En el marco de la fiscalización interinstitucional liderada por el intendente de la Región de Los Lagos, Leonardo de la Prida, en el sector del Puerto San José de Calbuco, las autoridades subrayaron que una de las medidas para controlar las mortalidades fue reducir el volumen de peces y evitar problemas de descomposición a través de la harina de pescado, con el objetivo de evitar una emergencia sanitaria. Sin embargo, se generó un problema pues fueron muchos los barcos que llegaron a los puertos para desembarcar la mortandad, sobrepasando a las plantas donde se redireccionan los salmones de las embarcaciones hacia los camiones.

Producto de ese motivo, de la Prida comentó que “se han generado días de espera por parte de tripulaciones, que han estado en situaciones muy complejas, humanamente muy complejas, frente a un escenario desagradable con malos olores, los mismos que nos hemos encargado de certificar de que no pasen a ser riesgosos para las personas”, aseguró el jefe regional.

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En esa línea, detalló que este lunes 14 de marzo la secretaria regional ministerial (seremi) de Salud, Eugenia Schnacke; y el seremi del Trabajo, Gonzalo Reyes, fiscalizaron las condiciones de salud y seguridad en las naves y de manera preventiva dispusieron la bajada de los trabajadores para que se produzca una rotación de personal, así como también la obligación de los empleadores de proveer de los elementos de seguridad en naves mayores, esto con tal de no exponer a los trabajadores a sufrir alguna complicación de salud por el ácido sulfhídrico.

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“Lo que requerimos ahora es que las empresas coordinen a la mayor brevedad la presencia de buques pesqueros de altamar (PAM) para poder llevar los peces y eliminarlos a 75 millas náuticas afuera del faro corona en Chiloé, lugar que se ha determinado por mediciones oceanográficas y por científicos y todas las autorizaciones de la normativa internacional”, enfatizó el intendente, reafirmando que esta última medida “ha sido muy analizada para no cometer errores como los de la época del virus ISA donde los peces fueron vertidos a solo 12 millas de la costa”.

Por el momento, según aseguró la máxima autoridad regional, se han vertido al mar 200 toneladas de las 4.990 que solicitaron las empresas para este efecto.

Fiscalización

Respecto a las acciones y fiscalizaciones que han realizado las seremías de Trabajo y Salud, además del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), de la Prida aseguró que se han enviado oficios a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) “por cuanto estimamos que no ha habido la eficiencia ni rapidez que podría esperarse de empresas con el tamaño y capacidad económica que algunas involucradas tienen, para hacerse cargo de una contingencia que si bien es un imprevisto en el caso concreto del día en que ocurrió, se sabe que puede ocurrir. Lo mismo sucede de alguna manera cuando en Chile se exigen normas de construcción que son más exigentes que en otros países porque sabemos que vamos a tener terremotos”.

En ese marco, la seremi de Salud, Eugenia Schnacke, comentó que aunque este lunes durante su inspección en el Puerto San José pudieron evidenciar que el mal olor no suponía riesgo para las personas, sí existían trabajadores de embarcaciones menores que “no tenían elementos de protección y no habían sido capacitados por los armadores en los derechos a saber los riesgos que conlleva trabajar con mortalidad de las empresas pesqueras o salmonicultoras”.

En tanto, el seremi del Trabajo informó que se han notificado empresas para dar cumplimiento a la normativa laboral. “Hemos cursado infracciones, hemos fiscalizado a más de 14 compañías vinculadas con estas actividades. En ese sentido, hemos estado muy atentos y como ha dicho el intendente, hemos podido constatar por lo menos hoy día en la inspección exterior de las embarcaciones de que efectivamente los trabajadores están contando con la implementación necesaria para resguardar estas situaciones”, afirmó Gonzalo Reyes.

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A su vez, el director regional del Sernapesca, Eduardo Aguilera, fue enfático en señalar que los plazos para retirar la mortalidad se acercan. “Les dimos un plazo de cinco días (desde el lunes) a las empresas para sacar su mortalidad. Estamos esperando esa situación, de lo contrario tomaremos las medidas que la Ley General de Pesca y Acuicultura nos faculta; en este caso sería el artículo 136 que nos permite sancionar por mantener esta mortalidad en los centros de cultivos más allá del tiempo razonable”.

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Para cerrar, el intendente formuló un llamado “a la mayor colaboración” de las empresas. “Entendemos que esta es una industria que importa, que significa mucho para nuestra región, pero que debe comportarse con todas las normas y particularmente preocuparse que sus trabajadores estén a salvo”, concluyó el jefe regional.