Este domingo 5 de junio entró en vigor el tratado de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) y que establece medidas del Estado rector del puerto para desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (PSMA, por sus siglas en inglés). Chile está adscrito a este acuerdo desde 2012 y tuvo un rol importante durante su proceso de diseño, compartiendo también experiencia en algunas medidas que incluye el acuerdo y que el país sudamericano ya tenía incorporadas en su legislación desde hace más de una década.

Vea: Los alcances del primer tratado mundial contra la pesca ilegal

El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Raúl Súnico, destacó el trabajo afirmando que “para nosotros es un orgullo decir que nuestro país participó activamente en las consultas técnicas de negociación en la FAO”, que resultaron en el texto de acuerdo, aprobado por la conferencia de dicha entidad de las Naciones Unidas a finales del año 2009. “Nuestro país lo ratificó en 2012, y desde entonces hemos estado esperando su puesta en vigor, lo que solo podía ocurrir una vez que se cumplieran la adhesión de 25 miembros. Hoy el acuerdo cuenta con 30 miembros, lo que demuestra la relevancia y urgencia que la comunidad internacional le otorga al combate de la pesca ilegal. Ahora es importante avanzar en que más países suscriban a él”, enfatizó el representante del Gobierno chileno.

El nuevo tratado requiere que las partes designen puertos específicos para los buques extranjeros, lo que facilitará los controles. Estos barcos deben solicitar permiso con antelación para entrar en los puertos y proporcionar información a las autoridades locales -incluyendo la relativa al pescado que llevan a bordo-, y permitir la inspección de su libro de registro, licencias, artes de pesca y la carga real, entre otros aspectos. Este procedimiento Chile lo aplica desde hace doce años.

“Nuestro país fue pionero en este tipo de controles, a través de la adopción en 2004 de una política para el uso de puertos nacionales por naves pesqueras extranjeras”, subrayó Súnico. Además, explicó que “esta política fue ampliada en el 2009 a las naves extranjeras que otorgan apoyo a otras que operan ilegalmente en altamar, permitiendo un control a estas operaciones”. El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) es en quien recae la labor fiscalizadora de todo buque pesquero extranjero que entre a los puertos nacionales designados.

Para contar con mayor apoyo, el acuerdo incluye también la obligación de que las partes compartan información a nivel regional y mundial respecto a cualquier barco que se descubra está involucrado en la pesca ilegal. El acuerdo de medidas del Estado rector del puerto se aplica a cualquier uso de un puerto, de manera que incluso los barcos que solo están repostando tendrán que cumplir con los requisitos de inspección.

Para cerrar, desde la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) destacaron Chile cuenta con una política para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal en el ámbito internacional, la que fue aprobada mediante el Decreto 141 de 2015 y es el resultado del trabajo de distintos órganos públicos liderados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. “La Subsecretaría trabajó activamente en su diseño, cuya finalidad es establecer los lineamientos fundamentales para enfrentar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”, concluyó la cartera sectorial.