(La Tercera) Agitadas están las aguas en la industria pesquera. Es que la aplicación de la ley del sector, que rige desde 2013, no ha estado exenta de polémica.

A los cuestionamientos sobre su legitimidad, por los pagos que algunos congresistas recibieron en plena tramitación de la normativa por parte de la pesquera Corpesca, y la petición de varios senadores de modificar la ley, ahora se suman las discrepancias entre los industriales y el gobierno por la interpretación de la normativa.

«Hay una diferencia de opinión entre lo que nosotros planteamos y lo que plantea la industria», afirma el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Raúl Súnico, en relación con los dos recursos contra la Subpesca interpuestos por el sector privado.

Una de las discrepancias, presentada a inicios de agosto ante el Ministerio de Economía, del cual depende la Subpesca, se debe a las diferencias en el cobro de las patentes pesqueras. La polémica no es menor e involucra un doble -o incluso hasta un quíntuple- cobro que sumaría unos $1.000 millones (US$1,4 millón), estiman en el mercado.

Esto, porque la Subpesca cobró patente por el uso del barco del titular del derecho y también por las demás naves que se arriendan cuando se adquiere cuota de otra empresa. «Creemos que esa interpretación de la ley no es la que corresponde. Es como si yo tuviera una casa y por cada vez que la arriendo, tuviera que pagar las contribuciones, siendo que eso se paga una sola vez, independiente del uso que le doy al bien», explica un importante ejecutivo del sector.

El otro recurso se presentó la semana pasada ante la Contraloría y tiene relación con la fórmula utilizada por la autoridad para interpretar el artículo 43 ter, del royalty. En la norma se establece considerar las transacciones que se realizan en el sector para calcular el monto de este tributo, pero los privados acusan que al cobrar, el Estado consideró las transacciones entre partes relacionadas, las que deberían quedar fuera de esta fórmula, a juicio de las compañías.

Interpretaciones

Según cifras de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), que agrupa a las empresas de la zona centro-sur del país, en 2014 se realizaron 138 transacciones de licencias transables de pesca (LTP). Y fue esto lo que generó la polémica, afirma Raúl Súnico. «Las transacciones han existido siempre, pero en esta oportunidad se aplican nuevos artículos que tiene la propia ley. Como el año pasado no había información, para hacer los cálculos se aplicó la información histórica. Pero este año hubo transacciones, por eso se pudo modificar el valor a pagar. Eso fue lo que generó las diferencias de opinión, porque al haber datos de transacciones, se comenzó a aplicar el nuevo artículo de la ley, porque hay un nuevo dato de referencia y con eso se avanza en el sistema de cálculo», explica.

En la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), el mayor gremio pesquero del país, quieren que se defina el mecanismo de cálculo para despejar futuras dudas. El presidente de la entidad, Francisco Orrego, argumenta que «es conveniente que se aclare la interpretación que la autoridad administrativa hace del sistema de cálculo, a fin de que exista un criterio uniforme para determinar el monto de este tributo».

Agrega que por ningún motivo la industria está pidiendo que se les rebaje los montos, pero sí quieren despejar las inquietudes para evitar efectos no deseados por la ley «que podrían provocar la paralización del sistema de transferencias de cuotas tanto entre industriales como el traspaso a los artesanales», advierte.

Por ese motivo, el subsecretario destacó que los buenos resultados generados por la recaudación tributaria del sector pesquero aún están «en veremos». Este año, el pago de impuestos tuvo un alza de 26% en la recaudación total -tomando en cuenta patente e impuesto específico-, cifra que ascendió a $13.664 millones (US$19,9 millones).

De ese total, el impuesto específico subió a US$12,5 millones y por patente industrial el monto ascendió a US$6,9 millones.

Para Corpesca, la mayor pesquera del país, el pago del royalty durante 2014 implicó un aumento de 40% comparado con 2013. Pero en 2015, la carga tributaria podría implicar un alza de 54% respecto de lo pagado el año anterior si se aplican los valores del impuesto específico para este año. «Puede que a final de año estos números no sean los mismos, porque todas las empresas consideran que les estábamos cobrando más y será la Contraloría la que decida», subraya Súnico. Enfatiza que la Subpesca está segura del criterio que utilizó. «Tenemos un criterio y creemos que es muy sólido», dice.

