(La Tercera) Primero fueron las pesqueras del norte del país como Corpesca, luego las de la zona austral de Chile y ahora las empresas vinculadas a la actividad extractiva de la Región del Biobío.

La fiscalía regional de Rancagua, a cargo del caso Corpesca, instruyó a la Brigada de Delitos Funcionarios (Bridef) requerir en forma voluntaria la contabilidad de ocho pesqueras en el marco de una nueva arista de investigación liderada por el fiscal Emiliano Arias.

Durante esta semana, efectivos de la PDI concurrieron a las dependencias de las pesqueras Orizon S.A. y Coloso S.A, Blumar S.A, Grimar S.A., Landes S.A., Bahía Coronel S.A. y Alimentos del Mar S.A., para solicitar los libros contables utilizados entre los años 2010 y 2014.

Según la instrucción despachada el 5 de agosto pasado, se solicitaron en formato digital los libros de compras y de pagos de honorarios. Además de las declaraciones de impuestos a la renta realizadas entre esos años, sus rectificatorias y las boletas de honorarios correspondientes a esas aclaraciones de impuestos.

La misión de los policías incluía además tomar declaraciones voluntarias al encargado de la contabilidad de cada empresa, con el fin de que este señale la identidad de la persona que entre los años señalados en la instrucción, tenía a su mando la tarea contable de cada empresa.

Arias otorga un plazo de diez días para cumplir con la diligencia. Sin embrago, según fuentes ligadas a las investigación, estos antecedentes ya fueron obtenidos por la Bridef.

La diligencia apunta en su mayoría a empresas agrupadas en la Asociación de Industriales Pesqueros A.G. (Asipes), así como las dos filiales del grupo Angelini ubicadas en el Biobío, Orizon S.A. y Coloso S.A.

La nueva arista

Según conocedores de la investigación, el fiscal Arias habría dado con nuevos antecedentes provenientes de la indagación del caso Corpesca y de la causa contra Fipes (la agrupación de empresas de pesca austral) que pesquisa pagos solicitados a un empresario por el senador DC Patricio Walker en beneficio del hoy diputado Iván Fuentes.

Estos indicios vincularían a otras pesqueras con presunto financiamiento irregular a la política, por lo que las diligencias de esta arista se dirigen en torno a compañías del Biobío.

De hecho, la fiscalía ya había solicitado un levantamiento de información en torno a las pesqueras asociadas en Asipes, así como antecedentes de asesores y parlamentarios vinculados a la Ley de Pesca. Todos estos antecedentes están bajo reserva.

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