(El Mercurio) A continuación reproducimos una columna de opinión publicada en el diario El Mercurio y escrita por la abogada María Angélica Alegría Calvo, quien “plantea la necesidad de discutir la viabilidad y la legalidad de este tipo de industria en las riberas de lagos y eventualmente regular la actividad en cuestión, a fin de cumplir con el principio preventivo que inspira la regulación ambiental chilena”:

“La salmonicultura en Chile ha tenido un desarrollo accidentado. En efecto, el año 2007 comenzaron a generarse los primeros brotes del virus ISA en la Región de Los Lagos, el cual generó una crisis de proporciones.

Esta crisis, según expertos, se debió a la ausencia de medidas efectivas de regulación ambiental, a procesos de evaluación ambiental que no guardaban relación con el verdadero impacto de la industria en los sistemas acuáticos, a la ausencia de fiscalización y sanción eficaces, a un desconocimiento y desregulación relativa a compuestos que se utilizan en la salmonicultura, a un desconocimiento sobre las característica biológicas y geológicas de los ambientes acuáticos que afectan, a la ausencia de medidas de bioseguridad, al exceso de manipulación de los peces, a la escasa preparación técnica y científica de quienes debían dar respuesta ante las crisis, a la falta de tratamiento de las aguas residuales y a la excesiva proximidad entre los centros de cultivo, entre otras causas. De hecho, la forma en que se abordó la crisis del virus ISA también ha generado críticas, debido especialmente a la gran cantidad de antibióticos utilizados.

Si bien el virus ISA pareciera ser una enfermedad propia del salmón Atlántico, hay otras enfermedades como la caligidosis y la Septicemia Rickettsial Salmonídea (SRS) que pueden afectar a cualquiera de las especies cultivadas en Chile, enfermedades que siguen existiendo en la Región de Los Lagos, lo que ha provocado administración de pesticidas en forma oral a través de pellets de alimentos o mediante ‘baños’, marcados por la falta de estudios acerca de sus impactos y la falta de control en cantidad y frecuencia en la administración, usándose productos que en otros países están prohibidos o restringidos, como la cipermetrina, que Canadá se comprometió a no usar desde 2010 debido a sus efectos degradantes sobre los recursos bentónicos. De hecho, hay estudios según los cuales la autoridad habría aprobado, mediante declaraciones de Impacto Ambiental, el uso de cantidades de antibióticos realmente insospechadas.

En la actualidad no se pueden otorgar nuevas concesiones de acuicultura en los cuerpos lacustres, limitación expresamente recogida en la Ley de Pesca, debido a la fragilidad de estos sistemas. Sin embargo, se ha abierto una nueva proyección de piscicultura en tierra en las riberas de estos cuerpos lacustres, que succiona y descarga aguas del mismo cuerpo. En efecto, existe un proyecto de piscicultura a la orilla del lago Rupanco de gran magnitud, consistente en la producción de 700 toneladas de smolts, con succión de 3.000 litros por segundo desde el lago.

A pesar de la fragilidad de su ecosistema, el cual sufrió masivos episodios de mortalidad el año 2010, preocupa que la autoridad ambiental no haya analizado adecuadamente diversas aristas. De hecho, no se analizaron los efectos que generaría la succión de los 3.000 litros por segundo en la biota acuática, mediante un ducto de más de un metro de diámetro, lo que es prácticamente insólito, teniendo en cuenta otros precedentes de evaluación y el hecho de que presentara una Declaración y no un Estudio, descartando la posibilidad de mitigar, compensar o reparar.

No hay un desarrollo ni un pronunciamiento sobre los potenciales efectos de las descargas en fauna acuática, ya que no se abordan diversos componentes ambientales propios de estas industrias como el amonio o el cloro libre residual, y la afectación de un sector netamente turístico, cuya recuperación y resguardo ha sido una preocupación constante de quienes viven en el sector, de quienes administran el territorio y de los grupos ambientalistas de la localidad.

Todo lo anterior plantea la necesidad de discutir la viabilidad y la legalidad de este tipo de industria en las riberas de lagos y eventualmente regular la actividad en cuestión, a fin de cumplir con el principio preventivo que inspira la regulación ambiental chilena”.