Una seguidilla de repercusiones se ha generado luego que la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de Aysén aprobara la afectación de 41 Áreas Aptas para la Acuicultura (AAA) en el litoral norte de la patagónica región.

Ahora fue el director ejecutivo de Oceana Chile, Alex Muñoz, quien tras estar presente en la reunión del miércoles Alex Muñoz, director ejecutivo de Oceana Chilecuando la CRUBC dio su visto bueno a la iniciativa, reiteró sus cuestionamientos y subrayó que lo ocurrido «es una vergüenza y demuestra la fuerte influencia de los poderes económicos, en este caso de los empresarios salmonicultores que tienen línea directa con las autoridades nacionales que a su vez ordenaron a las regionales apoyar la propuesta».

Según lo informado por El Divisadero, Muñoz argumentó que el que la iniciativa haya contado con el voto positivo de los secretarios regionales ministeriales (seremis) de Economía, Minería, Transporte, Bienes Nacionales, Medio Ambiente y los directores regionales de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), «es una votación en bloque donde se notó la instrucción gubernamental y peor aún, se creó una percepción de mucha frustración por la actitud asumida por el Ejecutivo respecto a la industria del salmón».

Eso sí, el director de la ONG ambientalista sostuvo que lo «único positivo, y que se logró mediante la movilización ciudadana, fue impedir la llegada de la salmonicultura a Tortel»; una decisión que, a su juicio, demostró el valor de la opinión y participación de la ciudadanía respecto al tipo de desarrollo que anhelan para sus localidades.

La respuesta de la industria

En contraste, y también de acuerdo con lo publicado por El Divisadero, el nuevo representante de la Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G. (SalmonChile) en la Región de Aysén, Hernán Rebolledo Fernández, valoró la decisión adoptada por la CRUBC, «ya que establece 41 AAA que son muy necesarias para poder relocalizar y expandir la industria salmonicultora».

El ejecutivo explicó que las empresas productoras de salmónidos de manera corporativa y en decisiones privadas determinarán cómo y cuándo usar esas áreas, aclarando que no necesariamente se utilizarán de inmediato porque cada compañía debe definir y planificar sus procesos de crecimiento y expansión.

Rebolledo también quiso aclarar que como industria están «absolutamente disponibles para dialogar con las comunidades locales, en especial con aquellas que se sienten vulneradas o afectadas por la salmonicultura, en un marco de respeto y apegándose a la institucionalidad y marco legal vigente».

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