La Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) manifestó su sorpresa ante las declaraciones de algunos representantes de pequeñas y medianas (pymes) pesqueras referidas a la presentación de un grupo de senadores que ingresarían una indicación en el proyecto de ley de Reforma Tributaria para eliminar subsidios a los industriales.

El gerente de la Asociación Gremial de Pequeños y Medianos Empresarios Pesqueros (Pymepes), Alfredo Irarrázaval, explica que los argumentos para apoyar esta moción es que apunta a terminar con la diferencia que pagaron en promedio sus asociados en la licitación del 1% del jurel ocurrida este año que, según sus declaraciones, “ascendió a $52.524 por tonelada en contraposición con lo pagado por la industria pesquera que ascendió a solo $12.118 por tonelada”.

Irarrázaval afirma que “tal como lo han entendido los senadores, este impuesto específico se contradice con el interés del Gobierno de contar con una ley de equidad tributaria que provea recursos frescos para terminar con las desigualdades en el país”, y agrega que si “se proyecta lo sucedido con el jurel a la cifra de 1.500.000 toneladas de pesca de la gran industria, esta recibe un subsidio encubierto del orden de US$110 millones”.

En respuesta, el gerente general de la Sonapesca, Héctor Bacigalupo, manifestó que desean conocer en detalle la indicación porque, de acuerdo con sus declaraciones a AQUA, la información emanada de algunos representantes de las pymes “está llena errores, que esperamos puedan ser debidamente corregidos por los senadores antes de patrocinar una idea como esa”.

En primer lugar, aseveró Bacigalupo, es preciso aclarar que el sector de la pesca industrial nunca ha recibido subsidios, debiendo enfrentar siempre sus operaciones pesqueras, así como las diversas etapas de crisis y fusiones con recursos propios. “Estamos de acuerdo con esta política, porque está demostrado que los subsidios en la pesca atentan contra la sostenibilidad de los recursos. Por esto, el sector industrial siempre se ha opuesto a los subsidios”. En este sentido, ahondó el ejecutivo, las declaraciones tienen un error conceptual porque habla de eliminar subsidios que no existen.

“Las declaraciones realizadas mencionan que los montos serían de US$140 millones y entrega antecedentes que demuestran la falta de rigor y veracidad conque se habría realizado el cálculo. Argumentan que las pymes pagaron un precio mayor que la industria por el jurel y luego lo multiplican por 1.500.000 toneladas, cuando la cuota industrial de jurel es de solo 250.000 toneladas. Esto muestra la falta de seriedad de este planteamiento, que no vale la pena seguir profundizando”, argumentó el representante de la Sonapesca.

De igual manera, sostuvo que las pymes también licitaron anchoveta y sardina común, pero por estas especies pagaron un tercio de lo que pagaron por jurel. “Esto es extraño, porque ellos tienen la obligación de destinar estos recursos a consumo humano, según lo estableció la ley, lo que es posible de hacer en volúmenes bajos, con ejemplares de tallas mayores, posibles de absorber por los mercados”, enfatizó.

Finalmente, dijo que como gremio industrial están seguros que “cuando los senadores analicen esta situación, con las cifras reales, difícilmente van a patrocinar una iniciativa de este tipo”.

Indicación

Cabe recordar que según establece la indicación, “la forma de cálculo de este impuesto es inadecuado en su formulación pues que no permite recaudar la renta que le pertenece a todos los chilenos e impide una asignación eficiente de estos recursos naturales escasos, los que deben ser explotados por quien más los valore”. Actualmente ese impuesto está fuertemente determinado por lo pagado el año anterior, monto que históricamente ha sido bajo.

Al no estar este impuesto correctamente indexado al valor real de los recursos, se introducen efectos indeseados: “Inequidad en el pago entre tendedores de licencias A (grandes empresas pesqueras) y B (eventuales nuevos actores), pues por el mismo bien pagarán distinto; y se entregan incentivos para la manipulación de los precios de las subastas (licitaciones)”, pudiendo generar conductas estratégicas de los titulares de licencias clase A tendientes, por ejemplo, a limitar la entrada de nuevos actores al mercado pesquero.

Por lo anterior, la presentación estipula que “la ley propone cambiar la fórmula de cálculo del impuesto específico indexándolo al valor de sanción (valor de mercado) y que estará dado en el futuro por los precios pagados en las subastas de las licencias clase B”. Este impuesto específico será de competencia del Servicio de Impuestos Internos (SII) y se regirá por las disposiciones del Código Tributario.