Pese a las visiones contrapuestas de los legisladores, hoy martes se aprobó en el Senado –por 18 votos a favor, diez en contra y dos abstenciones– la prórroga por seis meses para la entrada en vigencia de la obligación de instalar dispositivos de posicionamiento automático en el mar, respecto a embarcaciones pesqueras artesanales, que debía comenzar a regir en febrero, pero que se hará efectiva desde el 9 de agosto.

El texto legal será enviado a la Cámara de Origen sin modificaciones, por lo que prontamente se convertirá en ley.

La moción en segundo trámite constitucional tiene como argumento de fondo el otorgar más plazo para los pescadores artesanales, lo que finalmente redundará en evitar la invasión de pescadores de otras regiones, la competencia desleal en este rubro, la localización de los pescadores artesanales, entre otros; no obstante, parte de los senadores replicó que no se requiere de una prórroga para que comience a regir la norma.

El proyecto hace presente que la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), modificada el año 2013, contempló que las naves de doce o más metros de eslora deberán contar con posicionador satelital (GPS, por su sigla en inglés) que permita una más rápida y segura ubicación de la misma y destaca “que la medida implica un gasto adicional al costo de operación de la nave, transformándola en una carga que difícilmente los armadores pesqueros artesanales están en condiciones de soportar”.

Problemas económicos

Durante el debate hicieron uso de la palabra los senadores, Eugenio Tuma, Jacqueline Van Rysselberghe, Hernán Larraín, Andrés Zaldívar, Juan Pablo Letelier, Antonio Horvath, Alejandro García Huidobro, José García Ruminot, Rabindranath Quinteros, Juan Antonio Coloma, Alejandro Navarro, Carolina Goic, Patricio Walker, Carlos Bianchi, Alfonso De Urresti, Alejandro Guillier e Ignacio Walker.

“Este posicionador ha tenido sectores renuentes a instalarlo, por diferentes razones, pero básicamente por razones económica”, argumentó el senador Tuma, para quien es fundamental el contar con el dispositivo para evitar que se penetre en zonas prohibidas para pescar y aclaró que respalda la moción porque tras esta prórroga “no habrá más excepciones”.

Por su parte, la senadora Van Rysselberghe valoró que estos seis meses de prórroga coincidirán con el pago de las patentes pesqueras y “el posicionador puede ser descontado de este desembolso”; asimismo hizo presente los serios problemas de violencia que han surgido entre regiones por no respetar los límites establecidos, por lo que llamó a adoptar acuerdos pacíficos.

Prórroga 

No obstante, para el senador Larraín, el otorgar una prórroga “me parece injusto, llevamos demasiado tiempo esperando. (…) El Maule y muchas regiones sufren problemas, hasta de violencia, y la única forma de detenerlo es con el posicionador”. El legislador recordó años atrás ya había presentado proyectos en esta línea, que recién se consolidó en 2013 con la LGPA.

El efecto positivo del dispositivo satelital en las embarcaciones industriales fue recordado por el senador Zaldívar, por lo que valoró su instalación en la pesca artesanal. “Para los pescadores de la Región del Maule es uno de los temas más importantes que nos han hecho presente, más aún con la escases de la cuota y la invasión de otras regiones lo que se traduce en una situación de desmedro”, comentó.

A su turno, el senador Letelier coincidió con los argumentos del senador Larraín y añade que “el que se diga como argumento que es una instalación muy cara, me cuesta mucho aceptar”, pero aclaró que entiende que hay problemas en la pesca artesanal, “desde que se aprobó la LGPA” por lo que llamó a introducir una indicación para que quien no cumpla la ley pierda el derecho de pescar.

Zonas ilegales

Pesca artesanal. (Fuente: Editec)El senador Horvath también recordó el origen de esta moción, aclarando que la pesca industrial ya cumplió con la obligación, por lo que argumentó, “me opongo a cualquier prórroga porque subsidia a quienes están trabajando en zonas ilegales. No tiene sentido dar más plazo para instalar el posicionador”, y adelantó su su voto en contra.

