(24Horas.cl) Varias mociones presentó el senador UDI Jaime Orpis para ampliar la cuota de captura del jurel por la vía de rebajar su talla, iniciativa que favorecería al grupo Corpesca, de la familia Angelini, que concentra más de tres cuartos de la pesca de ese recurso en el norte grande.

La Fiscalía pedirá al Congreso el registro de las votaciones de senadores y diputados en el marco de la Ley de Pesca, tras la filtración de antecedentes que dan cuenta de que no solo tres asesores del senador Orpis entregaron boletas a Corpesca por servicios que no se habrían prestado, sino que además el propio legislador pidió a la empresa recursos para financiar deudas de campaña.

Según consignó el diario La Tercera, Corpesca rectificó ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) las boletas de los asesores del senador UDI Lorena Lara, Carolina Gazitúa y Daniel Ortega, que además aparecen en la contabilidad de la empresa incautada por la Fiscalía como giradores de documentos que no tendrían respaldo en trabajos realizados.

Adicionalmente el ex gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, dijo que el congresista le pidió dinero argumentando que tenía deudas de campaña de 2009 y le propuso tramitar los fondos -según La Tercera- a través de boletas de terceros.

Pero, previo a la aprobación de la Ley de Pesca o “Ley Longueira”, en febrero de 2013, el senador presentó varias mociones para ampliar la cuota de captura del jurel, solo o en conjunto con otros senadores del norte.

Tres proyectos frustrados

En julio de 2007 Jaime Orpis, Fernando Flores, José Antonio Gómez y Carlos Cantero presentaron una moción que bajo el título de “favorecer la actividad pesquera en la zona limítrofe”, pretendía ampliar de la cuota de captura del jurel en 150.000 toneladas, adicionales a las 144.000 toneladas que se permitía capturar en ese momento.

Según las disposiciones vigentes en ese momento, la baja cuota de extracción para el norte se debía a que el jurel debía tener una talla de 26 centímetros, que no alcanzaban en el norte antes de emigrar. Por ello, el proyecto proponía reducir la medida a 21,5 centímetros. De todo ese jurel, un 5% seguiría reservado a la investigación y otro 5%, a la pesca artesanal.

El mensaje tenía ley de quórum calificado y requería de al menos 20 votos para ser aprobado. Pese a las fervientes defensas de los senadores Orpis, Gómez y Cantero, la iniciativa fue rechazada por 18 votos en contra y solo 9 a favor. En el debate en Sala, el senador Nelson Ávila dijo que lo más destacable del proyecto era “la perseverancia de sus autores”, dado que estos habían pedido a la Comisión de Pesca que revisara su rechazo inicial al proyecto, con el argumento de que la cuota de jurel estaba afectando la pesca de la anchoveta -uno de los principales recursos de la flota industrial del norte- lo que fue descartado de manera tajante por la Comisión.

El proyecto ya había desatado un apasionado debate en la Comisión entre los pescadores artesanales y los industriales de la zona centro-sur. Michel Campillay, presidente del Sindicato Interempresas de Oficiales de Pesca de la I Región, había afirmado que “el actual manejo pesquero que se está haciendo sobre el jurel perjudica al país, en especial a la zona norte”, mientras que el presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), Rodrigo Sarquís, argumentó que el proyecto, al buscar doblar la extracción de jureles juveniles, “no considera el impacto sobre la pesquería en su conjunto, así como tampoco evalúa los efectos que se producirán entre las regiones III y X del país”. Fuera de la Comisión, afirmaría que “(… ) la alternativa que busca Corpesca es aumentar su participación en el recurso jurel”.

Orpis presentó nuevas iniciativas muy similares en junio de 2009 en solitario y solo algunos días después con el apoyo de Gómez, Flores y Cantero. Ninguno tuvo movimiento. El primero fue archivado en 2014; el segundo, en 2011.

Los intereses de Angelini

Según un reportaje de Ciper de 2012, en julio de 2010 Pesquera San José S.A., controlada por Pesquera Coloso S.A. –de la familia Lecaros Menéndez– y SouthPacific Korp S.A. (SPK), filial de Pesquera Iquique-Guanaye S.A. –del grupo Angelini– habían decidido juntar sus operaciones industriales en las áreas de conservas, congelados, harina y aceite de pescado. Así surgió Orizon S.A., una de las cuatro empresas individuales con mayor porcentaje de cuotas de jurel, y se consolidó la unión que ya existía entre las familias Angelini y Lecaros Menéndez desde 1999 a través de Corpesca S.A., lo que la transformó en el mayor clan pesquero del país.

El grupo económico que encabeza Roberto Angelini posee el 60% de las acciones de Orizon y el 77% de las de Corpesca y él preside ambos directorios. Su área de operaciones se extiende en las distintas pesquerías repartidas desde la frontera con Perú hasta el límite sur de la Región de Los Lagos. Si se suman las cuotas de captura que poseen las dos empresas en todo el país, entre ambas familias concentran el 31,95% de la cuota industrial de jurel. En el norte, dado que la cuota de jurel bordea las 43.000 toneladas, Orizon y Corpesca suman un límite máximo de 32.732 toneladas, más de tres cuartos de la pesquería de esa área.

La solución de Longueira

En 2011, el Gobierno de Sebastián Piñera envió un proyecto para modificar la regulación de la pesca de investigación, regularizar las pesquerías artesanales, incorporar planes de manejo y regular la cuota global de captura. El proyecto aprobado contenía un artículo que rebajaba a 22 centímetros la talla de extracción del jurel y estipulaba que el 35% de los ejemplares podía estar bajo esa talla al ser capturado.

El tamaño del jurel desató una intensa disputa. Senadores como Alejandro Navarro y Juan Pablo Letelier no estaban dispuestos o a rebajarla o a no debatir la excepción del 35%, mientras que Orpis estimaba que no había más que debatir y solo restaba aprobar el proyecto. El ministro de Economía, Pablo Longueira, afirmaba que el artículo que definía la talla del jurel “lo único que se hace es cumplir un acuerdo y una ley vigente. No se introduce modificación alguna sobre el particular. La propuesta del Ejecutivo es mantener el compromiso que existe. Se está elaborando un estudio para la pesquería del jurel, que demorará 18 meses. Reitero: dicha disposición solo mantiene lo que consagra la ley; no incluye ningún cambio en la materia”.

La ley, conocida como “Ley Longueira”, está ahora amenazada por una eventual impugnación para dejarla sin efecto que impulsan legisladores como el comunista Hugo Gutiérrez, quien argumenta que hubo vicios que tergiversaron la votación y así provocaron que se aprobara.