Este miércoles 19 de agosto, la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (Crubc) de Aysén aprobó la afectación de 41 Áreas Aptas para la Acuicultura (AAA), equivalentes a 615 hectáreas marítimas, en el litoral norte de la región.

Durante el trámite, destacó el apoyo a la iniciativa de los secretarios regionales ministeriales (seremis) de Economía, Minería, Transporte, Bienes Nacionales, Medio Ambiente y los directores regionales de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur).

En contraparte, quienes se opusieron fueron el alcalde de Las Guaitecas, Cristian Alvarado; de Puerto Cisnes, Luis Arsenio Valdés; de Tortel, Bernardo López; además de Susana Silva del Municipio de Aysén; las dirigentas del turismo Ilsie Wolf y María Eugenia Gómez; y la representante de los pueblos originarios, Marcia Nahuelquín. El resultado, 18 contra 7.

Argumentos de rechazo

El diario El Divisadero publicó las reacciones donde los contrarios a la iniciativa explican los motivos de su descontento.

«Se ha dado una muy mala señal. No es un tema menor que los cuatro alcaldes hayamos rechazado esta relocalización y nosotros vivimos en las comunidades. Aquí se perdió una tremenda oportunidad de haber consultado a las comunidades», subrayó tras la votación el alcalde de Cisnes, Luis Arsenio Valdés.

El edil de Tortel, Bernardo López, expresó por su parte que «parece que hay un tipo de presión del nivel central, como siempre lo hemos tenido. Por lo general hemos sido manejados por el nivel central, las decisiones se toman en Santiago (Región Metropolitana) y luego se traspasan solo para acá y quedó claramente establecido en esta votación».

Cristian Alvarado, alcalde de Las Guaitecas, adujo su desacuerdo con la medida manifestando que lo que correspondía era «acercarnos a las comunidades y plantear este tema, porque para tomar una decisión tenemos que hacer más consultas, no sé si tan técnicas, pero sí preguntar qué le parece a las organizaciones de la pesca artesanal, las comunidades indígenas, entre otros».

En la ocasión, el integrante de la Comisión de Pesquerías Bentónicas de la Zona Contigua de las regiones de Los Lagos y Aysén y representante de la comunidad indígena Puwapi de Melinka, Daniel Caniullán, entregó una carta suscrita por varios sindicatos de pescadores y trabajadores de plantas industriales, donde cuestionan el informe técnico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) aprobado el miércoles, enfatizando que «al menos cinco de las nuevas Áreas Aptas para la Acuicultura (AAA) propuestas afectarían directamente los intereses y actividad de la pesca artesanal que opera en el archipiélago de Las Guaitecas, lo que a nuestro entender refleja la despreocupación o desinterés de la Subpesca por resguardar y respetar los intereses de otras actividades relacionadas con el mar si son diferentes al cultivo de salmónidos».

«Las autoridades votaron hoy (miércoles) por presiones políticas, no por el sentido común de que van a afectar directamente a las comunidades costeras. La Subpesca elaboró unos polígonos donde tenemos una infinidad de bancos naturales, praderas de luga roja, luga negra, caladeros de centolla, de mantarraya y congrios, y aprobaron algo que saben que es ilegal», expresó Caniullán.

De igual manera, el representante de los pueblos originarios sostuvo que las autoridades del Ejecutivo «pasaron por alto el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) donde establece que el Estado debe hacer una consulta a cualquier situación que pueda afectar a los pueblos indígenas, y esta es una materia que a nosotros nos afecta directamente porque con esta implementación nuestros bancos naturales quedarán al borde del colapso». Y añadió: «Le hacen un favor al sector salmonicultor para que se relocalicen y busquen aguas limpias, porque los sectores que están ocupando están extremadamente contaminados», concluyó Caniullán.

Según lo informado por El Divisadero, desde las organizaciones informaron que evaluarán la impugnación del proceso por posibles vicios en su desarrollo, además de hacerse parte en cada uno de los trámites administrativos y legales que restan para la eventual instalación de nuevas actividades salmonicultoras en la Reserva Nacional Las Guaitecas.

Lo anterior, porque el Ministerio de Desarrollo Social anunció que deberá realizar la consulta indígena previo a que la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas emita el decreto de afectación de nuevas AAA. Y solo una vez que esto ocurra, las empresas que quieran relocalizarse en dicha zona podrán ingresar a trámite sus solicitudes de concesión, debiendo someterse además al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.