En la misma línea, el senador García Huidobro lamentó que se legisle “a la rápida”, puesto que a fines de enero vence el plazo para poner el citado GPS. “La excusa de los costos del posicionador no resiste porque el Estado entregó un subsidio y los gobiernos locales también”, declaró recordando que los que más se ven perjudicados son los pescadores artesanales que ven vulneradas su área de manejo (la primera milla).

Explicando la situación que afecta a su región (de la Araucanía), el senador García Ruminot detalló las conversaciones que ha tenido con los pescadores locales, quienes le han hecho ver la escasez del recurso y cómo les afecta que colegas de regiones vecinas puedan operar en su zona. “Creo que este proyecto es una solución precipitada que traerá efectos prácticos como protestas totalmente justificadas” acotó.

Especies críticas

En tanto, el senador Quinteros recordó que las especies más críticas son el jurel, anchoveta y sardina, las que en un 56% son capturadas por los pescadores artesanales. Dado que la iniciativa establece una prórroga por una única vez, de seis meses, el legislador indicó que “votaré a favor, pero no me gusta que adoptemos la política de frenar la entrada en vigencia de una ley cuando debe ser operativa”.

El senador Coloma calificó como algo positivo la instalación del posicionador satelital, por lo que cuestionó que se entreguen argumentos para aplazar esta medida. “Los pescadores de la región del Maule –que represento- me han expresado que este GPS es necesario por distintas razones, entre ellas la seguridad; pero por sobre todo, lo más importante es identificar a quienes trabajan en zonas ilegales”, aclaró y manifestó su abstención.

Cambiar LGPA

En tanto, el senador Alejandro Navarro manifestó que esta iniciativa resuelve un problema puntual, pero señaló que es fundamental cambiar la Ley de Pesca, porque “es una mala ley” que no resolvió los problemas de los pescadores artesanales. Asimismo, dijo que el tema de fondo que se debe abordar es la creación de un Ministerio del Mar.

La senadora Carolina Goic añade que la prórroga de seis meses puede ayudar a que aquellas embarcaciones que no han adquirido los posicionadores satelitales, puedan hacerlo. Señaló que tales instrumentos permitirán fiscalizar la actividad de pesca extractiva y prevenir la invasión de zonas contiguas sin autorización. Agregó que la ley establece mecanismos que ayudan a adquirir tales instrumentos.

En tanto, el senador Patricio Walker sostuvo que ha existido el tiempo suficiente para que las embarcaciones de entre 12 y 18 metros de eslora puedan adquirir los posicionadores satélites, razón por la cual está en contra de esta prórroga. Además, anunció su voto en contra de la iniciativa, porque dijo defender a los pescadores de la Región de Aysén, ya que las regiones con menor población son las más perjudicadas con estas medidas.

Diversas realidades

El senador Carlos Bianchi manifestó que más que ver la prórroga, es fundamental dar señales de si hay disposición para cambiar la LGPA, pues a su juicio “hace agua por todos lados”, ya que no cumplió el objetivo de control y cuidados de los peces. En su opinión los más perjudicados son los pescadores artesanales.

Por su parte, el senador Alfonso De Urresti dijo que una prórroga de seis meses es razonable, aunque no es una buena señal aplazar la entrada en vigencia de las normas. No obstante, dijo que es fundamental entender la realidad de una región como el Biobío.

A su turno, el senador Guillier aseveró que el acceso racional a los recursos marinos ha sido “una discusión histórica”. No obstante, manifestó que a su juicio, “las leyes se hacen para cumplirlas” y  “la postergación de una ley que viene rigiendo hace un año y medio por la falta de dispositivos es inapropiado”.

En tanto, el senador Ignacio Walker precisó los tres pilares fundamentales en los que está centrada la LGPA. Se trata de “la consagración de la soberanía y jurisdicción del Estado sobre los recursos pesqueros dentro de las 200 millas para proteger la biomasa; el acceso de nuevos actores a la pesca a través de la nuevas concesiones y las medidas de protección de la pesca artesanal”.