Argumentando que bajo la “consideración que nuestro país se ha comprometido a promover el control efectivo de todas las fuentes de contaminación del medio marino, planteando adoptar todas las medidas posibles para impedir la contaminación del mar por el vertimiento de desechos y otras materias que puedan constituir un peligro para la salud humana, dañar los recursos biológicos y la vida marina, reducir las posibilidades de esparcimiento o entorpecer otros usos legítimos del mar”, el diputado Daniel Núñez (PC) presentó un proyecto de ley (boletín 10325) que pide a la autoridad marítima proceder a la extracción de los restos de naves que se encuentran en el mar.

El texto, enviado a la Comisión de Defensa para su estudio, estipula que la tendencia al colapso de los recursos marinos se ha traducido, tanto en Chile como en el mundo, en pérdida de empleos y de crecimiento económico.

Explica, además, que la Armada de Chile ha detallado que existen cerca 190 naves abandonadas, de las cuales al menos 50 representan un serio peligro u obstáculo para la navegación, la pesca, la preservación del medio ambiente u otras actividades marítimas o ribereñas, y que el abandono de embarcaciones, como “Don Humberto II” o “Guamblin” en la bahía de Coquimbo (Región de Coquimbo) se extiende ya por más de dos décadas.

De igual manera, y según lo informado en el sitio electrónico de la Cámara de Diputados, se advierte que hoy se encuentran en la Tesorería General de la República más de $90 millones en multas impagas por concepto de abandono de barcos, y que una gran cantidad de estos restos náufragos o barcos abandonados contienen en su interior hidrocarburos y otras sustancias nocivas para el medio ambiente y los seres humanos.

Por ello, sostiene el diputado Núñez, el presente proyecto propone que de no existir interesados, la autoridad marítima podrá, también a costa del propietario de la embarcación, proceder a la extracción o licitar la extracción de los restos de la nave.

Además, la autoridad marítima podrá solicitar un estudio, a costa del propietario de la embarcación, para determinar la presencia o no de hidrocarburos u otras sustancias nocivas y evaluar la posibilidad de derrames de dichas sustancias.

En este contexto, el legislador enfatizó que los hidrocarburos, como el petróleo crudo, “representan una seria amenaza a la biodiversidad marina, la seguridad alimentaria del país y la economía chilena, y que Chile ha impulsado a través de instancias como la Conferencia Internacional “Nuestro Océano 2015” el definir acciones concretas que ayuden a reducir los niveles de contaminación marina”.