Una de las entidades de la industria pesquera que faltaba pronunciarse sobre el proyecto que busca anular la Ley de Pesca era la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes).

El gremio, encabezado por su presidente Luis Felipe Moncada, emitió una declaración pública que a continuación reproducimos íntegramente:

1. Esta ley es fruto de una larga discusión en el Congreso Nacional durante el año 2012, donde participaron expertos, científicos, actores pesqueros, ambientalistas, organizaciones de trabajadores de la industria y del sector artesanal, entre otros, quienes expusieron argumentos e información ante los parlamentarios. Tras este proceso legislativo, el Congreso votó y la aprobó.

2. La solidez de las aprobaciones obtenidas por el proyecto en las instancias legislativas, descartan que una normativa como esta haya sido consecuencia de cohecho. Por el contrario, la actual Ley de Pesca es resultado de un prolongado debate legislativo basado en lo técnico, económico, jurídico y social.

3. Anular una ley de la república bajo el paradigma que es “producto del cohecho y la corrupción” significaría dejar un precedente histórico que todos los parlamentarios que votaron positivamente esta legislación fueron partícipes de los delitos mencionados, situación absolutamente falsa y contraria a la tradición republicana y legislativa nacional e injusta para los diputados y senadores honestos que votaron en conciencia la señalada normativa.

4. Es efectivo que un senador y una ex diputada se vieron involucrados con una empresa del norte del país a través de financiamiento irregular, pero una cosa muy distinta es plantear que una actividad económica como la pesca pudo haber comprado una ley económica y haber corrompido al Parlamento en su totalidad para obtener una norma beneficiosa solo para sus intereses.

5. El sector pesquero industrial de la zona centro-sur llama al Parlamento nacional a evitar convertir la Ley de Pesca en el sacrificio público necesario para retomar la confianza de la ciudadanía, tras los graves problemas de legitimidad ocasionados por el financiamiento irregular de la política.

6. Derogar la actual Ley de Pesca significaría volver al período anterior a 1991, de ausencia de ordenamiento efectivo, mientras se discute una nueva normativa. Mientras tanto -se estima unos 18 meses- habría carrera olímpica en las pesquerías por parte de todos los actores. Las especies en estado delicado sencillamente colapsarían dada la capacidad de captura industrial y artesanal.

7. El sector pesquero de la zona centro-sur del país que agrupa a 25 plantas de proceso, 8.000 empleos directos y 370 Pymes que entregan trabajo a otras 4.000 personas, lamenta profundamente el proceso que un sector de la Cámara de Diputados pretende iniciar, pues genera un escenario de inseguridad generalizada para la pesca industrial y abre un camino de incertidumbre para las leyes que rigen a los sectores económicos.

8. Asipes hace también un llamado al Gobierno para que la ruta que ha fijado sobre la revisión a la ley por parte de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) se mantenga, pues este organismo internacional, reputado e independiente, entregará pautas para el perfeccionamiento de la norma que serán beneficiosas para el país pesquero.