificados bajo la normativa, sumando iniciativas por $19.237 millones.
Desde que entró en vigencia la nueva ley -en septiembre de 2012-, el monto asciende a $23.956 millones, superando en más de tres veces los beneficios acogidos bajo la norma antigua -que estuvo vigente entre 2008 y 2012- y que ascendió a $7.275 millones.
«Lograr este hito se debe principalmente a una serie de modificaciones que se realizaron a la ley, flexibilizando su operación y permitiendo que ésta pueda ajustarse a la realidad de cada empresa que quiera llevar a cabo actividades de investigación y desarrollo, con mucho menos restricciones», explica Hernán Cheyre, vicepresidente ejecutivo de Corfo.
Pese a que en el sector privado existe una muy buena valoración de esta ley, la investigación y desarrollo en el país representa sólo el 0,5% del PIB, mientras que en economías desarrolladas, la relación llega al 2,3%.
Positiva proyección
Cheyre comenta que cerca de un tercio de los proyectos certificados se concentró en el último trimestre del año, porque muchas empresas hicieron el esfuerzo por presentar sus iniciativas con el fin de que fueran certificados dentro de 2013 y, con ello, poder aplicar los beneficios tributarios en la Declaración Renta 2014. Sin embargo, varias de estas solicitudes no se alcanzaron a aprobar el año pasado, por lo que esperan que en el próximo año la cifra sea aún mayor.
Según las estimaciones de Corfo, actualmente se están evaluando un total de 50 solicitudes de certificación, lo que implica 171 proyectos, por más de $57 mil millones. Lo anterior, sumado a 255 manifestaciones de intención de acogerse a la Ley de I+D presentadas bajo esta modalidad, las cuales a partir de marzo 2014 deberían comenzar a formalizarse en solicitudes de certificación de proyectos, por un monto estimado de $95 mil millones, precisa Cheyre. «Tenemos muy buenas expectativas de lo que podrá registrar la ley este 2014», dice.
En cuanto a sectores, Pesca y Acuicultura y Silvicultura han presentado un mayor número de certificaciones. Entre 2008 y 2013, el primer rubro concentró 48 proyectos, mientras que el segundo certificó 28.
Respecto de los montos, el sector agropecuario es el que tiene la mayor concentración, con 19%. Si se considera sólo 2013, la industria medioambiental lideró, y se acogió a beneficios por $4.725 millones.
«Hay sectores que, por sus características, requieren estar permanentemente innovando e invirtiendo en I+D, porque éste es un elemento clave para mantenerse en mercados globales, que son cada vez más exigentes y competitivos (…) Respecto de los sectores más participativos -pesca y acuicultura y el silvícola -, es esperable esta tendencia, dada la estructura productiva del país y los mercados cada vez más exigentes a los que se enfrentan», precisa Cheyre.
Las cifras revelan, eso sí, una alta concentración en torno a la capital del país. El 48% del número total de certificaciones pertenece a la Región Metropolitana, seguida por Los Lagos, con 21%, y Biobío, con 12%.
«Dado el esfuerzo que Corfo ha hecho en la difusión de la ley, tenemos la expectativa de que esta situación se revierta y que un número importante de nuevas empresas que la usen correspondan a regiones», dijo.
Los cambios que introdujo la normativa
La nueva normativa entró en vigencia el 7 de septiembre de 2012. En concreto, el beneficio tributario permite a las empresas rebajar, vía impuestos de primera categoría, el 35% de los recursos destinados a I+D, y el 65% restante se puede descontar como gasto necesario para producir la renta, independiente del giro. La normativa introdujo tres cambios centrales:
Intramuros: Es la posibilidad de aplicar los beneficios tributarios sobre los gastos que las empresas realizan internamente en I+D o contratando a terceros, sea o no un centro inscrito en el Registro Corfo.
Aumento de crédito tributario: Se aumentó el monto anual al que las empresas tendrán derecho como crédito tributario, desde cinco mil UTM a 15 mil UTM. Además, se eliminó el requisito de que el crédito tributario no puede ser superior al 15% del ingreso bruto anual de la empresa.
Certificación posterior: Las empresas tienen la posibilidad de solicitar la certificación de sus actividades de I+D luego de haber iniciado sus proyectos y gastos. Para ello, deberán dar aviso de intención de acogerse a la ley y tendrán un plazo de 18 meses para presentar la solicitud formal.
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