(La Segunda) Confiado en que el país cuenta con una “institucionalidad sólida y que respeta el estado de derecho”, se muestra el presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), Francisco Orrego, ante la moción que busca anular la ley que norma al sector desde 2012.

Pese a ello, se le nota preocupado ante la posibilidad de que este miércoles 20 de enero la Cámara de Diputados vote a favor de la iniciativa y no descartan reunirse con las autoridades que sean necesarias para defender la llamada “Ley Longueira”, que considera que “avanzó notoriamente en materia de regulación”.

¿Cómo pretenden detener el proyecto que busca anular la ley?

No hay dos opiniones en Chile respecto a que esta iniciativa del Partido Comunista -además de un grupo de diputados del Partido por la Democracia (PPD), independientes y que cuenta con el apoyo de la Democracia Cristiana (DC)- no solo es contraria a la Constitución, sino también a toda la institucionalidad democrática del país. En Chile no existe la posibilidad de anular una ley. Esto suena más bien a una iniciativa con origen populista, ideológico y demagógico que cualquier otro.

¿Cuál es el mayor riesgo que puede traer si se le da luz verde?

Acá el precedente que se puede constituir es tan grave para el país que el día de mañana esta discusión se puede ver en cualquier otra actividad económica. Y eso no es de un país serio como ha sido siempre Chile.

Usted también ha dicho que una situación como esta lleva a “una extrema incertidumbre normativa”.

Nos preocupa que desde el punto de vista político se utilice la Ley de Pesca como chivo expiatorio para buscar venganzas o conflictos políticos derivados del financiamiento irregular de la política, hechos que se están viendo en otra parte y que no tiene nada que ver con esto.

¿Cuál es el objetivo, entonces, que persiguen quienes buscan anularla?

Quienes la promueven parecieran que están más obsesionados con afectar a la pesca industrial y a todos los trabajadores de la industria pesquera que otra cosa. No se dan cuenta que anular la ley significa no solo problemas constitucionales y políticos, sino que volver al año 2012; volver a colapsar pesquerías que hoy día se están recuperando. Además, todo el fraccionamiento que se hizo de las pesquerías artesanales e industriales quedan en fojas cero, donde los únicos perjudicados serán los artesanales.

¿Eso sería volver a un ambiente poco transparente de la industria, como se acusaba?

Si se anula esta ley, las instituciones que creó la misma iniciativa para resguardar la recuperación y la sustentabilidad de las pesquerías desaparecen, volviendo a la antigua práctica de que es el poder político y arbitrario del gobierno el que va a otorgar las cuotas: eso va a hacer colapsar a la industria.

Una encuesta Cadem arrojó que más del 85% de los consultados rechaza esta ley por relacionarla con cohecho e interés económico de las pesqueras.

A esa encuesta le resto mayor relevancia desde el momento en que fue encargada por una empresa que ha estado sistemáticamente tratando de modificar esta ley. Esta empresa está llevando a que la discusión se vincule sobre una supuesta ilegitimidad (en su aprobación), siendo que deberíamos ver si la ley cumple o no con los mejores estándares de sustentabilidad.

Vea aquí la entrevista original publicada por La Segunda.