(El Pulso) Un escenario con nuevos requerimientos y mayor información es a lo que tendrá que atenerse el sector salmonicultor. Es que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) amplió la fiscalización sobre el rubro, instruyendo a varias de las principales compañías que están listadas en Bolsa a entregar detalles finos sobre su negocio y sus deudas.

La semana pasada, la SVS inició esta labor oficiando a empresas como AquaChile, Australis Seafoods, Blumar, Camanchaca, Invermar y Multiexport Foods. A todas estas les pidió una serie de información adicional a la reportada en sus estados financieros, destacando entre los aspectos más relevantes una estratificación con plazos y montos de sus acreencias vencidas y las que están al día.

En ambos casos, el regulador solicitó desglosar los montos según los plazos de los días vencidos y fechas de pago, según corresponda, identificando el rubro al que corresponden sus proveedores, ya sea de insumos, control sanitario, alimentos, entre otros.

Al mismo tiempo, la SVS solicitó a las compañías un detalle fino respecto de cómo se distribuyen los distintos productos en sus ingresos, estratificando por zona geográfica el destino de ventas de cada uno de estos.

A lo anterior se suma una serie de otros antecedentes. Con respecto al inventario de las compañías, estas tendrán que detallar la composición de los productos terminados al cierre de cada ejercicio, incluyendo su tipo, la unidad de medida, cantidad y monto.

Toda esta información tendrá que ser considerada en los estados financieros correspondientes al ejercicio 2013.

Contexto difícil

Los requerimientos del regulador de valores se dan en un escenario delicado para la industria, la cual aún no se recupera de la crisis del virus ISA de 2007, cuya principal implicancia ha sido un alza en los costos de producción de las compañías luego de nuevas exigencias sanitarias.

De hecho, con cifras al tercer trimestre, de las empresas mencionadas solo Blumar e Invermar no muestran alzas en sus costos de ventas (aunque con menores ingresos); mientras que el resto exhibe importantes variaciones. AquaChile, por ejemplo, evidenció a septiembre un aumento del 70% en sus costos de ventas, con ingresos que subieron 51,5%.

Esta situación se ha traducido en resultados negativos para la industria. Considerando el mismo periodo y con excepción de Invermar y Multiexport Foods, que tuvieron utilidades de US$3,7 millones y US$1,4 millones, el resto de las empresas han arrojado pérdidas.

Con este panorama, el sector se ha enfrentado a la complejidad de reducir sus pasivos con sus acreedores, tarea difícil y que tiene a varias empresas interesadas en renegociar sus deudas con la banca, como lo comunicó Invermar en diciembre pasado.

Fiscalización sectorial

Este tipo de supervisión focalizada de la SVS ya se ha visto en otras industrias. El primer paso lo dio en el retail.

En enero del año pasado y aún con la efervescencia de los efectos ocasionados por el Caso La Polar, la SVS ofició a los retailers locales a detallar sus carteras repactadas, incorporando además indicadores como el promedio de pagos y cobros. El requerimiento despertó el rechazo de Falabella, que recriminó al regulador el hecho de que en otros países no se exige ese nivel de información, incluso en mercados desarrollados.

Ese mismo mes, y coincidiendo con la discusión en torno a la existencia de una burbuja inmobiliaria, el regulador le pidió a las empresas del sector constructor e inmobiliario detallar el stock (en montos y unidades) de la oferta; así como los montos facturados, unidades vendidas, promesas de compra, entre otros antecedentes relativos a la demanda.