Certidumbre y criterio

Pese a estos problemas, en el sector siguen calificando la ley de pesca como positiva. «Este es un problema meramente técnico», explica Orrego en relación con la controversia tributaria, pero destaca que la norma «trajo certidumbre a un sector que requiere estabilidad en las reglas del juego y modernizó las normas pesqueras del país, con un enfoque que busca recuperar las pesquerías».

La nueva ley tuvo como eje principal el desarrollo sustentable de la actividad, con el establecimiento de los límites máximos de captura con criterios exclusivamente científicos. «Se valora que la norma contemple como principal aspecto la conservación, que entrega al sector científico la decisión de las cuotas de pesca. Así como también la estabilidad que entrega al sector industrial, sus trabajadores y los artesanales, por lo menos por 20 años», explica el presidente de la Asipes, Luis Felipe Moncada.

Uno de los efectos de este nuevo modelo, añade el gerente general de Corpesca, Arturo Natho, quien entrega su visión como gerente general de la Asociación de Industriales Pesqueros del Norte (Asipnor), es la reducción de las cuotas de pesca. «La aplicación de los criterios de la nueva ley ha sido duro para el sector pesquero», puntualiza, agregando que en la zona norte, por ejemplo, las cuotas han bajado en más de un 25%. «Es el impacto de aplicar los criterios de sustentabilidad, pero es el camino para construir una actividad sostenible en el largo plazo», asegura.

El gerente general de pesquera Blumar, Gerardo Balbontín, añade que la normativa dio un paso importante al entregar todas esas definiciones. «Para nosotros ha sido un aprendizaje adoptar este nuevo escenario y, por eso, el objetivo es respetar esta visión innovando en nuestros proceso, dándoles valor a los recursos y al consumo humano», enfatiza.

Para el gerente general de MarFood (unión entre Alimar y FoodCorp), Andrés Daroch, la norma es «buena» y «legítima». Agrega que con este cuerpo legal, la autoridad «tiene bases más objetivas y concretas para elevar la capacidad de controlar las operaciones de la industria y de los artesanales».

La industria también está abierta a perfeccionarla. «Creemos en la legitimidad de la actual ley y descartamos la posibilidad de que haya sido aprobada bajo influencias. Sin embargo, como industria estamos abiertos a revisar y perfeccionarla», dice el gerente comercial de Pesquera Landes, Andrés Fosk.

Sin embargo, en mayo el gobierno encargó a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) una evaluación de la ley, la que debería comenzar en septiembre, detalla Súnico. Y, a mediados de julio, los senadores de la Nueva Mayoría que integran la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, Adriana Muñoz (PPD), Carolina Goic (DC) y Rabindranath Quinteros (PS), ingresaron una moción parlamentaria para modificar la normativa.

La moción planteada por los legisladores se fundamenta, entre otros puntos, «en que la pesca artesanal ha sido particularmente afectada con esta nueva regulación».

¿Más competencia?

La norma también estableció dentro de sus ejes crear un mercado secundario, con el fin de permitir la entrada de nuevos actores. Pero según la noruega Lota Protein ello no ha sucedido. La compañía acusa que el 100% de las transacciones se han realizado entre los mismos incumbentes. «De esta forma, no existe mercado secundario. Si alguien quiere ingresar a la pesca industrial, no puede, porque nadie vende cuota. Las transferencias siguen siendo absolutamente marginales», reclama la vocera de la compañía, Riola Solano.

Añade que la norma es «mala», pues «no ha logrado los resultados esperados».

En el sector no comparten esta apreciación. En Asipes aseveran que en 2014 hubo trece arriendos de cuota realizados por Lota Protein.

Gerardo Balbontín concliye que la norma «está cumpliendo plenamente con los objetivos: facilitar las transacciones de cuotas de pesca entre los distintos actores, permitiendo que estos puedan adaptar las capturas a las necesidades que cada uno de ellos tiene, permitiendo un uso más racional de los recursos».